Este martes, desde las 10.00, en la Cámara de Diputados tendrá lugar la interpelación a los ministros de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, sobre las decisiones de gestión tomadas en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande desde 2020 a 2023, en relación a las contrataciones directas.

En la noche de este lunes, varios diputados blancos se reunieron con ambos ministros en el Palacio Legislativo para preparar la interpelación. Un legislador nacionalista dijo a la diaria que para la coalición es importante que el debate no se vaya de tema, y adelantó que los ministros van a explicar cuál es el funcionamiento de la CTM, “para poner en contexto” a los legisladores, dado que, por ejemplo, al MEF le llega el presupuesto del organismo y la cartera “lo único que tiene que hacer es financiar, no lo puede aprobar ni desaprobar”, y tampoco controlar. A su vez, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar, adelantó a la prensa que será la interpelación “más compleja” que les tocará afrontar.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA) Nicolas Viera, que será el miembro interpelante, dijo a la diaria que les interesa puntualmente hacer preguntas sobre “la gobernanza general de la delegación uruguaya en la CTM”. Por otro lado, habrá un bloque de preguntas sobre “todo lo financiero y contable, destinado particularmente a cómo se solicitan los recursos, cuál es el objetivo de su inversión y hacia dónde la delegación está planteando el tema políticamente”.

Otro bloque estará dedicado a preguntas sobre la gestión de personal, no solamente los ingresos por contratación directa sino también algunos ascensos, “y cómo se ha distribuido de acuerdo a las necesidades de gestión que tiene la represa en sí misma”, y también “ver cuál es la forma o los objetivos para repartir el dinero a organizaciones sociales o entidades públicas”.

El diputado subrayó que al FA le interesa que la interpelación sea “una oportunidad para el sistema político de poder resolver este tema de una vez por todas”. “Sabemos que la represa en sí es una inversión estratégica de Uruguay y Argentina y, por tanto, tenemos que preservarla. Para eso necesitamos tener una buena gestión. Entonces, tenemos que buscar la forma de controlar de ahora en más los recursos y ver cómo garantizamos que quienes estén allí gobernando no usen esa institución de trampolín electoral, tal como ha sucedido”, señaló.

Para Viera, “no hay dudas” de que hubo irregularidades en las contrataciones en la CTM e incluso “en algunos beneficios personales” que hubo; si se le aplicara “el derecho uruguayo, hasta computaría como corrupción, pero como tienen un régimen propio, que no es el derecho uruguayo ni el argentino, se ampara en el reglamento”. El diputado subrayó que ese estatuto de funcionamiento “se va adecuando a medida que las partes políticas van requiriendo hacer cambios”.

Puso como ejemplo que en 2023 se votó un nuevo estatuto, que es el que establece “determinadas pautas para retiros incentivados, que alcanzan hasta a los propios miembros de la delegación, y eso no pasaba antes”. Por lo tanto, al FA esas cuestiones le preocupan porque es “valerse de los recursos del Estado en beneficio propio”. “Y son las mismas voces que nos gritan diciendo que hay que achicar el Estado. Entonces, ahí hay un discurso demagógico que censuramos”, agregó.

Por último, Viera señaló que habría que revisar el estatuto de la CTM y subrayó que cambiarlo es un asunto de “neta voluntad política”. Además, puso énfasis en que es un organismo que no tiene “contralor opositor”, por lo tanto, el FA no participa en él. Así las cosas, para designar nuevos funcionarios se requiere la unanimidad de los miembros de la CTM -seis personas-, por lo tanto, Viera señaló que si el FA tuviera un lugar allí, cuando se presenta la designación de un funcionario, si el representante de la oposición se negara, “ese funcionario no entraría”.

“De ahí la importancia de tener contralor político, pero por algo no hay contralor político. Lo mismo pasa en la [Comisión Administradora del Río Uruguay] CARU: hay recursos disponibles, hay unanimidad en las decisiones y hay interés político electoral, sin contralor de la oposición. Se da un combo perfecto de impunidad absoluta a la hora de gobernar estos organismos”, finalizó.