Informe para la ONU concluye que pandemia incidió en la caída de los delitos

“El panorama en Uruguay y América Latina con relación al crimen, el crimen organizado y las políticas públicas para afrontar estos problemas no es alentador”, afirma el informe Análisis exploratorio del caso Uruguay, elaborado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Una de las principales conclusiones a la que llegan los autores es que la evidencia analizada sugiere que los delitos que bajaron durante la pandemia retornarán a los niveles prepandemia.

“En el contexto de la pospandemia, es imprescindible no perder la perspectiva del componente estructural del problema de la delincuencia. Como surge de diversos trabajos académicos, la pandemia del covid-19 provocó una caída del crimen a nivel global (Nivette et al., 2021) y local (Díaz et al., 2022)”, señalan Juan Bogliaccini, Carlos Díaz, Rosario Queirolo y Emiliano Tealde, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica.

Los autores admiten que hubo cambios en las políticas de seguridad durante la pandemia que pueden estar relacionados con la baja del delito, pero “existe el riesgo de que los gobiernos nacionales asuman estos resultados como permanentes”.

“La evidencia sugiere que en general se retorna a los niveles prepandemia”, dice el informe y agrega que “la permanencia de los factores estructurales asociados al delito y tráfico llevarían a pensar que la caída es temporal. De hecho, los datos más recientes parecen estar confirmando esta perspectiva”.

Otro factor que entienden importante a nivel político es “no centrar el relato policíaco en la inevitabilidad del crimen asociado al narcotráfico, en especial respecto de los homicidios”. Esta estrategia, en la que ha insistido en varias oportunidades el ministro del Interior, está “estrechamente vinculada con la imposibilidad de afectar la realidad en el corto plazo”; además “culpabiliza a la víctima y legitima el modus operandi de la actividad”.

“Es importante no construir un relato en el que el crimen asociado al narcotráfico sea una problemática segmentada y alejada de la sociedad”, afirman los investigadores y subrayan que esto tiene “una serie de consecuencias negativas”. Por un lado, provoca que se genere “una barrera para que las autoridades públicas indaguen sobre los elementos que dan soporte a la actividad del narcotráfico” y por otro lado “genera en la población una falsa sensación de seguridad”, porque se piensa que es “un problema en el que participan sólo aquellos que así lo desean; quienes no se involucren no tienen por qué temer”.

Sin embargo, advierten, la evidencia demuestra que los delitos asociados al narcotráfico “se van expandiendo y afectando a la sociedad en su conjunto”, aunque los “primeros afectados son los sectores más pobres, ya que la consecuencia más inmediata de una actividad narco que toma fuerza es la disputa territorial por zonas que sirvan de base de operaciones”. En resumen, aseguran que “el relato de que el narcotráfico es una actividad apartada de la sociedad conspira contra la búsqueda de soluciones”.

Los operativos policiales

Un hallazgo común en el relevamiento de la literatura nacional e internacional que hicieron los investigadores es que el crimen se desplaza pero no se elimina, es decir “no ocurren crímenes en la zona que fue intervenida, pero sí en zonas cercanas”. Además, concluyen que “los efectos en los niveles de crimen varían si se tiene en cuenta la dimensión temporal. Algunos de los documentos analizados muestran efectos en un período determinado después de la intervención. Esto quiere decir que hubo una caída significativa en el crimen por un lapso corto, no permanente”.

A nivel general, en la revisión que hicieron se concluye que usualmente “los operativos fueron exitosos en disminuir el crimen, pero no lograron que esos niveles de criminalidad fueran estables”, aunque admiten que “algunos de los casos estudiados —aunque pocos— logran una reducción que se mantiene a lo largo del tiempo”.

Para los autores, “el problema de la reorganización del mercado de drogas es también relevante. Una vez que la Policía finaliza su intervención y el mercado ilegal de drogas es golpeado, como todo mercado que entra en crisis, reestructura su comportamiento. Ese nuevo comportamiento se puede ver no solamente en el mercado mismo, sino en el modus operandi de las bandas organizadas, ya sea con un aumento de rapiñas o asesinatos, o con un desplazamiento. La propia intervención puede llevar a que las bandas criminales se reorganicen”.

El narcotráfico, las minorías y la LUC

El informe advierte que el narcotráfico tiene como efecto secundario profundizar las vulnerabilidades sociales, algo que afecta particularmente a las mujeres, “quienes en su mayoría desempeñan tareas de bajo rango y baja remuneración en la cadena del narcotráfico pero con alta probabilidad de ser descubiertas”.

Según los autores, el aumento de la cantidad de mujeres en prisión en la región es provocado por el recrudecimiento de leyes de drogas “extremadamente punitivas e imposición de penas desproporcionadas por delitos de microtráfico”, algo que también se observa en Uruguay.

“Esta desproporción en las penas y el encarcelamiento incrementa la vulnerabilidad ya existente de las mujeres vinculadas a las redes de narcotráfico y sus hijos. Por esta razón, medidas punitivas alternativas, con menor incidencia de la prisión, como las que se impusieron en Costa Rica, deberían aplicarse en el resto de la región”, sugieren.

En el caso uruguayo, el aumento de penas para delitos de microtráfico fue aprobado en la ley de urgente consideración (LUC): las penas por estos delitos aumentaron a un mínimo de cuatro años y un máximo de 15 y son inexcarcelables, cuando antes eran penadas generalmente con libertad bajo vigilancia. Además, ahora las penas no pueden reducirse por estudio o trabajo durante el tiempo que se cumple en prisión.

“Estas penas son desproporcionadas en comparación con las que se aplican para otros delitos. Por ejemplo, en el mismo período se han aplicado penas de dos años por homicidio”, advierten los académicos, y agregan: “El recrudecimiento de las penas para los delitos de microtráfico afecta de forma mayor a mujeres que hombres; en parte porque las mujeres son el eslabón más débil en las cadenas de tráfico, son quienes más intentan ingresar drogas a las cárceles cuando visitan a sus familiares presos, o permanecen en sus hogares al cuidado de hijos y menores a cargo mientras realizan actividades de este mercado ilegal”. En esta línea sugieren que es “crucial la revisión del artículo 74 de la LUC y la búsqueda de medidas alternativas a la prisión para las penas de microtráfico”.