Desde las 15.00 se desarrolló el llamado a sala en el Parlamento del ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, que asistió con el subsecretario Walter Verri, los presidentes de UTE, Silvia Emaldi; de Antel, Gabriel Gurméndez; y de Ancap, Alejandro Stipanicic, para brindar información sobre las tarifas y las políticas que se están llevando a cabo en los entes.

La miembro interpelante, la diputada Bettiana Díaz, comenzó su hora de exposición destacando la importancia de hablar acerca de “cómo se recarga y se sigue recargando el bolsillo de las familias uruguayas”, aunque dio unos pasos hacia atrás para detallar “la caída hasta ahora ininterrumpida del salario real” desde 2020, a pesar de que “los grandes números de la economía” como las exportaciones y el crecimiento general estimado por el Banco Central “sí se han recuperado casi que a los niveles prepandemia”.

Díaz aclaró, no obstante, que “la intención no es entrar en una polémica por salario”, pero que sí es parte del motivo del llamado a sala, puesto que se busca hablar “cómo además desde el Estado podemos tomar diferentes iniciativas para aliviar o no el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras”.

Si bien reconoció iniciativas del gobierno para “generar alivios”, recordó que fueron medidas que la oposición ha señalado como “insuficientes”, y es en este marco “que se da un aumento de tarifas este año”, aumentos que son “decisiones esencialmente políticas que están atravesadas evidentemente por una visión ideológica”.

Son estas decisiones “de gestión [y] de la planificación del desarrollo de las empresas públicas” sobre las que se está solicitando información, continuó la legisladora, algunas que tienen que ver con las “oportunidades de aumentar las transferencias de capital al gobierno central, transferencias que muchas veces podrían estar destinadas a aliviar la factura que pagan los uruguayos y las uruguayas”.

Otra de las decisiones que cuestionó Díaz fue algo que “ha pasado en todo el Estado uruguayo” que es “la caída del número de funcionarios de las empresas”; a las consultas realizadas con anterioridad sobre este tema, según la diputada, las autoridades responden que “se mejoran los niveles de eficiencia”.

“Cuando hablamos de cuál es el cambio principal, porque a veces no logramos identificar qué es lo que se está haciendo realmente de innovador en el desarrollo de distintas acciones en las decisiones que se toman”, se contesta también “que se está gestionando con más eficiencia, y una de las cosas que nosotros nos preguntamos es ¿quién se beneficia de esa eficiencia?”, sentenció la diputada.

Fue esta pregunta retórica la que disparó, si se quiere, las demás consultas de la legisladora, que estuvieron divididas por ente -UTE, Ancap y Antel-, puesto que si bien las preguntas en relación a los aumentos de tarifas, las proyecciones a futuro y la reducción de personal se repitieron, hubo temas específicos de cada uno que iban más allá de los aumentos per se.

Las preguntas

Sobre Antel, además de las preguntas que atravesaron a los entes, así como los proyectos futuros de la empresa de telecomunicaciones, Díaz consultó por “los motivos de retraso en la implementación del 5G” y cuáles son las fechas estimadas, además del territorio que se piensa abarcar.

Por otra parte, preguntó por el “estado de la negociación por compartición de fibra óptica con otros operadores” de telefonía, algo discutido hasta el cansancio durante 2022, así como la venta del espectro radioeléctrico, cuyo precio base se estableció en 28 millones de dólares, para lo que la legisladora pidió “datos de referencia” que se hayan tomado para especificar este precio.

La posibilidad de la portabilidad numérica, habilitada en la ley de urgente consideración, fue también motivo de consultas por parte de Díaz, que pidió saber “cuál ha sido el monto de inversión que ha debido realizar Antel para la implementación de la portabilidad numérica, para poder competir en términos de cobertura”, así como el gasto “en publicidad, marketing, promociones, desde la entrada en vigencia de la portabilidad numérica”.

En relación a esto, la legisladora preguntó por el defasaje entre los números de nuevos clientes que dio Antel, unos 111.000, y los de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), que estimó en 22.137.

