Con la firma de todos los ministros, el Poder Ejecutivo aprobó el 30 de diciembre un decreto para reducir los sorteos como mecanismo de ingreso a la función pública, que comenzará a regir en febrero.

Según explicó Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), se apunta a establecer el ingreso a la función pública por “un concurso obligatorio de oposición y méritos, únicamente por excepción de méritos y antecedentes. El ciudadano que se presenta para entrar al Estado tiene que hacer una prueba, tiene que capacitarse y prepararse, lo que hace que no se presenten tan masivamente como antes, lo que indefectiblemente terminaba en un sorteo”. Esto, dijo el jueves en rueda de prensa, ayudará a que “las personas que se presentan para ingresar al Estado no estén un año y medio sin saber qué pasó con ese concurso”.

El decreto señala que por “razones de economía y celeridad, y a los efectos de procurar una administración ágil y eficiente”, se plantean “ajustes a los procedimientos de planificación, reclutamiento y selección”, y establece que cada inciso debe hacer una planificación anual de sus necesidades de personal y enviársela a la ONSC. Por otro lado, también regula cómo serán los procesos para los llamados.

El documento señala que los concursos de ingreso a la función pública serán bajo la modalidad de oposición y méritos, aunque habilita a que “de forma excepcional, y por razones debidamente fundadas, se podrán realizar concursos de méritos y antecedentes previo informe favorable de la ONSC”.

En su cuenta de Twitter, Ramos explicó que el concurso de oposición y méritos será “la norma”, de forma que se “reduce bastante el tener que apelar al mecanismo del sorteo, que hoy es práctica corriente”. El director de la ONSC opinó que “el descrédito en los concursos de ingreso al Estado” es lo que hace que se piense en los sorteos como la mejor opción, pero puntualizó que “no es una buena herramienta de selección” y puso el ejemplo de una “vacante de secretaria ejecutiva o secretario ejecutivo. Se presentan 500 personas y diez de ellas tienen el curso, se sortean 30 y ninguna de ellas tiene el curso: perdió el Estado, es decir, perdió el ciudadano”.

El decreto establece los criterios que deberán seguir los incisos para solicitar los llamados, así como los procedimientos que deberá seguir la ONSC y aspectos sobre el tribunal evaluador y la forma de comunicación del concurso. También determina que la evaluación en el concurso de oposición y méritos se regirá según un total de 50 puntos por la prueba de conocimiento, 20 puntos por los méritos y los antecedentes, 15 puntos por la evaluación psicolaboral y 15 puntos por la entrevista con el tribunal (con variaciones si el llamado no incluye todas esas etapas).

Ramos aseguró que el decreto “es un comienzo” y que “hay que seguir innovando”, y puso como ejemplo dos objetivos: incorporar la inteligencia artificial a la evaluación de los currículums (que estarán digitalizados) y la “delegación de las potestades de contratar del presidente en sus ministros”.

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