Mientras el Senado discute y vota el proyecto de ley de tenencia compartida o “corresponsabilidad en la crianza”, impulsado por el Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA), en las barras, varias organizaciones sociales que se han posicionado en contra observan la discusión parlamentaria.

La activista Andrea Tuana, en representación de la Asociación Nacional de ONG (Anong), que nuclea a varios actores de la sociedad civil, recordó en una rueda de prensa que vienen desde hace un tiempo denunciando “que este proyecto de ley, de votarse en el día de hoy, generaría un retroceso muy importante” y “sería una vergüenza para los niños, niñas y adolescentes” puesto que “uno de sus artículos permite o genera la posibilidad de que los niños tengan tenencia compartida o visitas con progenitores o progenitoras que sean denunciados por violencia y que tengan medidas cautelares”.

Una de las principales impulsoras del proyecto, la senadora del PN Carmen Asiaín, sostuvo en la presentación que es “un proyecto que vino de un reclamo popular”. Ante esto, Tuana respondió que “es absolutamente antipopular”, por ser “un proyecto adultocéntrico de un pequeño grupo de personas, padres, abuelos, tíos que están impedidos del contacto con sus hijos e hijas, muchos de ellos justamente por denuncias o medidas cautelares”.

“No decimos que no sea un problema cuando hay un fallo judicial que no es correcto, que aleja a un padre o a una madre de su hijo por una denuncia falsa, por una mala valoración, pero eso no puede ser resuelto a través de un proyecto de ley”, acotó Tuana, y entendió que debe solucionarse “a través de fortalecer al Poder Judicial para que cuente con los equipos técnicos especializados para que puedan trabajar e intervenir en ese tipo de situaciones que también son muy penosas”.

Tuana aseguró que se van a quedar “toda la jornada” en las barras para “escuchar los argumentos” y “estar presentes mirando a los legisladores que han decidido generar un perjuicio muy grande para niños, niñas y adolescentes”.

El senador de CA Raúl Lozano dijo a su vez que se trata de una “necesidad” de que “todos sean iguales” y así poder tener la tenencia de sus hijos. “La realidad que el senador evidentemente no conoce es que la enorme mayoría de los padres y madres que se separan de común acuerdo resuelven cómo va a ser la tenencia con sus hijos e hijas”, sostuvo Tuana, y explicó que hay “unos 300 casos que se judicializan”, que normalmente se llega a un acuerdo y “solamente unos 17 casos en todo el país son esos juicios que litigan, conflictivos, que no llegan a acuerdos, o sea que no estamos hablando de que la realidad es esa, sino que justamente son las excepciones”.

Para las organizaciones, explicó Tuana, “se cruza un límite que es inaceptable en derechos humanos, que es permitirle a un juez que valore si un niño puede estar en contacto, incluso conviviendo, con una persona denunciada por abuso sexual, violencia [o] maltrato”.

A futuro

Anticipándose al resultado de la votación del proyecto en el Senado, las organizaciones nucleadas en la campaña “Una ley innecesaria que daña la infancia” definieron futuras acciones para evitar la aprobación de la propuesta en la cámara baja. En esa línea, Tuana aseguró a la diaria que las activistas ya conversaron con algunas diputadas y diputados, principalmente con integrantes del sector Ciudadanos del Partido Colorado, que “tienen bastantes reparos con este proyecto de ley” y con la bancada de diputados del Frente Amplio, que ya se manifestó en contra.

“Nuestra intención es hablar con todos los integrantes de la Cámara de Representantes, acercarles nuestra visión sobre este proyecto de ley y plantearles nuestra gran preocupación al respecto”, señaló la trabajadora social. Asimismo, aseguró que “no descartan” realizar movilizaciones y entrevistas con organismos internacionales como Unicef y “lograr que se pronuncien” en contra de la iniciativa.

Para Tuana, en la cámara baja no existe el mismo “bloque oficialista” que en el Senado y eso constituye una “gran oportunidad para que se pueda comprender el daño de este proyecto”. La activista relató que, en las oportunidades en que las organizaciones sociales fueron recibidas por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, los senadores a favor de la propuesta no escucharon sus argumentos ni les hicieron preguntas. “Ni siquiera nos miraron”, agregó. En cambio, en Diputados, “vemos que hay otra apertura”, expresó. “Hay una necesidad de saber y de entender, sobre todo, por qué tenemos argumentos tan fuertes contra un proyecto que por su nombre parece que todas y todos tenemos que estar de acuerdo”, agregó.

Las organizaciones aún no han definido acciones concretas en el caso de que el proyecto de ley se apruebe. De todas formas, Tuana apuntó que se va a evaluar la posibilidad de presentarse ante un organismo internacional o regional, además de organizar “alguna movilización o concentración” para “llamar la atención y mostrar la preocupación que esto genera”.