La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) manifestó su preocupación por artículos de la Rendición de Cuentas a estudio de la Cámara de Diputados. En una nota enviada a la Comisión de Presupuestos días atrás, la organización planteó críticas a las disposiciones propuestas por el gobierno para bloquear transmisiones ilegales de eventos deportivos, y legisladores del oficialismo ya adelantaron que habrá cambios en la redacción.
Del artículo 214 al 216 del proyecto se plantean disposiciones para aumentar las potestades del Estado para dar de baja sitios de internet que transmitan contenidos sin contar con los derechos para hacerlo, por ejemplo, en el caso de las transmisiones deportivas. El primer artículo deslinda de responsabilidad por estos contenidos a “los intermediarios o los proveedores de acceso a internet”; el segundo le otorga a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) la potestad de “solicitar [a los proveedores de internet] la inhabilitación en tiempo real del acceso a contenidos ilegales de eventos deportivos en directo”; y el tercero amplía el alcance de estas medidas –modificando lo establecido en la Ley de Presupuesto de 2020– a “la difusión de contenidos audiovisuales a través de internet”, por lo que ya no se limita a los “servicios de televisión para abonados”. El bloqueo de sitios sería temporal, por un máximo de 30 días, con el propósito de proteger los derechos de transmisión.
“Si bien compartimos el espíritu de combatir este tipo de transmisiones”, plantea la ALAI en la carta remitida al Parlamento, “los artículos propuestos aportan riesgos de grandes dimensiones (bloqueo de contenidos incorrectos, afectación a la libertad de expresión y posibilidad de fragmentación de internet, entre otros) en relación a los potenciales beneficios que podría aportar para el logro de los objetivos planteados”. Además, indican que el nuevo marco legal propuesto por el gobierno “no contribuye, sino más bien desincentiva, a proyectar la imagen de Uruguay como país digitalmente avanzado, hub tecnológico y centro de atracción de inversiones en el campo digital”.
En declaraciones a la diaria luego de enviarse el proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento, el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo, celebró la medida del gobierno y aclaró que fue “impulsada por la industria”. Afirmó que “la piratería [de eventos deportivos] funciona muy bien en Uruguay” gracias a “la buena calidad de internet” y que, por lo tanto, “lo que se pretende es que la experiencia del usuario sea mala a partir de los diferentes bloqueos”.
El lunes, en un evento convocado por la ALAI y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), participaron legisladores para hablar acerca de los artículos en cuestión. Allí informaron que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) comunicó al acudir a la comisión que se retirará el artículo 216; en tanto, el diputado colorado Martín Melazzi dijo que propondrá modificar la redacción de los artículos 214 y 215.
“Grave riesgo”
La ALAI señala que el artículo 215 “da lugar a que cualquier autoridad administrativa pueda solicitar la remoción de contenido en internet sin debido proceso, sin intervención de autoridades judiciales y sin garantías para los potenciales afectados”. Esto supone, según la carta enviada al Parlamento, “un grave riesgo para la vulneración de derechos como la libertad de expresión y ubicaría a Uruguay alejado de los mejores estándares internacionales”.
Plantean que el intermediario, que brinda servicios de internet, “no puede” tener “carácter de autor o editor” de contenidos, ya que “únicamente tiene un rol pasivo como proveedor de infraestructura” y el titular de los derechos es un tercero. Como efecto colateral, “se podría no intencionadamente generar un incentivo equivocado en el que, a los efectos de evitar sanciones, el intermediario elimine contenido en exceso, afectando los derechos de libertad de expresión”.
Sobre el siguiente artículo, el 215, la organización manifiesta que “posee definiciones poco claras, confusas y alcanza a demasiados servicios, ignorando la naturaleza diversa de las plataformas de internet”. En ese sentido, apuntan que “si la voluntad es detener los sitios web dedicados a difundir eventos deportivos online de forma ilegal, es necesario ser preciso en los conceptos, eliminando referencias a intermediarios que nada tienen que ver con la visualización de estos sitios web”.
En visión de la ALAI –que se define como una entidad sin fines de lucro que trabaja por el desarrollo digital de América Latina desde la perspectiva de la industria regional–, lo propuesto “genera un gran riesgo de bloqueo de contenidos incorrectos, introduce riesgos significativos de censurar contenidos legales afectando derechos y generando posibilidades de bloqueo de contenidos de formas diferentes en distintas redes, lo que configuraría lo que se conoce habitualmente como fragmentación de internet”.
“No son claros los beneficios reales que el artículo 215 pueda proporcionar pero sí los riesgos”, concluye la organización en la carta a la comisión legislativa que analiza la Rendición de Cuentas.
Cambios, críticas y prueba
En el evento del lunes, Melazzi dijo que compartía parte de las críticas de ALAI al artículo 215 y propondrá que los intermediarios que denuncian los contenidos ilegales tengan “responsabilidad” por la solicitud de levantar la transmisión. A su vez, el legislador sostuvo que en el artículo 214 “no quedaba clara la autoridad administrativa” competente, que sería la Ursec, por lo que también pedirá cambiarlo. “Tomamos nota y vamos a ver si podemos sacar una mejor redacción”, señaló.
Silvia Nane, senadora del Frente Amplio, cuestionó el procedimiento legislativo del oficialismo. Si las disposiciones “son para partidos de fútbol, por qué se pone” en la redacción “para contenidos en general; si defienden [desde el oficialismo] algo específico, pero lo redactan de forma genérica” se generan problemas, indicó. Además, dijo que el sistema que proponen estos artículos no garantiza “el debido proceso”, sino que es “un tembladeral jurídico”.
Álvaro Lorenzo, diputado blanco, expresó que “no hay ley perfecta” ni “tan abarcativa para dar garantías a todos”, y admitió que “es difícil regular contenidos”, siendo la propuesta del gobierno “un inicio frente a no tener nada”. Además, opinó que no ve “que se ponga en peligro la libertad” de los usuarios de internet, ya que “los contenidos [a bloquear] no son legales”. Igualmente, dijo que podría estudiarse “la posibilidad de establecer un período de prueba” de este nuevo régimen.