La Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió el miércoles un informe elaborado por el director de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Marcos Dotta, en el que advierte que el proyecto de prisión domiciliaria de Cabildo Abierto (CA) puede ser contrario a estándares de derechos humanos internacionales, y sugiere que se solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su opinión acerca de la compatibilidad entre el proyecto y la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados.

Consultado por la diaria tras conocerse el documento, el senador nacionalista Gustavo Penadés dijo que se trata de un “dato relevante a tener en cuenta”, pero puntualizó que “el problema está en que el informe habla de delitos de lesa humanidad”, por lo que “hay que ver cuáles y cuántos de los que hoy están condenados fueron condenados por delitos de lesa humanidad”. Penadés hizo referencia a que los procesados y condenados en Domingo Arena por crímenes cometidos en la dictadura fueron tipificados con delitos comunes como homicidio o privación de libertad, y argumentó que “los informes que dio la Suprema Corte de Justicia hablan de que en Uruguay no hay condenados por delitos de lesa humanidad”, por lo que “ahí hay un tema técnico que tenemos que analizar”.

Juristas consultados por la diaria explicaron que si bien efectivamente no hay represores de la dictadura procesados por la Ley 18.026 de 2006 (que tipifica los delitos de lesa humanidad), sino por delitos previstos en el Código Penal de la época, sus crímenes fueron cometidos en un contexto de violación sistemática de los derechos humanos y el concepto de “lesa humanidad” aparece en resoluciones judiciales de varias de sus causas.

El senador indicó que la bancada blanca está trabajando “sobre diferentes opciones” vinculadas “al fondo de la cuestión” del proyecto cabildante, de las que dijo que pueden convertirse en “modificaciones del proyecto o algo alternativo”. “Se está empezando a trabajar sobre ideas, y cuando haya algo terminado, [sobre lo] que se pueda avanzar, tendremos una nueva reunión para fijar una posición definitiva”, señaló Penadés, y estimó que este proceso va a demorar entre 45 y 60 días. Asimismo, dijo que “por supuesto” que el informe de la cancillería va a ser tenido en cuenta para la propuesta de su partido.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi, en tanto, dijo a Telemundo que el informe del MRREE “lo que hace -y coincido totalmente- es que se para en la situación internacional que generaría frente a determinados organismos de los cuales nosotros somos parte frente a los delitos de lesa humanidad”, y también planteó que este punto del proyecto está “en proceso de reelaboración”. “Justamente esa es una de las variables de ajuste que nosotros estábamos manejando”, afirmó.

En la misma línea, el también blanco Amín Niffouri dijo a la diaria que todavía no accedió al informe de la cancillería, pero que es “un insumo importante para tener en cuenta y, en un balance general, tomar una resolución del tema”, y recordó que este es uno de los informes que la bancada nacionalista estaba esperando. También señaló que los blancos están a la espera de “otros informes” para seguir profundizando en el proyecto. Por su parte, el senador de Por la Patria Jorge Gandini se limitó a decir que “todo suma” para tomar una postura, y que su posición al respecto está “sujeta a algunas consultas”.

El informe fue solicitado a la cancillería por los legisladores del Frente Amplio (FA) que integran la comisión donde está a estudio el proyecto. Uno de ellos es Enrique Rubio, que en conversación con la diaria explicó que se hizo la gestión luego de la opinión de los relatores de la Organización de las Naciones Unidas, que advirtieron que la iniciativa de CA es contraria al derecho internacional. En ese sentido, indicó que sobre el pronunciamiento de la cancillería probablemente se haga “alguna consideración” en las próximas sesiones de la comisión, pero que se va a discutir “a fondo” cuando se retome el tratamiento del proyecto.

“Creo que es un elemento más que incide, por lo menos para condicionar [la discusión], pero estoy convencido de que van a acordar sobre una base más ‘licuada’. Lo mandarán de 65 a 70 [años de edad] y sacarán la barbaridad de que el juez no tiene ninguna opinión, que es automático”, analizó Rubio sobre los cambios que puede llegar a hacer la coalición. A su entender, con este proyecto “hay gente que queda en una situación muy incómoda”, porque “es un tema de gran costo político”.

Por otro lado, Rubio informó que el martes en la última sesión de la Comisión de Constitución se definió conformar una subcomisión de tres integrantes -el cabildante Guillermo Domenech, el nacionalista Carlos Camy y el frenteamplista Charles Carrera- para trabajar en la “jerarquización” del “conjunto infernal de temas que tiene la comisión” pendientes de tratamiento.