El artículo 32 de la Ley 11.923 establece que “ninguna persona podrá ocupar a la vez dos empleos públicos rentados de carácter permanente con cargo a fondos públicos”. En consecuencia, prohíbe expresamente “la acumulación de sueldos en una misma persona”.

Daniela Elosegui es directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Treinta y Tres, encabezada por el nacionalista Mario Silvera, y, al mismo tiempo, asesora del senador nacionalista Sebastián da Silva, en régimen de pase en comisión desde el Centro Oficial de Información (IMPO).

En conversación con la diaria, Elosegui confirmó que ocupa ambos cargos, pero negó cualquier apartamiento de la ley. Aseguró que, desde un punto de vista jurídico, su puesto de trabajo en el IMPO no es un cargo público por tratarse de un organismo de derecho público no estatal.

“La solución jurídica fue esa”

Elosegui mantiene vínculos con legisladores del Partido Nacional desde 2005, como asesora con pase en comisión como funcionaria del IMPO. En octubre de 2020, el destino de su pase en comisión cambió luego de que Silvera ganase las elecciones departamentales y poco tiempo después la designase directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Treinta y Tres.

Pero en enero de 2022 entró en vigencia un artículo de la Ley de Presupuesto que dispuso el cese de todos los pases en comisión de “funcionarios de las personas públicas no estatales”, como es el caso del IMPO, “debiéndose reintegrar en forma inmediata a su oficina de origen”. A raíz de esto, Elosegui cambió su vínculo con la Intendencia de Treinta y Tres.

“Recién en marzo de 2022 hago contrato de función pública cobrando el sueldo de directora [de Desarrollo Social] y, a su vez, en el IMPO paso a estar en pase a comisión con el senador Da Silva”, señaló Elosegui en referencia al redireccionamiento de su pase en comisión. Agregó que en ese momento hizo una consulta a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para “ver si es posible que una persona que pertenece a una empresa paraestatal [como es el caso del IMPO] pueda tener un contrato de función pública con una intendencia”.

La respuesta de la ONSC, a la que tuvo acceso la diaria, sostiene que los trabajadores de las personas jurídicas de derecho público no estatal “no ocupan un empleo público” y concluye en que “no existiría incompatibilidad en que una persona vinculada laboralmente con esa organización [el IMPO] sea funcionaria de la Intendencia de Treinta y Tres”.

“La solución jurídica fue esa”, dijo Elosegui. “En este momento trabajo a nivel político para el senador Da Silva en pase a comisión con el Diario Oficial y para la Intendencia de Treinta y Tres soy cargo de confianza”, resumió.

“Deja mucho que desear”

Para Jhans Acosta, edil frenteamplista de Treinta y Tres, “llama poderosamente la atención que una directora de la Intendencia, con un cargo de tanta responsabilidad como la dirección de Desarrollo Social, esté a la vez en comisión en el Parlamento”. En diálogo con la diaria, manifestó: “En lo jurídico no soy experto en la materia, pero en lo ético deja mucho que desear al estar ocupando dos cargos y aparentemente cobrando dos salarios”.

A su criterio, “una directora de Desarrollo Social debería estar abocada de lleno a las políticas sociales de la comuna”. “Más aún con las debilidades que tiene nuestro departamento en materia de empleo y de necesidades básicas insatisfechas. Estamos hablando de un departamento que está muy débil en lo que refiere a políticas sociales en los últimos tiempos”, agregó.

Acosta también apuntó contra el senador Da Silva, quien “continuamente está hablando del gasto innecesario del Estado y cómo se distribuyen los recursos”. A su juicio, que el legislador “tenga como asesora a una directora departamental que está cobrando dos salarios parece, por lo menos, incoherente”.

Consultado por la diaria, Da Silva dijo que como asesora “está encargada de la parte del este, Treinta y Tres y Cerro Largo, y cobra en el organismo de donde ella proviene”, señaló.

Asimismo, Acosta cuestionó “la falta de transparencia por parte del Ejecutivo departamental” en el acceso a la información pública. “Yo, como legislador departamental, hice un pedido de informes consultando cuáles eran los salarios que percibían los diferentes directores de la Intendencia y hasta el momento no hubo respuesta, como en 80% de los pedidos de informes que hacemos”, mencionó.

Sobre la situación particular de Elosegui, el edil frenteamplista afirmó que “sin lugar a dudas, cuando tengamos todos los elementos, evaluaremos la posibilidad de enviarlo a la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública]”.