Una veintena de preguntas fueron el puntapié para que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) diera respuestas sobre la sequía que atraviesa el país desde hace algunos meses, lo que valió que el gobierno, con asesoría del Comité de Emergencia Agropecuaria, declarara la emergencia a finales de octubre y decidiera extenderla por tres meses más hasta abril

La citación del Frente Amplio (FA) al titular del MGAP, Fernando Mattos, se dio por entender que las medidas que se tomaron hasta el momento son “insuficientes”. En ese marco, la Unidad Agro de la oposición elaboró distintas propuestas que el gobierno conoció una vez que les llegaron a las manos.

Mattos informó en el recinto parlamentario que estiman las pérdidas para el sector agro en 1.175 millones de dólares. De profundizarse la situación, “los efectos de esta sequía pueden ser mayores que los de la pandemia”, expresó en conferencia de prensa. Esta sequía, sostuvo en la sesión, “tiene características bastante más generalizadas” y ha “afectado a todos los productores: chicos, medianos y grandes”.

En ese sentido, señaló que es “absolutamente prioritario y atendible que los pequeños productores tienen un margen de maniobra mucho más escaso, tienen posibilidades mucho más limitadas para enfrentar las situaciones que el productor más grande”. Aun así, las respuestas del ministro no satisficieron al senador frenteamplista Sebastián Sabini, que encabezó la comparecencia.

En referencia a las preguntas del legislador opositor sobre el impacto económico, Mattos señaló que “no hay nada que pueda suplir el daño que está causando esta sequía”. “Es muy difícil evaluar, porque la seca no se sabe cuándo empieza y cuándo termina” y en unas semanas “podemos estar peor o mejor”, apuntó.

La pérdida que se estima es un 1,7% del PIB, casi 25% del producto sectorial: “Esto quiere decir que el impacto es importante”, lamentó. En el documento presentado por el MGAP se desagregan por subsector las distintas pérdidas. Por ejemplo, en la lechería se estima que se perderán unos 100 millones de dólares; en la ganadería de carne unos 440 millones de dólares, en especial, por los terneros no nacidos y la pérdida de peso vivo destinado a faena; otros 145 millones de dólares en “praderas perdidas” y 490 millones de dólares en agricultura de secano. Esto último con 1,08 millones toneladas no cosechadas y por la caída de rendimientos.

Otros de los impactos que informó el secretario de Estado tratan sobre el área que se verá afectada de ahora en más para diversas plantaciones. A modo de ejemplo, citó que el arroz tendrá un área comprometida en cuanto a potencial de rendimiento -unas 3.000 hectáreas-, mientras que en forestación se encuentran unas 800 hectáreas afectadas por incendios. Respecto de las pérdidas, rondan entre 10% y 15% para las plantaciones de primavera, y añadieron que se producirá entre 25% y 30% menos metros cúbicos. Todo esto es lo que se estima para este año, según el informe que elaboró la Oficina de Programación y Política Agropecuaria.

En tanto, la hortifruticultura, según el estudio que presentaron ante los legisladores, “tiene menores calibres y afectación en calidad”, como también “menores rendimientos y volumen de producción y pérdida de cultivos”. En suma, para la vitivinicultura se registró “una reducción de 20% en el volumen de producción” para 2023.

El incendio y la chirca

Tras la comparecencia, Sabini dijo en rueda de prensa que la administración que dirige Luis Lacalle Pou “pretende apagar un incendio con una chirca”. En agregado, pidió entender que la “enorme mayoría” de los productores rurales son pequeños y de familias, por lo que no tienen la capacidad de pago suficiente para endeudarse.

“Venimos de una situación que es muy complicada en materia de déficit hídrico y 80% de los productores no están siendo comprendidos en las medidas que toma el gobierno”, alertó Sabini, quien responsabilizó al gobierno de hacer un “recorte muy importante” en materia de políticas de desarrollo rural.