En el caso de UTE, por ejemplo, las preguntas más específicas se concentraron primero en la cantidad de obras nuevas para la expansión, generación y acceso de energía eléctrica que se piensan desarrollar, así como “cuántas están en ejecución y cuántas están finalizadas al día de hoy para ver cómo se está acompañando”, especificó Díaz.

De la mano de esto, especificó que en el momento en que el FA dejó el gobierno se había dado cobertura a 99,7% de la población y consultó por los “retrasos a la llegada de ese 0,3% que quedaba por cubrir”, y asociada a esta consulta, preguntó por qué montos hay disponibles “para la inversión en electrificación rural”.

“A esto se le suma otra preocupación que queremos trasladar en términos de pregunta, que es la denuncia de la situación del stock de transformadores”, agregó Díaz, y preguntó cuál es el estado de situación al día de hoy, así como si existen otros materiales “con quiebre de stock a enero del 2023” y “cuáles fueron los motivos de esa denuncia sobre quiebre de stock que se estaba haciendo”.

Por otro lado, la legisladora se refirió al cambio de imagen corporativa que tuvo UTE recientemente y señaló que sólo se supo cuánto costó el cambio de logo, pero no el monto de “los gastos asociados” a ese cambio, como ploteos y carteles.

Más allá de los gastos, la legisladora preguntó por los ingresos y, en específico, por los cambios tarifarios, y dijo tener la impresión de que se intenta “liquidar” la tarifa de consumo básico, donde “hay un incremento del 25,81%”, que es “diferencial” al resto de las tarifas, según Díaz. La consulta entonces tuvo que ver con los motivos del aumento y “si se piensa seguir aplicando el incremento en la tarifa de consumo básico para los clientes que aún quedan en este régimen de tarifa”. Asimismo, realizó consultas sobre la situación de los “clientes libres”.

Otra de las consultas específicas para UTE tuvo que ver con los proyectos para “la incorporación de una nueva generación de energía eléctrica de origen eólico o fotovoltaico” y la posibilidad de importar gas natural desde Argentina.

Para Ancap, las preguntas se concentraron en la variación del precio de los combustibles y las previsiones en el corto plazo, así como saber si hay medidas “para que el precio de combustibles evolucione por debajo de la evolución del salario real”.

Atado a esto, la legisladora quiso saber más allá del impacto de la nueva fórmula para el cálculo de los combustibles -por Precio de Paridad de Importaciones (PPI)- y “cuál es el motivo de la variación que se registra entre el valor PPI Ursea [Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua] y el valor de las importaciones reales”.

Por otra parte, Díaz decidió tocar el tema de la sequía y consultó por las medidas extraordinarias “de rebaja” en este contexto para el sector agropecuario, así como el estado de la “coordinación interinstitucional” para paliar la situación.

Las respuestas

El ministro Paganini inició su exposición valorando que la comparecencia era “mucho más allá que el titular de la llamada” a sala, que se encontraron con una revisión general de todas las políticas” y que “con gusto” responderían. Expuso los ejes de su gestión hasta el momento: “beneficiar al usuario, lograr la mejor eficiencia posible y con los menores costos”. Asimismo, recordó que “las empresas sociales son una herramienta para resolver o mitigar problemas sociales y para impulsar el desarrollo en general”.

Desde la perspectiva del ministro convocado “el Estado estuvo presente” en el marco de la pandemia por la covid-19 y enumeró varias medidas adoptadas. Paganini expresó que los “problemas del salario real” se debieron a esas condiciones con un “freno en la actividad” y también atribuyó a “la crisis energética por la guerra en Europa” un impacto notorio en los mercados vinculados, por lo que “no podemos comparar contextos incomparables”. En tercer lugar, también mencionó la sequía como aspecto que incide en los costos de la energía en el país. “A nadie le escapa todo esto y que el gobierno lo manejó con responsabilidad”, destacó el ministro y argumentó que “los aumentos siempre fueron por debajo de la impresión, a excepción del combustible”.

