Cabildo Abierto apunta contra los clubes cannábicos mientras encuesta muestra que se duplicó el apoyo a la regulación de la marihuana

Según una encuesta realizada por la consultora Cifra, casi la mitad de los uruguayos, 48%, está de acuerdo con la regulación y venta de cannabis, aprobada en 2013. Mientras tanto, 45% dice estar en contra y 7% no tiene una opinión formada al respecto. Estos números marcan un cambio de tendencia respecto de lo que se observaba hace diez años, cuando comenzaba a discutirse la posibilidad de una ley que regulara la marihuana: en 2012, 24% estaba a favor y 66% se oponía; por su parte, 10% no opinaba sobre este asunto.

Cuando se hila más fino, se pueden encontrar los matices. De acuerdo a Cifra, entre quienes alguna vez consumieron marihuana “siete de cada diez está a favor de la legalización”. Al mismo tiempo, también lo están “dos tercios de los jóvenes y la mitad de los adultos jóvenes (de 30 a 44 años)”.

“Pasando los 45 años, sólo una minoría está de acuerdo con la ley vigente, y la mayoría se opone”, indica la consultora en su sitio web.

“La política también divide, ya que dos tercios de los votantes del Frente Amplio –pero sólo un tercio de los votantes de la coalición— apoyan la legalización de la venta y consumo de marihuana”, completa.

Respecto del consumo, Cifra señala que en 2016 “7% de los adultos en Uruguay declaraba que había probado una vez marihuana y un 10% adicional que la probó y luego volvió a consumirla otras veces”. En 2022, “ambos porcentajes se duplicaron: probó una vez el 13% y volvió a consumir el 21%. De menos de un quinto que había tenido contacto con la sustancia en 2016 se pasa a más de un tercio en 2022”.

Cuestionamientos

El 7 de julio, una delegación de la Junta Nacional de Drogas (JND) asistió a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para hablar, más que nada, de los pormenores presupuestales de un organismo que debe cubrir un déficit y ve insuficiente la asignación presupuestal prevista en esta Rendición de Cuentas.

Sin embargo, a lo largo de la discusión, en la que el presidente de la JND, Daniel Radío, planteó que se está “al borde de dejar de funcionar”, surgieron algunos cuestionamientos por parte de los diputados Álvaro Perrone y Martín Sodano, de Cabildo Abierto (CA), a la forma de instrumentar la ley.

“Primero lo primero, en nuestro programa de gobierno está eliminar la ley de regulación del cannabis”, puntualizó Perrone, en diálogo con la diaria. Sin embargo, al ver esto como una posibilidad lejana, “lo que nosotros estamos pidiendo es que al menos se le ponga IVA a la marihuana”, señaló.

Para el legislador “no puede ser que vos pagás el IVA en el aceite, los fideos, en los productos de la canasta básica, y la marihuana no paga IVA. ¿El Estado legaliza drogas y no les pone impuestos?”, se preguntó. Perrone no ve lógico el argumento de que no tener impuestos va de la mano con la idea de competir con el mercado ilegal de cannabis. “Entonces saquémosle los impuestos a la comida para eliminar el contrabando, es una locura”, sentenció.

La Ley 19.172 “claramente no funciona”, agregó, y argumentó que se debe a que “no lograron combatir el narcotráfico, no logran que la gente vaya a comprar a las farmacias, lo que se vende en las farmacias no alcanza para cubrir los gastos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis [Ircca], entonces es algo que funcionó mal, nos dejó mal parados”. Por otra parte, Perrone apuntó contra los clubes de membresía o clubes cannábicos, por entender que “no puede ser el secretismo de los clubes”.

“No sabemos la cantidad de plata que pasa dentro de un club cannábico, no sabemos cuánto se paga una membresía, no sabemos cuántos socios tienen”, continuó, y recordó que durante la comparecencia de Radío reclamó “por la discusión de la Rendición de Cuentas pasada, que no querían dar las direcciones para el Ministerio del Interior”, en la que se pretendía otorgar a la cartera datos protegidos por hábeas corpus de quienes estaban registrados como miembros de los clubes.

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Según el diputado cabildante, “es tan secreto lo que pasa dentro de un club cannábico, que puedo tener cualquier cosa y nadie me va a inspeccionar”, y se preguntó: “¿Por qué todo el mundo paga impuestos y los clubes no pagan nada?”.

“El Ministerio del Interior pidió las direcciones y no se las dieron, ¿una inspección de la DGI cómo hace, si no tiene una dirección?”, insistió, y consideró “demencial” el “secretismo de los clubes cannábicos, son una vergüenza”.

“Tema saldado”

La discusión sobre el secretismo tiene cansados a los clubes. Al menos así lo manifestó María José Miles, presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (Feccu). Consultada por la diaria, Miles entendió que se trata de “un tema que está saldado y da tristeza que se traigan viejas discusiones teniendo tanto para discutir real y seriamente respecto de esta política de regulación del cannabis”.

De todas formas, Miles puntualizó que los clubes no son anónimos y que “el Ministerio de Educación y Cultura cuando aprueba la asociación civil tiene conocimiento pleno de quiénes son los socios”, y luego el Ircca “lleva un seguimiento riguroso de quiénes son los socios, las altas, las bajas, hace las fiscalizaciones, qué cosas negativas pueden pasar a jurídica”.

“Es mentira que somos anónimos, y volver a poner ese planteo sobre la mesa parece que atrasa más de lo que avanza, primero porque el año pasado ya se dio toda esta discusión y se saldó”, remarcó, y consideró “una falta de respeto para con sus compañeros de coalición seguir cuestionando resoluciones que ya están saldadas”.

Respecto de los aportes y la propuesta de colocarle IVA a la marihuana estatal, Miles entendió que “si el problema es decir que quienes producimos cannabis no estamos aportando nada para el Ircca, veamos la forma en la que eso pueda ser”, y ejemplificó: “Actualmente, los clubes tienen 21 kilos de producción. Ahora, si vos me dejás sacar una licencia para que pueda producir 100 kilos, esa licencia puede tener un costo. Te pago la licencia, para que vos como Ircca no incurras en gastos, y yo como club, al ampliar mi capacidad productiva, puedo costear una licencia”.

Por otra parte, Miles entendió que “si ponés impuestos vas en contra de la política que querés implementar”, porque implicaría gravar el gramo de cannabis y “se te va a ir más caro”, lo que reduciría aún más la porción de consumidores que eligen ir por la vía legal.

Otro de los cuestionamientos que hubo durante la sesión, particularmente por parte de Sodano, fue respecto de dónde está ubicada, en el organigrama del Estado, la JND. Para el diputado, la Junta debería ser responsabilidad del Ministerio de Salud Pública (MSP), mientras que para los clubes “el tema políticas de drogas es algo que trasciende mucho más que el tema de salud, porque tiene que ver con otras pertinencias, y por eso el Ircca está integrado por una junta directiva con representantes de distintos ministerios”.

Esta junta directiva, según Miles, “en ocho años nunca sesionó”. Si existe “un real interés del MSP, por ejemplo, en trabajar estos temas, ¿por qué no se utilizan los mecanismos que ya hay, que no sólo no se usan, sino que ellos están en falta por no convocar?”, cuestionó.