Opiniones divididas entre diputados de Ciudadanos sobre tenencia compartida: evalúan desde eliminar artículos hasta aprobarlos sin cambios

Luego de la media sanción que recibió en el Senado con los votos del oficialismo, el proyecto llamado “de corresponsabilidad en la crianza” continuará su curso en la Cámara de Diputados. También en ese ámbito se prevé un escenario de diferencias e intensas negociaciones, incluso dentro de la coalición; panorama que se replica en la interna de los sectores. En el caso de Ciudadanos, la agrupación colorada que protagonizó el debate en la cámara alta, en las últimas reuniones de bancada sus ocho diputados comenzaron a poner en común sus opiniones y surgieron “interpretaciones divididas” sobre el contenido del proyecto.

Mientras que la diputada María Eugenia Roselló manifestó a sus compañeros sus reparos irreconciliables con los literales B y C del artículo 4 y el artículo 6, que son los que habilitan el régimen de tenencia compartida y las visitas aun cuando existen medidas cautelares contra un progenitor, hubo quienes plantearon que están proclives a acompañar la iniciativa tal como salió del Senado o hacerle mínimas modificaciones. El diputado Martín Melazzi dijo a la diaria que está de acuerdo con la redacción, pero que, paralelamente, se deberán adjudicar más recursos al Poder Judicial para que la norma pueda implementarse correctamente.

La postura que adopte Ciudadanos es determinante para que la iniciativa obtenga la sanción de la cámara baja, porque de los 13 diputados que tiene el Partido Colorado, ocho son de ese sector: además de Roselló y Melazzi, están Felipe Schipani, Jorge Alvear, Nibia Reisch, Walter Cervini, Juan Moreno y Ope Pasquet. Por tanto, entre blancos, cabildantes y los colorados de Batllistas y Tercera Vía, el proyecto tiene garantizados, en principio, 46 votos a favor. El Frente Amplio, que no acompaña la iniciativa, tiene 42 diputados, y el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, ya adelantó que tampoco acompañará la propuesta.

En la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados, a la que ingresará el proyecto, no hay representantes de Ciudadanos desde que Ope Pasquet asumió la presidencia de la Cámara de Representantes, por lo que hay mayoría de la coalición para que pase al plenario.

Los artículos de la discordia

El 3 de agosto, durante la votación en la cámara alta, la senadora Carmen Sanguinetti aclaró que Ciudadanos votó en general el proyecto por entender que no le están “imponiendo al juez un régimen de tenencia en particular” y que no “altera para nada la facultad que tiene el juez de analizar caso a caso”, pero no votó los artículos 4 y 6. El artículo 4 del proyecto establece en el inciso B que, “en el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra el otro, el juez, manteniendo en todo tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio”, y lo suspenderá “en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente” de forma “transitoria y sujeta a revisión periódica”.

El literal C agrega que, “en todo caso, y también en el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes y del denunciado, toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente, y de considerarse necesario, en las modalidades que garanticen el interés superior de estos”; por ejemplo, en lugares públicos, en presencia de familiares o en reparticiones estatales.

En tanto, el artículo 6 modifica el artículo 39 del Código de la Niñez y la Adolescencia sobre la determinación de las visitas y determina que el juez deberá tener en cuenta “el principio de corresponsabilidad en la crianza” para fijar el régimen de visitas, y que “se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído, en la medida que sea manifestación de su voluntad reflexiva y autónoma, según su grado de desarrollo cognitivo y autonomía progresiva”. “Sólo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados, podrá denegarse el régimen de visitas provisorio solicitado por el progenitor”, añade.

En diálogo con la diaria, Roselló dijo que pretende eliminar los incisos B y C del artículo 4 y el artículo 6 en su totalidad, y adelantó que si no lo logra puede que vote en general pero no esos artículos, lo cual sería “un saludo a la bandera”: “Sería votar cosas que ya se dan, dejar a texto expreso cosas que quizá no están escritas”, analizó la legisladora, y destacó que “ellos [en referencia a los grupos impulsores del proyecto] quieren que se vote con esos artículos”. A su entender, “votar el artículo 4 y el artículo 6 es una desprotección clara a los niños, niñas y adolescentes”, porque se los podrá exponer a “vivir con alguien violento”.

