El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que no entiende algunos “apuros o premuras” del gobierno, que terminan “enredando más las cosas”, como la extensión de la concesión a Katoen Natie de la terminal del puerto hasta 2081, el cierre de Casa de Galicia, la habilitación a los operadores de cable a brindar internet y el pago anual para incluir las señales de los canales privados en Vera TV.

En el primer caso, por el que declaran este miércoles ante la Fiscalía jerarcas del gobierno, Orsi puntualizó en su columna semanal en la radio CW 41 que “faltaban diez años para que se terminara la concesión del puerto y diez años antes se decide extender por 50 o 60 años más cuando no teníamos ningún apuro”. El intendente señaló que en ese momento no había una denuncia arriba de la mesa, y que en cualquier caso se debería haber “esperado que apareciera el juicio para hacer una concesión de ese tipo”.

En segundo lugar, Orsi se refirió al cierre de Casa de Galicia y, posteriormente, al remate de sus bienes e inmuebles. “La termina adquiriendo el Círculo Católico, y después aparece un préstamo del BROU al Círculo Católico para que pudiera pagar aquello a lo que se había comprometido. ¿No había un camino más corto, que era prestarle a Casa de Galicia para que no se armara tanto desbarajuste?”, apuntó, y agregó que “eso tampoco lo logro entender”.

Finalmente, se refirió al “lío de Antel” y, en particular, cuestionó que el gobierno no le diera la concesión de brindar internet a todos los cableoperadores del país, ya que si están “complicados los de Montevideo, los del interior también”. “Junto con esa decisión sacaron la otra donde Antel paga a los canales para que puedan ser proyectados, que por Vera TV en los celulares uno pueda ver la televisión. ¿Por qué los sacó juntos si podía sacarlos por separado? Son dos decisiones que no tienen nada que ver una con la otra”, cuestionó.

Seguridad

Este miércoles, en el Complejo Cultural Politeama, el intendente de Canelones y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunciarán el acuerdo para instalar 1.800 cámaras en el departamento. “La inversión de la intendencia de unos dos millones de dólares para fortalecer la videovigilancia y apoyar así a la tarea del ministerio, que más allá de todas las discrepancias y las diferencias políticas que tengamos los temas de seguridad para mi deben ser políticas de Estado y en esa estamos”, señaló Orsi.