El Frente Amplio (FA) atraviesa una etapa en la que varios de sus sectores discuten internamente posturas y propuestas de cara al próximo Congreso de la fuerza política, que será en diciembre, y pensando en las elecciones internas y nacionales de 2024. En este contexto es que han surgido diversos documentos de las distintas agrupaciones que conforman la coalición de izquierda, y en varios casos aparecen llamados a realizar una reforma de la Constitución, aunque con distintas características.
Hasta el momento el FA no maneja orgánicamente ninguna propuesta de reforma constitucional y no está previsto que lo haga antes de las elecciones de 2024, entre otras cosas para no correr el foco de los comicios, en los que cree que tiene chances de vencer y regresar al gobierno. Dos sectores que alzaron la voz con planteos de este tipo, aunque apuntando a cambios diversos e incluso con métodos reformistas distintos, son el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Socialista (PS).
En la previa del plenario de su Congreso, que será el 18 y 19 de marzo, el MPP redactó un borrador de documento en el que señala “la inequidad territorial, falta de desarrollo y oportunidades en el interior”. Es que si bien “desde el gobierno de Pepe [José Mujica] se buscó avanzar en la descentralización universitaria, fortalecimiento de UTU y en la creación de la UTEC (Universidad Tecnológica)”, actualmente “muchas políticas en el interior están en juego, lugar donde, además, aumentó más la pobreza, existió mayor pérdida salarial y la inflación y el problema de precios más se siente”.
“Ello nos lleva a concluir que el interior debe ser abordado y exige, sin lugar a duda, una política de descentralización y desarrollo en serio, donde se destine parte del presupuesto de las empresas públicas, del presupuesto y la recaudación nacional. Debemos repensar el país desde una perspectiva nacional y no solo capitalina que incluya cambios estructurales en la matriz productiva. Debemos priorizar el interior y tener una política pública de desarrollo de talentos, con fuerte impronta territorial. Aquí tenemos un desafío, pensar una reforma constitucional donde se priorice un desarrollo integral del Uruguay”, apunta el texto del MPP.
Lucía Topolansky, exvicepresidenta e histórica dirigente del sector, manifestó a la diaria que el borrador de discusión congresal surgió de charlas abiertas sobre diversos temas, y que una en Florida, donde estuvo presente el intendente de Durazno, el nacionalista Carmelo Vidalín, tuvo que ver con la descentralización. Ahí se planteó “la necesidad de alguna reforma constitucional que le diera a la descentralización un estatus constitucional, de modo que no quedara al arbitrio del gobernante de turno sino que fuera una política de aquí en más”.
Expresó que es necesario realizar obras vinculadas a la educación formal, propiciar la instalación de empresas e invertir en infraestructura para lograr una mejor conexión, entre otras mejoras para el interior. Según dijo, esto supone “otorgarle más poderes de algún modo al Congreso de Intendentes”, y regular “de otro modo” los “dineros que van en este momento a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para las intendencias”, con el fin de que su distribución sea “más equitativa”.
“Esto parte de una experiencia ya hecha cuando se logra darle más recursos a la enseñanza y la Universidad de la República logra abrir sedes en el interior, se crea la UTEC, se generan polos de educación y de investigación, eso genera horizontes nuevos en el interior. Cuando aparece un emprendimiento como el de UPM 2, en el corazón más sumergido del país porque se negoció colocarlo ahí por esa razón, eso genera desarrollo ahí”, señaló.
Topolansky dijo que “este es un país unitario” y el objetivo planteado por el MPP es “hacerlo mucho más federal”, vinculado a “la concepción artiguista”. Sobre las posibles vías, dijo que es factible hacerlo mediante una ley constitucional, que en principio requiere dos tercios de los votos de cada una de las cámaras y luego una consulta popular. Es que entienden que “este concepto es transversal a todos los partidos” y “entonces estarían los votos”. “Lo hemos hablado con gente de los más variados pelos, de distintos pagos, y en este punto en concreto hay acuerdos”, sentenció.
Por otro lado, el PS tuvo en 2022 un Congreso que concluyó con un documento en el que planteó “bases para una alternativa de cambio social y propuestas socialistas para una vida digna”, y marcó la necesidad de una reforma constitucional para combatir desigualdades estructurales. Aquel texto estableció que “el FA particularmente necesita una actitud activa y más propositiva, retomando el camino de los cambios profundos, levantando el proyecto de un nuevo desarrollo para el país que trascienda un período de gobierno, con fuerza convocante e identificatoria, y la reforma de la Constitución es parte de ese proceso”. Además se entendió que “la reforma puede ser también necesaria para defendernos de algunos de los retrocesos en curso, por ejemplo en el campo de las empresas públicas, y de otros entes y recursos del Estado, generando mecanismos que los blinden y preserven su rol clave en el desarrollo productivo, social y económico del país”.
Gonzalo Civila, secretario general del PS, declaró a la diaria que hay una “convicción de que es necesario adecuar el orden jurídico institucional del país a una etapa nueva con desafíos democráticos nuevos”, entre otras cosas porque “el orden jurídico institucional actual está pensado en función de intereses minoritarios que obstaculizan el avance de propuestas transformadoras que vayan en dirección a la igualdad”.
Por tanto, el planteo socialista es “encontrar, en conjunto con el movimiento popular todo, cinco o seis grandes banderas” con temas “vinculados a las fuerzas armadas”, “la seguridad alimentaria”, “la economía y la propiedad social”, “la descentralización y la desconcentración del poder”, “los bienes públicos y asegurar que no estén supeditados a los vaivenes del mercado y los intereses particulares”. “No hay área de la vida social, económica, productiva y política del país que no pueda discutirse por la vía del debate de la Constitución, que es una ley de leyes”, expresó.
Dijo que para definir punto por punto la propuesta habría que acordar con las agrupaciones del campo popular, y marcó como mojón el denominado Congreso del Pueblo -liderado por el PIT-CNT junto a las organizaciones aliadas en la Intersocial-,que tendrá lugar en 2023 y donde podrían surgir planteos en esta línea.
Durante los gobiernos del FA, el PS propuso impulsar la creación de una Convención Nacional Constituyente, pero Civila explicó que en este momento político del país sería más viable ir a un referéndum junto a las elecciones nacionales de 2024 tras recoger firmas del 10% del padrón electoral. “Sería muy bueno para el país que la discusión del 2024, además de ser en torno a programas de gobierno, sea sobre proyectos de país, y para eso nos parece que la discusión constitucional puede ayudar”, apuntó el secretario general del PS.
Civila reconoció que actualmente “no es un tema que esté en la agenda de corto plazo del FA” pero señaló que su sector seguirá “insistiendo”, tratando de generar un “clima propicio”. “Nos preocupa mucho el alejamiento de amplios sectores de la sociedad de los grandes debates políticos y el descreimiento en la política, y esto socializa la discusión política y es interesante que sea parte de la agenda”, concluyó.