Avanzado el análisis por parte de los distintos actores del anteproyecto de reforma de la seguridad social que divulgó el gobierno a finales de julio, se entró en la recta final previo al envío del texto al Parlamento. En esta etapa tanto el oficialismo como los sectores que se han posicionado en contra de la iniciativa observan que parte importante del partido se jugará en la forma de comunicar los cambios a la población.
Del lado del gobierno entienden que hay una “gran oportunidad” ya que, según la interpretación de una reciente encuesta, cuando se aporta “información” sobre el contenido de la reforma “la opinión pública cambia sustancialmente”, siendo mayoritario el apoyo. Del otro lado, los sindicatos prevén iniciar distintas estrategias de contacto con la ciudadanía, para “bajar a tierra” los cambios propuestos y refutar el “relato” que viene realizando el oficialismo, entendiendo este proceso como un “desafío” en virtud de las complejidades y los pormenores del esquema jubilatorio.
El tema de cómo la población visualiza las modificaciones al régimen previsional fue tocado el sábado en el congreso del sector Aire Fresco del Partido Nacional por parte de Rodolfo Saldain, que lideró el equipo que redactó el anteproyecto. De acuerdo a la presentación que divulgó El País, el representante del gobierno reveló los resultados de una encuesta de opinión pública que mostró que es “poca” la información que tiene la ciudadanía sobre los cambios jubilatorios, que son mayores las opiniones de “desacuerdo”, pero que cuando en la pregunta se aporta información sobre el contenido del anteproyecto crece el apoyo.
Esto se desprende de un estudio hecho por Equipos Consultores entre agosto y setiembre, con un margen de error de +/- 3,7%. Ante la consulta de si el régimen previsional debe ser reformado, si bien son mayoría las respuestas positivas, creció de 18% a 24% en seis meses la respuesta de que “se debe dejar como está” el sistema.
Otra consulta reveló que 49% está “algo” o “muy informado” sobre los planteos de la reforma, contra 50% no informado, incluyendo 34% que “no oyó” hablar del tema. Interrogados los encuestados sobre su posición sobre la propuesta de reforma del gobierno, 27% respondió positivamente y 35% negativamente, con 19% que no manifestó opinión.
Sin embargo, estos números cambian cuando en la consulta se brinda información de lo que se propone, aunque la formulación de la pregunta fue cuestionada por Pablo Andrade, secretario de Finanzas de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), que viene trabajando el tema de la reforma previsional tanto a nivel del sindicato como del PIT-CNT.
“La propuesta del gobierno es subir la edad de jubilación a 65 años, dejando fuera algunos sectores, como la construcción y los trabajadores rurales, que se seguirán jubilando a los 60 años. Para los sectores que sí se sube la edad de jubilación a 65 años, este cambio se hace de forma gradual”, dice parte de la pregunta de la encuesta. Si la reforma “es de esta forma”, 61% respondió de forma positiva, con 28% que dice que los cambios “no le gustan” pero “los aceptaría”. De acuerdo a la presentación que hizo Saldain, estos números muestran una “gran oportunidad de comunicación”, porque con información la gente apoya la reforma.
Para Andrade, esa lectura es antojadiza. “La información brindada [en la pregunta] no es cierta, porque por ejemplo se omite que en la construcción y el sector rural la persona debe haber aportado en ocho de los últimos diez años, es decir entre los 50 y 60 años de edad, para tener el beneficio de jubilarse [más temprano que el resto]”, sostuvo. Además, dijo que la suba del porcentaje de personas que prefiere no hacer cambios en el sistema puede leerse “como que el planteo del gobierno, que promueve que la reforma es urgente, no está en la población”.
A comunicar
El sindicalista de AEBU señaló que el gobierno tiene una estrategia “de defensa de la reforma” con el objetivo “de pagar los menores costos políticos”, y construyó “un relato” donde plantea que las jubilaciones más bajas se verán beneficiadas, lo que no condice con las simulaciones que han realizado AEBU y el Frente Amplio (FA) sobre los efectos de los cambios previsionales.
Para combatir ese discurso, Andrade comentó que tanto a nivel del sindicato bancario como del PIT-CNT se está diseñando “un plan de comunicación” para transmitir a la ciudadanía los pormenores del proyecto y rebatir “falsedades” del discurso del gobierno. “Se habla de jubilaciones que serán beneficiadas y no hay datos objetivos. Tampoco se habla de que hay alternativas si se quiere reformar la seguridad social, que no es sólo este modelo de financiación”, expresó.
“Se va a desarrollar una campaña de comunicación con la gente para mostrar el alcance y los impactos de la reforma, es un aspecto clave ese para que la sociedad discuta seriamente”, dijo Andrade. De todas formas, reconoció que se trata de un tema complejo para abordar de forma simple, ya que es “difícil” transmitir “el conjunto de aspectos que abarca el sistema y las modificaciones que se proponen”.
En una línea similar se manifestó ante la consulta de la diaria el economista Gabriel Regalado, que representó a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas en la Comisión de Expertos en Seguridad Social. La dificultad “queda de manifiesto” en la forma de comunicar del gobierno, “cuando a una reforma que tiene 307 artículos se la quiere disminuir sólo al cambio en la edad de retiro, siendo que hay cuestiones más complejas”, dijo Regalado.
Repasó que hoy día hay aspectos del sistema jubilatorio que son sencillos de entender como el porcentaje que se cobra ante una jubilación por invalidez o la tasa de reemplazo de la jubilación común, pero el anteproyecto establece “cuestiones más complejas”, con la incorporación de “coeficientes” para el cálculo y la entrada en juego de una mayor cantidad de variables. “Es parte del desafío explicar todo eso”, planteó.
Lo que viene
Según informó El País, Saldain tiene previsto reunirse esta semana con los ministros Pablo Mieres y Azucena Arbeleche, que lideran las carteras de Trabajo y Seguridad Social y de Economía, respectivamente, además de con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. En esas instancias definirán qué aspectos se modifican del anteproyecto, en función de los planteos que han realizado los socios de la coalición, y el lunes de la próxima semana Saldain mantendrá una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou. Luego de eso, está previsto que el gobierno envíe el proyecto de ley para que arranque la discusión en el Parlamento.
Hasta esa instancia no habrá un pronunciamiento del FA, según ratificó en declaraciones el viernes a Canal 5 el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. “Nunca nos vamos a expresar antes de que llegue al Parlamento, porque sería opinar de un proyecto que todo el mundo quiere cambiar. Así lo quieren Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que son parte del gobierno”, declaró.
“Todo el Uruguay conoce la necesidad de una reforma, después está el debate de quién paga esa reforma, de dónde salen los ingresos”, agregó el presidente del FA. También planteó que el equipo que formó la oposición, compuesto por 25 técnicos y exjerarcas relacionados a temas previsionales, ya analizó el anteproyecto y ahora estudia las propuestas que divulgaron los demás socios de la coalición. “Cuál proyecto llegará al Parlamento no tengo idea”, concluyó.