Alegó que el gobierno “está siendo transparente con los precios y no los usa para recaudar como sí sucedía en el pasado”, cuando bajaba el combustible, pero “se mantenían los precios para recomponer las arcas de ANCAP”, lo que derivó en su capitalización.

Se refirió específicamente al “crecimiento de usuarios de la Tarifa de Consumo Básico (TCB)” de UTE, que “fue explosivo e injusto”, por lo que decidieron “focalizar los subsidios, porque hay algunos consumidores que no deberían” tener acceso a la TCB, porque no era un “mecanismo de subsidio correcto”. Además, expresó su reparo en el “aumento de un 20% en las tarifas, cuando su costo es 350 pesos” y aumentó “sólo 100 pesos”.

Sobre los aumentos en las tarifas, argumentó que “la inflación en 2022 fue de 8,29% y la proyectada para este año es 6,7%”, por lo que se tuvo en cuenta para tomar “decisiones de ajuste por debajo de la inflación en los tres casos”. “En Antel, en telefonía fija e Internet, 2,65% de ajuste, en telefonía móvil, 2%. En la UTE, en promedio 3,5% y en la tarifa residencial simple, que afecta a la mayor cantidad de gente, 3,25%”, enumeró el ministro. Esto es posible porque “estamos focalizando el subsidio”, sostuvo.

En Ancap, como se votó en la ley de urgente consideración, se pasó a “un régimen de revisión periódica más breve que la anual, tomando en cuenta el PPI” y “la situación financiera” para decidir el ajuste al alza o a la baja.

Paganini desarrolló que Antel está en un sector de la economía que “cambia drásticamente” y que iniciaron un proceso con dos objetivos: “inclusión, cobertura y reducción de costo con tecnología que permita un buen ancho de banda para todos los usuarios” y “agregarle valor al servicio para que se acceda a mejores contenidos”. Por esto, anunció que “la fibra óptica va a ser de cobertura total para el fin del período”.

Respecto de la portabilidad numérica, sostuvo que “aumentó la competencia” y logró “poner al consumidor en el centro” y velar para que “las compañías telefónicas, sean públicas o privadas, se esfuercen por brindar el mejor servicio”.

“No se pretendió nunca un éxodo masivo de clientes” con la portabilidad numérica, según el ministro. “Es una herramienta que incentivó la competencia y por la que se bajaron precios, hubo crecimiento de números nuevos en Antel, que ahora tiene un volumen mayor de nuevos clientes, compitió y lo hizo bien”, destacó Paganini y sentenció: “no hay competencia” cuando las empresas públicas cuentan “con la comodidad del monopolio” por la que no “van a perder a los clientes”.

Respecto del retraso en la instalación del 5G prometido, Paganini reconoció: “Sí nos hubiera gustado empezar antes”. Aunque agregó que “el retraso es de un año y poco, lo cual tampoco es para dramatizar”. Además, agregó que “tampoco es cierto que en 2G y 3G no estuvimos a la altura del continente”, ya que la velocidad fue similar a la de Brasil, Chile y Costa Rica.

Por otra parte, señaló un problema desde el punto de vista jurídico vinculado a la demora, luego de la subasta de la banda de 2.600 o de 2.6 Ghz, que se realizó en 2019, cuando compañías de televisión para abonados “sentían que el uso de sus bandas de frecuencia para telefonía celular iba a interferir con las bandas que tenían ellos, que eran adyacentes”.

Las empresas presentaron recursos pero no fueron respondidos ni tramitados por la administración del Frente Amplio, acusó Paganini, y añadió que tenían efectos suspensivos por parte de la Ursec y la Dinatel. Cuando asumió la coalición multicolor hubo un período de negociación de las empresas que buscaba “una solución de transacción que pudiera permitir el despeje de la problemática de interferencias entre los encendidos de torres de 2.6 por parte de las empresas que habían adquirido espectro, en particular, Antel y Movistar, sin afectar a los abonados de estas empresas de televisión”, particularmente en Montevideo.

