La meta es noviembre, según los diputados que integran la comisión especial que estudia el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que buscan aprobar previo al comienzo del ciclo electoral, en 2024. Si bien en general hay acuerdo, en estos días tanto los legisladores oficialistas como los de la oposición pondrán sobre la mesa sus propuestas para encontrar los puntos en común.

En este sentido, este jueves el FA presentó un documento con propuestas de modificaciones al texto. En conferencia de prensa, el diputado frenteamplista Mariano Tucci explicó que las propuestas responden a “tres razones fundamentales”. Primero, a que “la política lo necesita”; segundo, a “que la gente lo reclama”; y, por último, a que “la coyuntura nos empuja, vinculado sobre todo a los peligros que Uruguay corre respecto de la operativa del crimen organizado”.

La idea, explicó Tucci, es “llegar a tener una ley de altísima factura técnica”, y, si “no se dota a la Corte Electoral de los recursos necesarios para que ejerza su rol de contralor, corremos el riesgo de estar elaborando un placebo, una ley inocua que en definitiva termine golpeando la credibilidad del sistema político”.

“Las propuestas concretas tienen que ver con el financiamiento privado de los partidos políticos, la publicidad en períodos electorales y el capítulo de sanciones”, además de agregar otro capítulo que habla de “los plazos de adelanto de dinero que el Banco República otorga a los partidos según lo que establece la ley”, además de reducir el porcentaje de las donaciones anónimas, y, por último, “a texto expreso colocamos la obligación del Poder Ejecutivo de dotar a la Corte Electoral de los recursos necesarios para el control de esta nueva ley”, apuntó Tucci.

De todas formas, lo central de la propuesta del FA está en “lo que tiene que ver con la publicidad en períodos electorales”, respecto de lo cual se hizo una modificación que atiende a “algunas voces del sistema político” que han “advertido públicamente que el rol de la Corte Electoral no es necesariamente comprar paquetes de minutos”, entonces, lo que el FA pretende agregar al texto es la obligación de que “la contratación de publicidad electoral” se realice “bajo la estricta supervisión de la Corte Electoral”.

“A tales efectos, la Corte Electoral citará a una audiencia para la celebración del acuerdo, el que no tendrá valor si no fuera reducido a un acta labrada por representante de la Corte Electoral”. Asimismo, se establece un precio único para los minutos de publicidad que todos los medios deberán acordar e informar 45 días antes de la elección interna.

De esta forma, señaló Tucci en la conferencia, “se garantiza el cumplimiento irrestricto de la norma” y se entiende que se “establece un procedimiento sencillo para los partidos y absolutamente garantista para los canales”.

Consultado sobre la postura del FA respecto del financiamiento de privados, Tucci aseguró que se mantiene su postura inicial “de que sólo podrán aportar las personas físicas, no así las personas jurídicas”, lo que tiene que ver “con algo conceptual y muy profundo para el FA”. “No queremos que las corporaciones empresariales coopten candidatos políticos; que después de que son electos sientan que le deben un favor al sector empresarial que financió sus campañas electorales”, sentenció.

La propuesta de la coalición

El presidente de la comisión, el diputado colorado Conrado Rodríguez, señaló a la diaria que la coalición entiende la necesidad de “quitar esa prohibición de que las empresas puedan donar” porque “no es lógico”. “Lo que sí entendemos es que obviamente las contribuciones de las empresas tienen que ser nominativas de las personas físicas y que tienen que tener un límite, un tope”, y que no puedan donar aquellas empresas “que tienen un grado de relación con el Estado”.

“Con ese tipo de limitaciones nosotros estaríamos de acuerdo con que pudieran contribuir; genera transparencia el hecho de que, si figura una empresa contribuyendo a una campaña, luego sea la gente, la opinión pública, la que pueda hacer un seguimiento de si luego esa empresa recibe algún tipo de beneficio por parte del Estado”, agregó Rodríguez.

La coalición presentará este viernes su propio documento, aunque, según prevé Rodríguez, “la distancia no es muy grande” con respecto al del FA, pero apuntó que en la anterior legislatura “no se habían tomado en cuenta las sugerencias de cambio de los partidos y el FA decidió llevar al plenario de la cámara la propuesta sin negociar”, por lo que la propuesta estaba diseñada “para algunos sectores del FA y no tenía en cuenta cuál era la realidad general de los partidos políticos”.