La Cámara de Diputados comenzó a debatir en la mañana de este lunes el proyecto de ley que reforma el sistema de jubilaciones y pensiones, en una jornada que estará centrada en la discusión del texto en general, para dar paso el martes al análisis y votación del articulado, que seguramente continuará de corrido hasta el miércoles.

Tras la lectura del informe en mayoría de parte del diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian como previa al apoyo de toda la coalición multicolor al proyecto, la representante del Frente Amplio (FA) Ana Olivera fue la encargada de leer el informe en minoría, que expresó el rechazo de la oposición. Pero antes de leer el informe, la dirigente comunista recordó que para el FA “sin lugar a dudas” es “necesaria una reforma de la seguridad social”, lo que “refiere a la integridad de la protección social, que no está contemplada en esta reforma”.

Además de eso, apuntó que esta reforma en particular es rechazada “por contenido y por forma”. Sobre lo primero, recordó que este proyecto “no solamente significa que la gente va a trabajar más, sino que además mayoritariamente se va a ganar menos”. También dijo que “esta ley obliga, más allá de los ingresos que se tengan, después de los seis meses de aprobada, a incorporarse al régimen de las AFAP”.

Y en cuanto a la forma, dijo que esta reforma, “que debía ser integral, con diálogo, con participación social”, tuvo “dificultades” en esta materia porque “la gran mayoría de delegaciones” que recibió la comisión que estudió el proyecto “se manifestaron en contra, comenzando por los tres directores sociales del Banco de Previsión Social”, representantes de trabajadores, jubilados y empresarios. También porque “diferentes gremios” expresaron su rechazo porque “el traslado a 65 años de la edad de jubilarse los perjudica porque ya tienen dificultades para llegar a los 60”. Y también “por cómo se procesó este debate”, que concluyó con negociaciones de último momento entre los diferentes socios de la coalición de gobierno.

Al leer el escrito, inició con que esta es “una reforma injusta que perjudica a las grandes mayorías y que tuvo un tratamiento irresponsable por parte de la coalición”. La exintendenta de Montevideo destacó que la bancada del FA en el Senado, donde se discutió el proyecto en primera instancia, “trabajó intensamente y logró suavizar algunos aspectos muy perjudiciales de la reforma”, pero en Diputados “nuevamente el tratamiento ha sido caótico y las idas y vueltas que han sucedido fuera del ámbito parlamentario hacen que no tengamos ninguna certeza de los impactos de lo que se está votando”, ya que “la solvencia técnica brilla por la ausencia”.

Olivera también indicó que “se trata de una reforma del siglo XX, cuando los problemas que estamos enfrentando son del siglo XXI”. Y continuó agregando que “el perímetro del debate se restringe aún más, pues la discusión del financiamiento de las jubilaciones y las pensiones sólo se aborda desde el lado de la reducción del gasto y no se hace absolutamente nada por incrementar los ingresos del sistema”. “No exigirles nada a los sectores más pudientes de la sociedad para que aporten ingresos al sistema de acuerdo a su capacidad contributiva, hace que esta reforma profundice la desigualdad y la torne injusta e inequitativa”, apuntó.

En definitiva, expresó que “es una reforma injusta porque busca contener el gasto sobre las espaldas de los trabajadores” y que “la población de menores ingresos se verá perjudicada por el aumento de la edad de retiro al barrer”. Puso como ejemplo que “se le exige a una trabajadora doméstica, a una cuidadora, a un trabajador de los frigoríficos, entre otros, llegar a los 65 años para poder retirarse, cuando claramente las condiciones en las que estas personas desarrollan su actividad diaria les hace muy dificultoso llegar a dicha edad”.

Pero también agregó que “los informes técnicos presentados por calificados institutos de investigación” muestran “cómo entre uno y dos tercios de los trabajadores obtendrían una menor jubilación a partir del proyecto”.

“Por todo esto decimos que se trata de una reforma que perjudica a las grandes mayorías: pierden los trabajadores, pierden las personas con discapacidad, pierden las mujeres y ganan unos pocos que son aquellos a los que la reforma no afecta”, continuó.