Sin embargo, los accionistas de las empresas rechazaron el acuerdo y el gobierno decidió habilitar el encendido de las antenas de 2.6 a los operadores, a pesar de los perjuicios para los abonados de la compañía de televisión, por lo que se inició un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contó el ministro, que acusó de “negligencia” al gobierno anterior.

Además, señaló que en una nueva subasta de las frecuencias en el espectro radioeléctrico, que en 2002 se había otorgado por 20 años, se resolvió mantener el valor del costo, a pesar de que los estudios del mercado internacional indicaban que debía ser menor. No obstante, aseguró que la decisión “permitió avanzar con la definición de la subasta de 3.5 GHz para la utilización de 5G, que es en lo que estamos ahora”.

El pliego de la licitación para el proceso competitivo entre tres bandas -una de ellas reservada a Antel, que luego deberá pagar lo que oferten las empresas- será publicado a la brevedad y la subasta se efectuará en marzo, anunció. En cuanto a la base para competir, si bien un relevamiento de la Ursec indicó que debería ser de 28 millones de dólares, la cartera resolvió que sea de 30% más, dado que se estima que habrá poca puja entre dos operadores.

A su turno, Gurméndez dijo que, en términos de tarifas, el directorio de Antel adecuó sus precios a partir del 1º de enero de 2023, tomando en cuenta “la estimación y proyección de la variación prevista en sus costos”, sus proyectos de inversión y cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y destacó que no variaba el precio de la tarifa desde hacía 24 meses, período en el cual Antel pudo “exhibir los mejores resultados operativos, la mejor ganancia neta del punto de vista económico de la historia”, de 248 millones de dólares.

En cuanto a la consulta de la oposición por la transferencia de la empresa pública a rentas generales, dijo que en 2022 el directorio de Antel realizó un aporte de 118 millones de dólares, que “es aproximadamente el 53% del resultado económico del ejercicio 2022”, mientras que en el período de gobierno anterior se llegó a aportar 165% de los resultados económicos, “lo que quiere decir que las transferencias eran de una magnitud casi tres veces mayor en proporción” y “mayores en muchos casos a los propios resultados del ejercicio registrado”, criticó.

“No deja de ser paradojal que se iniciara esta comisión general con una reflexión de la señora legisladora de que estaba preocupada porque Antel estuviera compitiendo en un marco de guerra de tarifas, creo que dijo, o guerra de precios [...] Precisamente, si hay algo que puede interesar al consumidor, la gran noticia es precisamente que los operadores en competencia den las mejores competencias y los mejores precios, y que nosotros, los administradores responsables, hagamos todo lo posible, administrando nuestros costos y nuestros gastos y estrategias y nuestras acciones para poder llevarles esos mejores precios a nuestros consumidores”, manifestó.

UTE

Emaldi intervino para responder sobre las proyecciones del ente que preside y sostuvo que se proyecta a un horizonte de 25 años, gracias al último estudio técnico realizado sobre el consumo de energía, en el que se prevé que “en 2023, 2024 y 2025 la previsión de la demanda es un aumento de 2,1% hasta 2,5% y sobre 2047 se llega al 2,7%”.

Con base en esa proyección se elabora el plan de expansión del sistema eléctrico, por lo que “se estima que en 2026 se debería de incorporar el primer parque solar fotovoltáico de 100 megavatios” y en los años siguientes otras fuentes de energía renovable eólica y solar.

La presidenta de UTE destacó “el plan Uruguay 100% electrificado, que tiene como objetivo llegar a las 2.500 familias que no tienen acceso a energía eléctrica”, puesto que actualmente el alcance es de 99,8%. “El rol social de UTE se ha mejorado con respecto a cómo se mejoraba antes, porque se han focalizado los subsidios”, aseveró.

