El anteproyecto de reforma de la seguridad social del gobierno, que se conoció hace diez días, viene paseando por distintos lugares y siendo tema central a nivel político, y ahora también dentro de la fuerza militar. Rodolfo Saldain, quien lideró el equipo que redactó el contenido del texto, se lo presentó primero a los partidos de la coalición, luego al Frente Amplio (FA), la semana pasada al PIT-CNT y las cámaras empresariales, el lunes visitó al directorio del Partido Nacional, este martes se reunirá con las cúpulas castrenses y el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), y el miércoles con los jefes de Policía de todo el país.

Es que el extenso articulado establece nuevas reglas jubilatorias para todos los trabajadores, y tras un régimen de transición gradual que durará dos décadas —a medida que pasa el tiempo, el nuevo régimen tendrá más peso— se confluirá en un sistema general. Los militares mantendrán exigencias menores que el resto para la edad de retiro, aunque igualmente tienen un aumento de cinco años en la mayoría de los casos respecto del límite actual, un incremento igual al que tendrá el resto de la población.

Según informó días atrás el diario El Observador, el anteproyecto generó inquietud en las Fuerzas Armadas porque se vuelven a modificar sus reglas de jubilación, tras la reforma impulsada por el FA en 2018. Ya con un régimen de transición corriendo a partir de aquel cambio legal, cinco años después de aprobarse el proyecto del gobierno —de conseguir los votos—, los militares pasarán a tener condiciones para jubilarse menos beneficiosas, por ejemplo en materia de edad de retiro obligatorio.

En la presentación del anteproyecto ante los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estará también el ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien este lunes en una rueda de prensa dijo que la instancia servirá “para profundizar y brindar la mayor información en cantidad y en calidad para una temática que todos sabemos que es muy técnica”. Señaló que será una “primera reunión” y “seguramente pueda haber más” encuentros, los que “hagan falta”, para presentar la reforma a los militares. El jerarca agregó que la reunión se convocó por su iniciativa y opinó que es lo que “correspondía” al tener las Fuerzas Armadas “una jerarquía muy particular”, que lleva a que “la información deba empezar [a transmitirse] por los mandos” castrenses.

Lo que viene para los militares

El sistema previsional militar es el que tiene peor relación activo-pasivo dentro del sistema de seguridad social, lo que entre otras cosas lleva a que el Estado deba volcar más de 500 millones de dólares cada año —entre la denominada asistencia financiera, la recaudación del IASS que pagan los retirados y lo aportado por Rentas Generales— para cubrir el déficit.

En 1974 y por medio de la Ley Orgánica Militar, la dictadura instauró un régimen que permitía jubilarse con 15 años de trabajo y con retiros obligatorios a la edad de entre 45 y 60 años, dependiendo del escalafón, con una retribución de 100% del salario. La reforma de 2018 cambió esto parcialmente, ya que mantuvo estas reglas para parte de los efectivos militares, creó un régimen de transición y abarcó con condiciones más exigentes —retiro obligatorio según el grado entre los 48 y los 63 años, con entre 22 y 25 años de servicio— a 13% del personal subalterno y 40% de los oficiales.

Sobre esa base, empezarían a regir nuevos cambios en las condiciones de retiro para los militares, de acuerdo con el anteproyecto del gobierno. Los nuevos ingresos a las Fuerzas Armadas desde la vigencia de la ley irán al denominado régimen mixto, es decir que, a diferencia de lo que ocurre hoy, deberán tener una cuenta de ahorro individual en una AFAP.

En tanto, en el caso de los activos no habrá cambios de reglas para quienes alcancen causal jubilatoria en los próximos cinco años, período de transición fijado para todo el sistema, y quienes comiencen a jubilarse después tendrán un esquema combinado para el cálculo jubilatorio, con una porción de su haber de retiro que surgirá de las nuevas condiciones y otro que se fijará por las reglas anteriores —la proporción dependerá del año de transición, comenzando con 20% de peso del nuevo sistema en 2027, valor que se incrementará de a 5% por año hasta llegar a 100% en 2043, cuando finaliza por completo el antiguo régimen—.

El artículo 48 del anteproyecto refiere a “los montos máximos de jubilación” por cada subsistema. Una fuente oficial explicó que el criterio utilizado es que el máximo tenga relación con el nivel de aporte que hacen trabajadores y empleadores; por eso, por ejemplo, se dispone un tope mayor en la Caja Bancaria que en las demás. En el caso de la Caja Militar, en el numeral 4 se plantea un cálculo que asocia la jubilación límite a otras tasas de aportación, y según fuentes especializadas dejaría un tope algo superior a los 110.000 pesos, similar al que rige actualmente para el subsistema.

Respecto de la edad de retiro para los militares, se suma cinco años a los valores vigentes desde la última reforma, quedando entre 53 (para soldados y marineros de primera) y 65 (para coroneles y capitanes de navío) las edades de retiro según el grado militar, y perdura la exigencia de 25 o 22 años de servicio según el retiro fuera con más o menos de 63 años.

También se establecen cambios para las bonificaciones, que son años de trabajo que se cuentan por más según disponga la ley, permitiendo jubilarse a más temprana edad. En este caso, el planteo del gobierno es mantener las bonificaciones para militares que lleven a cabo tareas de combate, que registran seis años por cada cinco de trabajo; pero perderán el beneficio los afiliados a la Caja Militar sin actividad de combate, por ejemplo, un médico que presta funciones en el Hospital Militar.

Las pensiones por viudez

Sin ligarlo en sus declaraciones a la Caja Militar, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos —vocero de las Fuerzas Armadas contra la reforma de 2018, cuando ocupaba el cargo de comandante en jefe del Ejército—, puso el ojo, la semana pasada, en los efectos del anteproyecto de reforma previsional sobre las viudas de militares. En un capítulo se establecen nuevas condiciones para las pensiones de viudez, elevando exigencias y variando criterios.

El artículo 53 dispone que una persona viuda —contando casamiento, concubinato o también una pareja divorciada— accederá a una pensión tras justificar la dependencia económica respecto del fallecido, si el “vínculo matrimonial” duró tres años o cinco años la “unión concubinaria”, exceptuando del requisito a las parejas con hijos en común. Estas condiciones no rigen en la actualidad, así como tampoco las del artículo 55, que fija que las pensiones serán de por vida para las personas viudas mayores de 55, y para edades más bajas establece diferentes períodos de vigencia.

El artículo 54 fija la “convergencia y transición” en materia de pensiones de viudez, planteando para el régimen general que podrán acceder al beneficio las mujeres con ingresos mensuales inferiores a 215.000 pesos, monto que se prevé que en diez años se reduzca a 100.000 pesos —el Ejecutivo tiene la opción de prorrogarlo diez años más—; y los hombres con ingresos mensuales inferiores a 50.000 pesos, con miras a que el límite sea igual que para las mujeres en una década. Sin embargo, estos topes no se diferencian por sexo para la Caja Militar y las otras cuatro por fuera del BPS, donde el límite de ingresos para acceder a una pensión será 215.000 pesos mensuales, y eso llegará a 100.000 pesos en diez años. Los topes referidos son el ingreso previo a considerar el cobro de la pensión.

Una fuente especializada dijo que con las reglas actuales, que no se modificarían en este punto, una persona viuda con dependencia económica puede acceder a entre 50% y 75% de la prestación que le correspondería al fallecido —dependiendo, por ejemplo, de si tiene hijos menores—. En la Caja Militar se pagan unas 14.500 pensiones de un total de 51.500 pasividades mensuales.