El intendente de Artigas, Pablo Caram, solicitó al Instituto Nacional de Colonización (INC) ser exonerado del pago diferencial que tiene que cumplir por arrendar dos territorios pertenecientes a este organismo. El pedido del jefe comunal es que se le retribuya lo que pagó cuando renunció a su puesto como intendente para hacer campaña electoral, entre febrero y setiembre de 2020, según consta en la resolución fechada el 27 de julio de este año, a la que tuvo acceso la diaria. Una resolución de 2015 obliga a los colonos electos para ocupar cargos remunerados –en su caso, de intendente– a pagar una renta diferencial de 70%.

Las dos tierras que arrienda Caram, que están en el departamento que dirige, tienen un valor anual, en un caso, de 511.379 pesos, y en el otro, de 379.304. El primer terreno que arrienda tiene 336,951 hectáreas, mientras que el segundo tiene una superficie de 370,362, y en conjunto totalizan unas 700 hectáreas. Según informaron a la diaria desde el INC, el pedido del intendente nacionalista está en la órbita de la División de Jurídica, que deberá laudar para que luego el Directorio del organismo decida si se le puede exonerar del pago o no durante ese corto tiempo.

La norma que lo habilita indica que a aquellos colonos arrendatarios electos por la ciudadanía para ocupar cargos remunerados –también abarca a senadores y diputados– “que deseen continuar su vínculo de arrendamiento de fracciones afectadas a los fines de interés colectivo de la colonización se les aplicará una renta diferencial, mientras estén ejerciendo dichos cargos, a partir del ejercicio de renta posterior a la fecha en que asuman sus funciones”.

En diálogo con la diaria, Caram confirmó que pidió que se le exonere del pago durante esos meses que no fue intendente, previos a la reelección, en el que siguió pagando el diferencial de 70%. “Fue injusto, fui un buen colono, con buena productividad, creía que era injusto. Quería que no me cobraran [en ese momento], no solicité que se me devuelva el dinero, pero ya está”, expresó.

El jefe comunal admitió que durante esos meses cobró un “subsidio” que era casi equivalente al sueldo que cobraba por su cargo, por lo tanto, consideró que quizá correspondía pagar ese diferencial, porque su “objetivo” es tener esos dos campos: “Es primordial para mí, por calidad de vida, por salud, por placer, por todo”. Si bien dijo que “adora” la gestión municipal, afirmó que el campo es su “pasión”. En el anterior gobierno, el Directorio dispuso “la vigilancia” sobre las fracciones de campo que tenían Caram y otros dirigentes blancos, como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el intendente de Flores, Fernando Echeverría, y el de Maldonado, Enrique Antía, para determinar si cumplían con todas las obligaciones que tienen los colonos.

Por su parte, Rodrigo Herrero, representante en el INC por las gremiales rurales, señaló a la diaria que a Caram no le correspondía pagar ese 70% extra porque no estaba ejerciendo el cargo en la intendencia. “Lo planteó, hubo dudas en su momento, pero no es mucho monto, es reconocerle esos meses. Hoy paga esa renta diferencial”, expresó. “En buen romance”, consideró, el INC le debe retribuir ese dinero.

En ese sentido, Herrero indicó que lo que falló en su momento fue que en Gestión de Cobros tendría que haberse informado del cese del cargo en febrero de 2020, cuando optó por dimitir para ir por la reelección, en la que salió airoso por una buena ventaja. De esa manera, se habría resuelto el problema antes.

El rechazo del FA: “La señal política no es nada buena”

Este pedido generó rechazo en la oposición. La presidenta de la Mesa Departamental del Frente Amplio (FA) de Artigas, Marianela Olivera, dijo a la diaria que repudian la solicitud del intendente por “pretender sacar un rédito económico a una situación” y no pensar “en los ciudadanos artiguenses que confiaron en él para gobernar el departamento y que están pasando una mala situación”.

En ese sentido, resaltó que “tristemente” Artigas pasó a estar primero en el ranking de los departamentos con mayor índice de desocupación y de informalidad. “Creo que todo eso, mínimo, merece que la gente sepa cuáles son las intenciones del intendente con la tramitación de este expediente”, expresó.

Paralelamente, expuso que “la gente se queda sin trabajo, no puede pagar el alquiler y se van a ocupar asentamientos sin las mínimas condiciones de vida adecuadas para su núcleo familiar”. “Él, que es el ciudadano que debe dar el ejemplo, [debería] pensar que ese dinero iría a arcas del Estado, frente a las necesidades de los ciudadanos. No está pensando en eso”, agregó.

Por su parte, el diputado frenteamplista Nicolás Lorenzo, representante por Artigas, fue en la misma línea que Olivera: “Teniendo en cuenta la situación que se vive en el país, tenemos constantemente asentamientos pululando… Caram conoce las reglas del juego, no las desconoce. Pedir eso en su segundo mandato es una negación de la realidad; la señal política no es nada buena”, indicó, en conversación con la diaria.

Para Lorenzo, Caram “tiene capacidad de pago” porque produce ganado ovino y “nunca dejó de trabajar”. “Cobra su sueldo como intendente. No compartimos [este pedido] en lo más mínimo”, añadió, y recordó que ahora “tiene un peso jurídico” a su favor, ya que el artículo 358 de la ley de urgente consideración, tras ser ratificada en el referéndum, no exige la necesidad de que el colono trabaje “directamente” la tierra sino la de “supervisar” el trabajo, siempre y cuando fundamente que está radicado en ese otro lugar donde vive desde hace al menos diez años, haya cumplido con el plan de inversiones comprometido y presente razones de salud, educación o trabajo suyas o de su familia. “Ahora va por no pagar la renta. La señal es horrible, no es nada bueno”, insistió Lorenzo.

Consultada sobre si puede haber un llamado a sala al intendente, Olivera lo negó porque el FA cuenta con sólo siete votos, por lo tanto no lograría la mayoría en la Junta Departamental: “Hay un avasallamiento, nuestro papel como oposición está cada vez más acotado”, concluyó.