Respecto del cambio de logo de UTE, su presidenta fundamentó que debían “cambiar su imagen corporativa en el marco de un plan nuevo”, porque la anterior tenía 31 años. “No es sólo un cambio de logo, sino que es toda la imagen, el sistema gráfico y lo que respecta a comunicación”, expuso, y puntualizó que “se incluye dentro de la digitalización de todos los trámites y el monto fue de 40.000 dólares”. Aclaró que “no fue un gasto adicional, se eligió no hacer otras acciones vinculadas a la publicidad”. El proceso de sustitución de imagen “va a llevar muchos años”, pero “no tiene un costo adicional”. El cambio va desde los vehículos hasta las facturas y los uniformes. En resumen, alegó que es parte de los objetivos de la empresa: “ser cada vez más eficientes y estar cerca de las necesidades” de los usuarios.

Específicamente sobre las cifras de los usuarios, Emaldi mencionó que actualmente 237.000 cuentan con la TCB mientras que en 2021 eran 359.000, antes de implementar el Bono Social de Energía Eléctrica, con lo que respaldó al ministro en la línea de “focalizar los subsidios”.

Ancap

A su turno, Stipanicic respondió que los precios de las tarifas en el caso de Ancap “no son administrados, sino que son determinados según la lógica de los costos operativos de Ancap a través de los precios de mercado”, por lo que los precios de combustibles que hoy en día tiene Uruguay “reflejan los precios del mercado con un techo en la paridad de importación”.

Según el presidente del ente, se ha demostrado que, “desde que rige la paridad de importación”, en la mayoría de los casos, se vendió “por debajo de la paridad de importación, más competitivo que el mercado”.

“No está en manos de Ancap y menos del Poder Ejecutivo incidir en los precios internacionales del futuro, por lo tanto hacer proyecciones a futuro no es posible y tampoco es posible manejar la relación entre precios internacionales y costos o indicadores de la economía nacional como los índices de salarios”, agregó.

En este sentido, el jerarca sostuvo que dentro del directorio de Ancap se sienten “satisfechos” y “cómodos” con los resultados de la metodología aplicada, a pesar de que “el precio de Ursea está siendo más exigente que los costos reales de importación que ha enfrentado Ancap”; aunque no se explayó sobre la metodología utilizada por Ursea, puesto que “es pública en la web de la Ursea” y sólo especificó que la unidad “toma valores de referencia en el golfo para adicionarle todos los gastos de traslado”.

Asimismo, “en 2023 se prevén 116 millones de inversión en refinación y que van a impactar en una reducción de costos en el futuro para Ancap”, añadió el jerarca, que además destacó que actualmente “el margen de la refinería se sitúa en el orden de los 20 dólares por barril procesado”, lo que es “por debajo del precio de mercado”, mientras que “en el pasado el margen de refinación mundial era mucho más bajo y en Uruguay rondaba los cinco a ocho dólares por barril, pero con precios por encima de los precios de mercado”.

Sobre el rol de Ancap para paliar la crisis hídrica y los incendios que se dan en distintos puntos del país, Stipanicic aseguró que el ente y Alur están participando “en la solución para el alimento animal a partir de la provisión y la producción de alimento animal que hace Alur”, así como también se han puesto “a disposición del Sinae [Sistema Nacional de Emergencias] con el aporte de gasoil” y del Ministerio de Defensa “para el manejo de reservas hídricas”.

Cierre

Tras un debate entre los legisladores de la Comisión Permanente, se dio cierre a la comparecencia. En los minutos finales, el subsecretario Walter Verri destacó que “se respondió una a una las preguntas, si hay dudas, repregunten, porque hay voluntad de responder”. “Hablaban de la portabilidad numérica y ahora tampoco sirve que Antel haya empatado cuando decían que la íbamos a desmantelar”, lamentó Verri y destacó que “no movió la aguja de ninguna compañía y Antel ganó más de 100.000 clientes”.

En conclusión, Paganini cerró su participación destacando que “el gobierno se hace 100% responsable de la fijación de tarifas y de los precios” y que “el Parlamento tiene todo el derecho a llamarnos todas las veces que quiera y aquí vendremos y daremos todas las explicaciones del caso”.