Por medio de la Vertiente Artiguista (VA), el Frente Amplio (FA) elaboró un proyecto de ley que busca el “fortalecimiento” de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Eduardo Brenta, senador suplente de ese sector, dijo a la diaria que vienen trabajando en la iniciativa desde que asumió el nuevo gobierno, “preocupados por el tema de la transparencia” y basados en la experiencia de la gestión anterior de la Jutep, por lo que tratarán de “reformularla”, para transformarla en “una herramienta más eficaz en relación a los roles que tiene asignados”.

Entre los aspectos que quiere modificar el FA, en pos de la “transparencia”, está que las declaraciones juradas de los jerarcas se publiquen en la página web de la Jutep, además de la posibilidad de que se solicite el levantamiento del secreto bancario con intervención judicial, “ante el crecimiento del patrimonio de alguien, que pueda levantar sospechas”, explicó el senador.

La ley 19.340 de 2015 estableció a la Jutep como un servicio descentralizado, “que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura” (MEC) y que “tendrá independencia técnica en el ejercicio de sus funciones”. Brenta señaló que con el proyecto de ley que impulsan también buscan darle “autonomía” a la institución, porque la relación actual con el Ejecutivo por medio del MEC “de alguna manera lo subordina”, y aclaró que “no es una cuestión de este gobierno sino institucional”.

“Nos parece que debería tener un rol más similar al del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario o la Institución Nacional de Derechos Humanos: que dependa del Parlamento y que pueda tomar decisiones sin tener el peso de que su vínculo es con el MEC y, a través de este, con el Poder Ejecutivo. Esa nos parece la estructura más adecuada para quien debe controlar la ética de la función pública, que es en general para los funcionarios públicos pero muy particularmente para los que ejercen el gobierno”, indicó.

Brenta subrayó que, en el fondo, el planteo es “un cambio estructural”, si se parte de la base de que en la región y en el mundo se ve “un creciente descreimiento en el sistema político y los partidos”, y eso atenta contra “el sistema democrático”. “Por tanto, una señal de compromiso de los partidos con la ética de la función pública nos parece que es una señal política que debería acompañar todo el sistema político”, subrayó. Por último, Brenta sostuvo que con base en los discursos que ha escuchado del presidente Luis Lacalle Pou acerca de “la transparencia” es que en el FA tienen “la más absoluta confianza” de que la coalición “va a acompañar” el proyecto.

En el documento que presentó la VA se señala que otro cometido que se busca mejorar es la “proactividad” de la Jutep, “otorgándole mayor amplitud a su accionar”. “Promover ante órganos judiciales con competencia penal presuntos actos de corrupción a petición de parte o de oficio, y establecer sistemas ágiles de arbitrajes en conflictos acompañados de criterios de actuación comunes”, por ejemplo.

También se quiere dotar a la Jutep “de mayores recursos humanos y económicos para el cumplimiento de sus cometidos”. Por lo tanto, la “autonomía” de que estaría dotada “significaría plena potestad de autoadministración dentro del marco constitucional y legal, que excluye la existencia de mecanismos de coordinación ajenos” a la institución. “Esta situación orgánica le permitirá a la nueva Jutep actuar con mayor independencia”, se señala en la presentación hecha por la oposición.

El tercer artículo del proyecto establece los fines y cometidos que tendría la Jutep: “Propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la administración en la lucha contra la corrupción, recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados legalmente a su presentación, difundir los principios de la ética pública y la normativa anticorrupción y atender los compromisos internacionales asumidos por el país en las convenciones y convenios vinculados a la materia”.

El proyecto está a estudio de la bancada del FA y todavía no fue presentado formalmente a los legisladores de la coalición. De todos modos, luego de leer la iniciativa, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés señaló a la diaria que el proyecto le parece “interesante” y que deben analizarlo “con atención”, ya que “toda práctica que combata frontalmente los hechos de corrupción son bienvenidos”. No obstante, agregó: “Sorprende un poco que luego de 15 años en el gobierno y con mayorías absolutas recién ahora se les ocurra un proyecto de modificación, pero todo lo que sirva para combatir la corrupción y las malas prácticas de gobierno es bueno para ser analizado”.