En ese marco, apuntó que más de 50% del presupuesto del MGAP está destinado a ello, pero lamentó que se “dejara por el camino” el programa “Más agua para el desarrollo rural”, que involucraba a más de 2.000 productores. “Se admitió en sala que fue por una cuestión de ahorro. Ese proyecto hubiera permitido abordar la sequía con otras herramientas que hoy no se tienen y es desesperante para los productores rurales”, afirmó el frenteamplista.

Por su parte, en sesión, el subsecretario del MGAP, Juan Ignacio Buffa, le contestó a Sabini que el proyecto “nunca” se detuvo, sino por el contrario. Eso sí, dijo, se hizo “sujeto a las restricciones que tenía” de índole presupuestal y también técnicas. “Para llevar adelante este proyecto, teníamos 800.000 dólares, de una demanda de 20 millones de dólares”, y agregó que durante todo el proceso del programa “tuvo la falta de coordinación” con la Dirección Nacional de Agua, que hoy depende del Ministerio de Ambiente.

Pese a eso, Sabini afirmó que tenía dinero del Banco Mundial y que eran 17 millones de dólares para llevar adelante ese proyecto en “su totalidad”. “La decisión fue no tener ese endeudamiento externo, cosa que es legítima, pero que no compartimos porque eran recursos bien orientados”, justificó.

Asimismo, Sabini sostuvo que después de esta situación “va a quedar un tendal”, por lo que Uruguay va a tener que “importar” frutas y verduras: “De otra forma es que vamos a tener una concentración del sector productivo a nivel de la granja. Se necesitan otras medidas”, indicó.

En síntesis, consideró que el Estado “tiene una mirada liberal” del sector agrario y que “está dejando solos a los productores”, ya que 98% de esas 50.000 unidades productivas son pequeñas y medianas empresas. El senador añadió que el gobierno “no puede hacer llover”, pero sí mitigar los efectos del cambio climático “tomando y gestionando esos riesgos”. “Nosotros como gobierno dejamos una serie de herramientas que permiten a este gobierno enfrentar la sequía de forma mejor”, indicó, y citó al Sistema de Información Agropecuario y el Fondo de Emergencia Agropecuaria.

Mattos dio cuenta de las gestiones que vienen desarrollando desde la cartera con relación al cambio climático. Por ejemplo, citó la “promoción de la sostenibilidad de los sistemas de producción como base de la adaptación”, como también el “fortalecimiento de sistemas de información para la toma de decisiones”. A su vez, dijo que hay investigaciones vinculadas a los “sistemas de producción resilientes”, como también políticas de riego y gestión de cuencas, además de las políticas de uso responsable de suelos y desarrollo de instrumentos de transferencia de riesgo y promoción de su adopción.

Respuesta “insuficiente”

Entre las medidas previstas por el gobierno se encuentra la postergación de pagos de la contribución de marzo a abril en casi todas las intendencias. En tanto, el Banco Central autorizó a los bancos, cooperativas de intermediación financiera y empresas administradoras de créditos a extender por hasta seis meses los vencimientos de créditos a plazo fijo o préstamos amortizables para empresas comprendidas en la emergencia agropecuaria, sin necesidad de recategorización de deuda. También se encuentra la prórroga de los vencimientos del Banco de Previsión Social para explotaciones agropecuarias hasta el 28 de febrero. Esta medida se estudia extender, indicaron las autoridades ante el Parlamento.

Por otro lado, UTE financia los costos de la energía eléctrica de enero, febrero y marzo, a pagar en seis cuotas desde julio a diciembre. Esto es exclusivamente para todos los consumidores de energía eléctrica agropecuarios. Hasta el 31 de enero el MGAP recibió 423 solicitudes.

Mattos valoró que “es natural” que “no haya una plena satisfacción” del nivel de las respuestas. “Es lo más natural que se interprete que se iba a ir por otro camino”, expuso. Sabini había dicho ante sus pares y las autoridades que el ministro es “consciente” de que “no alcanza con lo que se está proponiendo”, pues hay que volcar más recursos y “fortalecer la ayuda desigual a los más pequeños”. “Que se nos diga que no se descarta [tomar alguna medida más] nos parece una respuesta insuficiente”, apuntó el frenteamplista.