Un informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) concluyó que en la Dirección de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior (MI) persisten algunas fallas que fueron detectadas tres años atrás, en 2019. Por ejemplo, señalaron que las “principales observaciones” que tienen refieren a la “integridad de los montos retenidos y a las transferencias realizadas” por cada unidad ejecutora, como también a la “ausencia de designación formal de cargos” en las distintas áreas, en especial en Contaduría. A su vez, se resaltó que debe presentar la rendición de cuentas de la gestión realizada por el MI sobre el Fondo de Tutela Social a sus aportantes.
En el informe fechado a diciembre de 2022 se recuerda que, en 2019, la AIN identificó “debilidades” en la asignación de autoridad y responsabilidad, “las cuales inciden en la forma de trabajo” en la Dirección de Asuntos Sociales del MI.
En ese sentido, en uno de los puntos manifestaron que había una “ausencia” de designación formal de cargos en las áreas intervinientes, como también “falta y/o desactualización” de manuales de procedimientos y la documentación y reportes generadores de información, “a efectos de una correcta administración, control y toma de decisiones”, que se encuentra “disgregada sin visualizarse canales adecuados de comunicación entre las tareas intervinientes, [situación] agravada por los distintos vínculos jerárquicos a que responde cada una de ellas”.
Esto determinó que “en el caso de las omisiones y atrasos en los depósitos de algunas unidades ejecutoras, ni la unidad de nexo ni el Departamento de Contabilidad se comunicaran con estas, por entender que dicha tarea no está dentro de sus competencias”.
Por esto, consideró que entre los “riesgos” puede haber una “ausencia” de designación formal en los cargos de relevancia, lo que podría “impactar al momento del llamado a responsabilidad ante irregularidades”. En ese marco, indicaron que hay riesgo de “no cumplir en tiempo y forma” con los cometidos sustantivos para los cuales fue creado el Fondo de Tutela Social Policial, con el “consiguiente perjuicio para el personal policial obligado y beneficiario del mismo”.
El fondo, según la ley, tiene como cometido “propender al bienestar, mejoramiento y ayuda del personal policial en actividad o en retiro y a su respectivo núcleo familiar, planificando y ejerciendo además la supervisión y coordinación de sus dependencias”.
Como recomendación, la AIN dijo que el MI debería “definir, implementar y difundir” manuales de procedimiento, “a fin de delimitar tareas y responsabilidades en las diferentes etapas del proceso de recaudación”, como también formalizar la designación del personal “a cargo de las diferentes tareas intervinientes”.
Otros puntos
Por otra parte, se subsanó lo que refiere a la Integridad y Oportunidad del Fondo de Tutela Social Policial-Personal Eventual. La situación actual indica que “no se ha implementado controles” sobre los montos retenidos por las distintas unidades ejecutoras, “de forma de asegurar que dichos montos sean los que corresponde retener”.
En la auditoría de 2020 se constataron “diferencias” entre lo vertido a la cuenta del fondo y lo que fue retenido por las distintas unidades ejecutoras en el período de enero a julio de ese año. Por ejemplo, citaron que de un total de 2.407.986 pesos, a la fecha aún están pendientes de depositar 84.198 pesos. “Esto responde a que existen unidades ejecutoras que no realizan los depósitos respectivos”, apuntaron.
Por otro lado, se constató que en algunas unidades ejecutoras se realizaron depósitos “parciales o fuera” del plazo debido -tres meses-, “confirmándose un atraso de hasta seis meses”. Como recomendación a Asuntos Sociales del MI, se indicó que deben “definir e implementar” controles que permitan asegurar la “integridad” de los montos retenidos y las transferencias por cada unidad ejecutora.
En tanto, respecto de la transparencia en la gestión, en 2019 la auditoría detectó la “ausencia y debilidad de criterios y procedimientos tendientes a garantizar el manejo transparente” del Fondo de Tutela Social considerando su naturaleza de Fondo de Terceros. En ese sentido, detectaron que “no se llevan estados financieros que permitan mostrar la situación patrimonial, económica y financiera del Fondo”.
Además, se constató que si bien se hacen registros contables y se accede a balances, “no es una práctica sistematizada”. En esta oportunidad, la auditoría apuntó que de los registros contables remitidos “se desprende un criterio uniforme de registración contable que permitiría realizar un control y seguimiento”. Además, se informa que mensualmente se hace el ingreso a la contabilidad y luego “internamente” se asigna a la cuenta de vivienda el monto que le corresponde. Con relación a la Memoria Anual del Fondo, el MI dio cuenta de que aún “no se ha implementado”.
Estas observaciones se pueden traducir, según la auditoría, en un “inadecuado seguimiento de la gestión”, lo que puede impactar “en toma de decisiones erróneas o a destiempo”. Además, se señala que esto también puede implicar un posible “desconocimiento íntegro” del Fondo de Tutela Social Policial y una “falta de transparencia” hacia los aportantes del fondo, “lo que va en desmedro de sus derechos e impacta negativamente en la imagen del organismo”.
Como recomendación, la auditoría señaló que el MI debe presentar las rendiciones de cuentas de la gestión “respecto del Fondo de Tutela Social a sus aportantes”. Por estos cambios que se dieron, el nivel de “criticidad” pasó de “alto” en 2019 a “medio” en 2022. Los “riesgos” mencionados en estos dos últimos puntos continúan vigentes.