La comisión de seguridad social del Frente Amplio (FA) presentó el lunes a la Mesa Política un informe sobre el contenido del anteproyecto de reforma previsional que divulgó el presidente Luis Lacalle Pou semanas atrás. Ese análisis marca que se dan “excesivas facultades” para definir aspectos relativos al régimen jubilatorio al Poder Ejecutivo y a la nueva agencia reguladora que se prevé crear, afectando la autonomía de las cajas paraestatales y del Banco de Previsión Social (BPS).

Si bien el documento avanza en algunos aspectos que el FA considera perjudiciales del nuevo esquema, desde la fuerza política se aclaró que el contenido es “de análisis” y no adelanta ninguna postura. También se dijo que se pactaron distintas instancias para que la comisión informe a la Mesa Política y aún resta la elaboración de un documento de análisis más completo.

Al referirse a los plazos de vigencia de la reforma, que establece un esquema de transición y aspectos que serán graduales, se afirma que “hay cambios importantes de aplicación inmediata”, como “el nuevo régimen de pensiones de sobrevivencia, las nuevas condiciones y montos de jubilación por incapacidad permanente para todo trabajo y la derogación de la bonificación” que mejora el cálculo de la jubilación por BPS a los trabajadores por debajo del primer nivel de aportación (71.726 pesos).

Asimismo, se analiza que “la concepción” de la propuesta del gobierno está “centrada en la reducción del gasto, sin analizar posibles fuentes alternativas o complementarias de ingresos”.

“Excesivas facultades”

Para el FA existen “excesivas facultades que se otorgan al Poder Ejecutivo y a la agencia reguladora” que propone crear el anteproyecto, un punto al que se vuelve varias veces. Por ejemplo, al hablar de las reglas para la distribución de los aportes entre el BPS y las AFAP, que ganan fuerza en el nuevo esquema, se marca que “hay facultades exorbitantes del Poder Ejecutivo” para decidir modificaciones en los criterios, y además “se libra a la reglamentación” del gobierno la forma de “compensarles la pérdida de aportes” a las cajas paraestatales “por el redireccionamiento” a las AFAP de parte de las contribuciones de sus afiliados.

A su vez, se recuerda lo dicho por el Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República a la comisión de expertos en seguridad social que convocó el gobierno: “Las atribuciones de regulación de la [nueva] agencia deben estar acotadas a la 'regulación técnica', dada la reserva legal que existe en materia previsional”; sin embargo, el FA subraya que “el anteproyecto parece apartarse de este concepto”. Sostiene esto porque la agencia puede dictar “reglamentos” con “carácter normativo”, contrariando “la potestad reglamentaria autónoma del BPS derivada del artículo 195 de la Constitución”.

“Castiga a las mujeres”

Un capítulo del documento se centra en analizar los cambios al régimen de pensiones de sobrevivencia, es decir la pasividad que cobra una persona dependiente económicamente de otra que falleció. Se advierte que las nuevas reglas se aplican de forma inmediata: “Si el fallecimiento de una persona en actividad o jubilada actualmente ocurre con posterioridad a la vigencia inmediata del anteproyecto, ya se generan nuevos requisitos para acceder a las pensiones de sobrevivencia”.

Tras repasar las variadas modificaciones propuestas, el FA evalúa que “el régimen de pensiones previsto por el anteproyecto es de una dureza inusitada” en comparación con el esquema actual, pero además “hace caso omiso de la brecha de género observable en el mundo del trabajo” con variaciones que “castigan muy especialmente a las mujeres”. Esto último hace referencia a que se “reduce a más de la mitad el tope de ingresos propios que admite para que la mujer pueda acceder a la pensión (de 215.000 a 100.000 pesos)”, y también al reducir “el tiempo por el cual se prevé pagar las pensiones”.

“Aumento encubierto de los aportes”

En el capítulo dedicado al régimen de AFAP se hace foco en el ahorro voluntario que busca fomentar el gobierno, esto son aportes de los trabajadores a las AFAP más allá de la contribución obligatoria del sueldo. El anteproyecto propone que los dos puntos de IVA que hoy se descuentan al pagar con medios electrónicos en vez de ir al consumidor vayan a su cuenta de ahorro individual para hacer crecer su futura jubilación.

Esto significa, según el FA, que “la plata que los trabajadores [hoy] se ahorran y que aumenta su ingreso disponible ya no la tendrán más”. Entonces, “no cabe duda de que se trata de un aumento encubierto de la imposición que recae sobre los trabajadores, un aumento encubierto de los aportes personales a la seguridad social”. En el documento se menciona con tono crítico que este es “el único cambio que el anteproyecto prevé en relación con el financiamiento”, y también que aunque la disposición está dentro de un título “que refiere a 'regímenes voluntarios', lo previsto [sobre el cambio en el descuento del IVA] es obligatorio para todos los trabajadores”.