El diputado colorado Ope Pasquet, presidente de la Cámara de Representantes, dijo este viernes que las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), el presidente Klaus Mill, de Cabildo Abierto, y el vicepresidente, Gustavo Borsari, del Partido Nacional, “deberían poner inmediatamente sus cargos a disposición del gobierno”. Señaló que es “lo que corresponde” después del episodio generado a raíz de dos artículos aprobados en la ley de urgente consideración (LUC) que introdujeron cambios en el Código Civil y que hubo que subsanar con la votación de una ley con carácter “grave y urgente” el miércoles en el Parlamento para evitar pérdidas millonarias al Estado.

Son dos los artículos de la LUC que generaron cambios: el 463 redujo de 20 a diez años el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias -que empieza a contar una vez que el préstamo vence y delimita la responsabilidad del deudor- y el 467, que fijó un período especial de dos años, a partir de la entrada en vigencia de la LUC, para que comenzaran a consumarse aquellas prescripciones en curso. Un informe del área jurídica de la ANV, del 23 de julio de 2020, advertía de los cambios generados y solicitaba su estudio: “Seguramente la aplicación práctica de la normativa traerá aparejadas dudas” que, agregaba el informe, “deberán ser objeto del estudio correspondiente o de consultas a los organismos especializados en la materia”. Pero ese expediente fue archivado en enero de 2021 por el secretario general de la ANV, el coronel retirado Gustavo Fernández -de Cabildo Abierto-, quien abandonó el cargo semanas atrás.

El episodio generó críticas en la oposición, que derivaron en el pedido de renuncia de las autoridades de la ANV por parte de los legisladores del Frente Amplio, pero también generó cuestionamientos entre los legisladores de la coalición de gobierno.

“El pasado miércoles tuvimos que votar como grave y urgente un proyecto de ley que prorroga el plazo para ejecutar créditos que estaban a punto de prescribir, por efecto de las normas de la LUC que acortaron los plazos de prescripción”, escribió el diputado Pasquet en su cuenta de Twitter, que opinó que “el apremio no lo generó la LUC, que dio dos años de plazo a los acreedores para que defendieran sus créditos, sino la omisión de los que debieron actuar y no lo hicieron. La ANV no sólo no actuó: tampoco advirtió a tiempo al Parlamento que necesitaba una prórroga”.

Pasquet insistió en que hubo que “legislar de apuro para evitar un enorme daño económico y político”, y que “el episodio fue demasiado grueso como para hacer de cuenta que no pasó nada”.

Pasquet no es el único diputado del oficialismo molesto con las autoridades de la ANV. “Hasta el lunes, yo no sabía nada de esto”, dijo a El Observador el senador Jorge Gandini, haciendo referencia a la reunión de bancada en la que se enteraron del proyecto de ley de urgencia. Gandini coincidió con lo que dijo el senador Gustavo Penadés en sala: “Así no se legisla”, y dijo que “hay que agradecerle al Frente Amplio” por haber aportado los votos para aprobar el proyecto. De hecho, el diputado Gustavo Olmos marcó que el oficialismo no llegó a la mayoría de 50 votos el miércoles, y que de los 67 votos necesarios para aprobar el proyecto con carácter grave y urgente 42 fueron del FA. Sobre las autoridades de la ANV, Gandini dijo que “dejaron vencer todos los plazos antes de avisar de la necesidad de cambios” y, aunque dijo que no pedirá la renuncia, les reprochó que “nos generaron una situación no deseada. Tuvieron dos años”.

También Iván Posada, del Partido Independiente, cuestionó en diálogo con el mismo medio a las autoridades de la agencia: “Notoriamente, no se accionó desde la ANV como hubiera correspondido. Eso ha quedado de manifiesto”, remarcó. “Está más que claro que hubo una omisión. En esto no puede haber dos opiniones”, añadió, y dijo que en este tiempo “deberían haber generado una respuesta”.