Con respecto a “algunas organizaciones que están a favor del proyecto”, afirmó que “la forma en que se expresan y cómo nos tratan de amedrentar” dan cuenta de que el tema es “más delicado de lo que pensamos” y aseguró que le dan “más argumentos para seguir pensando que [este proyecto] no es el camino”. Consideró que a nivel del Senado “faltó un debate argumental bueno y sano, y ganó el otro; esa hinchada fanática que sólo arremete con insultos y ataques violentos”, y que la solución “tiene que ir por el lado de brindar más recursos para que se identifiquen las situaciones de obstrucción de vínculos y las denuncias falsas”.

En esa misma línea, el diputado Felipe Schipani confirmó a la diaria que trabaja en una propuesta en paralelo a través de la que busca “dar una respuesta” a la problemática de las denuncias falsas, que han sido uno de los principales reclamos de los grupos que promueven la tenencia compartida. Al respecto, dijo que el planteo “tiene su asidero”, y afirmó que espera un “respaldo unánime de toda la bancada”.

Schipani es de la tesis de que el proyecto de tenencia compartida se tiene que aprobar, aunque con modificaciones. Sostuvo que en el Senado se hicieron “enormes mejoras al proyecto” y que “la idea es poder seguir mejorándolo en la Cámara de Diputados”. “Creo que esa es la inspiración del sector, donde hay opiniones distintas sobre algunos de los temas que regula el proyecto”, apuntó, y en la misma línea que Roselló planteó que “hay que ver con atención, fundamentalmente, los artículos 4 y 6”, respecto de los cuales dijo que habrá que “eliminarlos” o “darles otra redacción”. “Coincido en que allí está el mayor ruido que genera el proyecto”, analizó.

Acompañar con recursos

El diputado Melazzi comentó a la diaria que “las interpretaciones del artículo 4 son divididas dentro del sector: están quienes quieren tomar más recaudos dentro de las medidas cautelares y quienes entienden que, como está la redacción actual, el interés superior del niño está resguardado”. Según dijo, él se encuentra en el grupo de legisladores que, en principio, plantearon que “si hay alguna redacción alternativa que mejore o que proteja más al niño” están “abiertos a poder acompañar, pero de lo contrario, así como está la redacción la podemos llegar a acompañar”.

“Desde mi punto de vista, el artículo 4 es claro: siempre está el interés superior del niño”, acotó Melazzi y, en ese sentido, planteó que su preocupación, “más que la redacción del artículo 4 o el 6, es que esté acompañada de recursos; en definitiva, lo que el Poder Judicial viene reclamando hace mucho tiempo. Si no se mejora la redacción, pero puede el Poder Judicial contar con más recursos, también estoy dispuesto a poner mi voto, porque yo estoy a favor de la tenencia compartida”, sentenció.

Por su parte, la diputada correligionaria Nibia Reisch dijo a la diaria que apenas comenzó a estudiar el texto, pero, a priori, sostuvo que reconoce “que la problemática existe”, por lo que el proyecto tiene razón de ser. “Quienes vivimos en pequeñas localidades sabemos de casos de padres que tienen dificultad para poder acceder a ver a sus hijos, no sólo ellos sino sus familias. Lo que tenemos que analizar es que realmente sea un proyecto que dé las soluciones para el interés superior del niño”, evaluó.

Reisch indicó que las posturas en el sector se dividen entre quienes entienden “que la ley vigente es suficiente, que en realidad hay que destinar recursos para su cumplimiento”, como es el caso de Roselló, y quienes entienden necesaria la legislación nueva. “Yo quiero hacer un estudio detallado para ver si el proyecto aprobado [en el Senado] es la verdadera solución. Soy proclive a apoyarlo, pero quiero ver si lo apoyo como vino o puedo hacer alguna modificación”, aseveró.