Coincidente con la semana del 27 de junio, cuando se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973 y el inicio de la dictadura cívico militar, Uruguay será evaluado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Estado uruguayo, como miembro del organismo internacional, debe presentar un informe sobre el lugar que ocupan en el país los derechos humanos (DDHH) en su más amplio espectro.

Es así que varias organizaciones de la sociedad civil –coordinadas por el Servicio Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj)– se unieron para la elaboración de un informe alternativo que fue presentado este lunes, para dar cuenta del relevamiento y la visión que tienen respecto a distintos aspectos que hacen a los DDHH en Uruguay: orientación sexual e identidad de género, derechos reproductivos, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes (como salud mental, abuso policial, sistema carcelario, juicio imparcial), lucha contra la impunidad y libertad de expresión son los capítulos que componen el informe al que accedió la diaria.

Si bien de cada uno se desprenden conclusiones y recomendaciones que abren debates respecto al nivel democrático y de respeto a derechos conquistados durante los últimos años, es en el apartado de memoria reciente donde las organizaciones participantes –en el caso de este subtítulo, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el colectivo Memoria en Libertad– son más que contundentes.

“El Estado uruguayo aún continúa sin dar pleno cumplimiento a sus obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar”, comienza el informe. Las organizaciones ven “con preocupación” las “voces regresivas en el Parlamento del partido militar que integra la coalición de gobierno [en alusión a Cabildo Abierto, CA], que buscan reivindicar la última dictadura y el accionar militar”, además de señalar la aparición de “grupos de familiares de algunos condenados por delitos de lesa humanidad que quieren instalar en la opinión pública la idea de que son ‘presos políticos’”. De la mano de esto, denuncian los intentos de CA por restaurar los efectos de la Ley de Caducidad y el proyecto de ley para garantizar la prisión domiciliaria a mayores de 65 años.

“Si bien resulta un avance la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en marzo de 2018, hasta la fecha se ha dictado sentencia de condena únicamente a 5% de las causas presentadas”, añade el texto, que repasa a su vez las recomendaciones de la anterior revisión de este tipo a la que se sometió Uruguay, en 2013, y las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a los casos de la desaparición forzada de Luis González González y Oscar Tassino, y los asesinatos de las muchachas de abril.

Hasta el día de hoy “el Estado no ha realizado ni una sola acción de las recomendadas, no ha convocado a familiares ni a las defensas letradas que los representan”, continúa el escrito, y recuerda que tampoco se ha dado “pleno cumplimiento a la obligación estatal de prevención de la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Más adelante, el informe recuerda que las políticas reparatorias para víctimas del terrorismo de Estado “no incluyen a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas afectadas en sus derechos humanos durante la actuación ilegítima del Estado en la dictadura” y señala la omisión por parte del Estado uruguayo respecto a las recomendaciones en esta materia que ya hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el propio colectivo Memoria en Libertad. La reparación, sostienen, debe ser “simbólica, económica y debe incluir atención integral en salud”.

En esta misma línea, señalan la creación de una Comisión Reparadora para las personas trans violentadas durante este período. Desde su creación –a través de la Ley Integral para Personas Trans– hasta diciembre de 2020, la comisión recibió “un total de 198 solicitudes, de las cuales 123 fueron aprobadas y otras 71 se encuentran en revisión”.

Las recomendaciones, colocadas al final de este apartado, son varias. Por un lado, se exige la derogación total de la Ley de Caducidad y aplicar “la Ley 18.026 relativa al derecho y el deber del Estado uruguayo de juzgar los hechos tipificados como tortura según el derecho internacional”, así como el cumplimiento con las exigencias de la Corte IDH y el reconocimiento al derecho a la reparación de quienes fueron niñas, niños y adolescentes afectados por la dictadura.

Asimismo, el texto considera fundamental “concebir políticas reparatorias que, además de disponer de un elemento económico, también tome acciones en reparación simbólica y construcción de la memoria trans, en particular por aquellas personas trans que no pudieron denunciar las violaciones de derechos humanos durante el período autoritario por haber muerto antes como consecuencia de los efectos de la violencia ejercida sobre sus cuerpos”; en agregado, piden que se instalen sitios de memoria en relación a las disidencias sexuales víctimas del terrorismo de Estado.

Libertad de expresión

En el capítulo siguiente, el informe se refiere al cumplimiento de garantías por parte del Estado hacia periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y la violencia contra personas defensoras de los DDHH.

En primera instancia, citan el informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) –organización que también participó de la redacción de este texto– donde se dio cuenta de la existencia de 69 casos de amenazas y restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de periodistas y medios de comunicación en el último año. Esto para Cainfo “demuestra que Uruguay no es ajeno a las tendencias regionales que muestran una situación más compleja para el libre ejercicio de la profesión periodística”.

“Estos datos demuestran cómo las personas periodistas y los medios de comunicación en Uruguay se han convertido en un objetivo de ataque de grupos intolerantes, que hostigan y hasta criminalizan al periodismo y las opiniones disidentes, atribuyendo a sus coberturas una intencionalidad partidaria, un interés personal o la pertenencia a intereses foráneos”, consigna el informe, y enumera como aspectos de fallas en la libertad de prensa en Uruguay las restricciones al acceso a la información pública y las amenazas de inicios de procesos judiciales contra periodistas.

Respecto a este último ítem, el informe señala que “más allá de las demandas que se han concretado, también hay otros episodios de amenazas con el inicio de procesos legales, que luego no se presentan, por parte de legisladores y hasta de un miembro del gabinete ministerial”, lo que –entienden las organizaciones sociales– plantea con urgencia instalar un debate público “del uso del sistema de Justicia para atacar periodistas, en lugar de ser el principal bastión de la defensa de sus derechos”.

A futuro, el informe manifiesta preocupación por “la intención de derogar la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, norma que fue “aprobada luego de un amplio debate público, que contó con la participación de oficinas de Naciones Unidas como Unicef y Unesco” y cuya posible derogación podría “deteriorar aún más el panorama mediático del país”.

El informe también recuerda la caída de Uruguay en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, donde se consignaron las “intimidaciones a periodistas de investigación, sobre todo por parte de actores políticos”.

“Un hecho que preocupa a la sociedad civil es la ausencia de una condena pública por parte de las principales autoridades del país ante estos discursos de actores políticos que estigmatizan y hostigan al periodismo, y que en algunos casos los llevan a enfrentar costosas demandas judiciales”, sentencia el informe.

Entre las recomendaciones, el texto exhorta “a las más altas autoridades nacionales” a que se pronuncien públicamente “contra los ataques, amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación”, así como a “no avanzar sobre marcos legales contrarios a estándares internacionales de derechos humanos” y en cambio propiciar “ámbitos de diálogo que permitan superar el deterioro del ambiente de libertad de expresión en el país, que ya registra un tercer año consecutivo de aumento de casos de amenazas y restricciones”.

Así, sugiere adoptar “un protocolo de seguridad para periodistas que prevea situaciones graves de amenazas a la libertad de expresión”, en el que se incluyan “mecanismos rápidos para la presentación de denuncias”.

Tanto el Estado como la INDDHH también presentaron sus respectivos informes, y está previsto que este martes se reunan autoridades de la Comisión de Naciones Unidas con organizaciones uruguayas. En tanto, entre jueves y viernes se realizarán las sesiones públicas con representantes del Estado uruguayo.