El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) emitió una resolución este martes a raíz de la aprobación en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la nueva ley de medios, que derogará la ley vigente, aprobada en 2014. El proyecto, según supo la diaria, será tratado este jueves en una sesión extraordinaria de la cámara.

De acuerdo con la Udelar, si bien se le hicieron algunas “mejoras” en la comisión al articulado original, “la mayoría de los comentarios y observaciones que se hicieron desde la Universidad de la República, la sociedad civil y múltiples instituciones nacionales e internacionales afines a la temática no fueron considerados” y la iniciativa “no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación”, además de que “no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios”.

Asimismo, la institución expresa “su preocupación por los cambios legislativos vinculados a esta temática ya aprobados en las leyes de Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal de los últimos años”. En “los últimos tres años”, marca el texto, “se aprobaron modificaciones legislativas que habilitan a las empresas de televisión para abonados a prestar servicios de internet” y otras que “restringen el acceso a las frecuencias para las emisoras comunitarias”, mientras “renuevan las licencias de las radios y canales de televisión comerciales hasta 2030, incumpliendo los plazos de vencimientos legales”.

Por otra parte, las preocupaciones concretas que persisten en la Udelar respecto de los cambios que introduce la nueva normativa son varias. Una de ellas es que se elimina “un conjunto de instituciones” previstas en la ley vigente, como el Consejo de Comunicación Audiovisual, la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), las audiencias públicas con presentación de propuestas comunicacionales para la asignación de frecuencias de radio y televisión, la Defensoría del Público y la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional.

Estas instituciones permitían “avanzar hacia un sistema regulatorio de los medios audiovisuales con mayor independencia, transparencia y participación ciudadana”, señala la resolución de la Udelar, aunque aclara que tanto en este gobierno como en el anterior sólo han funcionado la Chasca y las audiencias.

Con estas eliminaciones “quedan en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Ursec [Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones], las decisiones sobre el uso del espectro radioeléctrico y la regulación de los medios de comunicación audiovisuales”, lo que aleja a Uruguay “de los estándares internacionales hacia los que el país había comenzado a avanzar en los últimos años”.

Si bien en la comisión se redujeron la cantidad de licencias de radio y televisión abierta y de abonados que podía tener un solo titular, lo que propone el proyecto igualmente supondría un aumento con respecto a la legislación vigente. Además, la Udelar marca que “se habilita también la transferencia de licencias a empresas extranjeras, aunque ahora dando cuenta a la Asamblea General”.

Aunque se trata de “mejoras que hay que reconocer”, esto último no quita que “de aprobarse estos cambios a la normativa vigente se posibilita un aumento de la concentración y extranjerización de los medios de comunicación”, lo que termina “afectando su pluralismo y diversidad, y por tanto los estándares de calidad democrática del país”. Los sistemas de medios “altamente concentrados” ofrecen, según la Udelar, “menos estímulos a la capacidad creativa” de los productores audiovisuales, de acuerdo con “la experiencia internacional y los estudios nacionales”.

El proyecto también prevé la eliminación del cobro a las empresas de televisión abierta por el uso de un bien público, además del pago al fondo de promoción del sector de comunicación audiovisual, lo que “afectará a la industria”, puesto que ambas recaudaciones “debían destinarse a la generación de contenidos televisivos”.

La Udelar advierte que “se perjudica así el trabajo de productores independientes, empresas nacionales y de toda su cadena de valor asociada”, y en consecuencia “afectará la difusión de las artes, la ciencia, la historia y la cultura uruguaya”.

Por último, destaca que el hecho de que el proyecto haya reincorporado “varias normas que protegen o promueven el ejercicio de derechos ciudadanos”, que en el articulado original del Poder Ejecutivo habían sido eliminadas, tales como “la objeción de conciencia por parte de periodistas, la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y los de personas con discapacidad en cuanto a su acceso a los contenidos audiovisuales”, merece “un reconocimiento a las organizaciones sociales que insistieron en que se mantuvieran y a los parlamentarios que atendieron estos reclamos”.

Intentar “recuperar el capítulo de institucionalidad”

En diálogo con la diaria, el docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar Gabriel Kaplún explicó que pareció “pertinente” enviar esta resolución al Poder Legislativo, porque “en general no se tuvieron en cuenta” los aportes de la universidad, además de ser evidente que hay “interés de la coalición de gobierno en sacar este proyecto adelante, [...] en estos dos años y medio hubo algunas otras decisiones que no están en ese proyecto, pero que fueron tomadas por Rendición de Cuentas”.

Si bien “hay una pequeña mejora en los niveles de concentración, que son un poco menos altos que los que estaban previstos originalmente”, aún “siguen siendo muy altos” y, según la apreciación de Kaplún, “parecen estar hechos para legitimar situaciones dadas, calculados en función de eso”.

Como es probable que la ley obtenga media sanción en la Cámara de Diputados este jueves, Kaplún adelantó que volverán “a pedir audiencia cuando el Senado lo trate”, para plantear “la importancia de recuperar el capítulo de institucionalidad, en el sentido de que haya instituciones de participación y transparencia”, e intentar que se reincorporen, “en lo posible, todas las que están en la ley vigente, aplicadas o no”.