Por primera vez en tres años, no aumentaron los casos de amenazas contra la libertad de expresión o restricciones al trabajo de periodistas. Así lo relevó el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) en su noveno informe anual, que detectó 66 casos comprendidos entre el 1° de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, tres menos que en el informe anterior.
La evaluación se hace en base “a 12 indicadores comunes” con “un indicador transversal que visibiliza las situaciones con alerta de género”, según el informe, al que accedió la diaria. El de “restricciones al acceso a la información” es, nuevamente, el indicador que registra el mayor número de casos con 24, lo que marca “una vez más la fragilidad del cumplimiento de las normas que buscan la transparencia del accionar del Estado”, como la ley de acceso a la información pública.
“La respuesta negativa a los pedidos de acceso a la información, o muchas veces el silencio absoluto, se han convertido en una práctica habitual para varios organismos del Estado”, señala Cainfo; unido a esto, viene “el consiguiente deterioro de la calidad de la información que llega a la población y el aumento de la opacidad en la actividad de los funcionarios públicos”.
El otro indicador que se registró es el del “discurso estigmatizante”, es decir, los ataques verbales que buscan desprestigiar o desacreditar al periodista. Este indicador mostró un aumento de 14 a 19 en el último año, consolidando así “una tendencia que busca desacreditar y desprestigiar a medios y periodistas que difunden coberturas u opiniones que resultan molestas o irritantes a figuras públicas, especialmente vinculadas al gobierno”.
Por otro lado, si bien los procesos judiciales iniciados contra periodistas se redujeron –de 19 a 12– en comparación con el período 2021/2022, “todavía sigue siendo relevante la cantidad de personas públicas, funcionarios del Estado o particulares que recurren a este intento de amedrentar periodistas como forma de evitar que se difundan noticias que los involucran”.
La mayoría de los casos se concentraron en Montevideo (59), mientras que se registraron dos en Colonia, dos en Cerro Largo y uno en Maldonado, Durazno y Tacuarembó. En tanto, el Estado fue el responsable de 51 ataques, 11 con un origen “no estatal” y cuatro en los que “se desconoce el o los responsables”.
Asimismo, 22 de las víctimas fueron varones, ocho mujeres y en 36 de los casos fueron “grupos de periodistas, medios de comunicación o medidas que afectan masivamente como el Marco normativo contrario a estándares internacionales”, consigna Cainfo.
Restricciones y amenazas
A pesar de la reducción de casos, la situación de los y las periodistas en Uruguay “continúa siendo compleja debido a las restricciones y amenazas que se registraron en el último año móvil”, según Cainfo, que de todas formas señala que “el número de casos registrados se mantuvo en niveles muy cercanos a los del monitoreo realizado en 2022”.
La organización señala como el caso más contundente la amenaza de muerte que sufrió la periodista melense Silvia Techera “como consecuencia de sus reportes sobre las actividades del crimen organizado en la frontera con Brasil”. “Si bien la respuesta del Estado fue eficaz y permitió garantizar la seguridad de la periodista, Cainfo pudo constatar luego de una visita a la ciudad de Melo que las condiciones de trabajo de los periodistas que reportan sobre las actividades delictivas en las zonas fronterizas es particularmente compleja”, sin contar con “las garantías suficientes para el desempeño seguro de su trabajo cuando se trata de hechos delictivos”.
Al mismo tiempo, el informe agrupa varios casos que se dieron a raíz del caso Astesiano. 11 de los casos registrados tuvieron que ver con la cobertura de lo sucedido en torno al excustodio presidencial. En dos de los casos, “fue directamente el presidente Luis Lacalle Pou quien atacó a un sector del periodismo, considerando que tenían intencionalidad o vinculación política al informar al respecto”, pero sin “aportar elementos que respaldaran sus afirmaciones”.
“En otro caso, el mandatario también intentó vincular a periodistas del canal público TV Ciudad al Frente Amplio”, agrega el informe, lo que “consolida” la “tendencia creciente de estigmatización del periodismo por parte de voceros gubernamentales”. Para Cainfo, “ya se vislumbra la existencia de una estrategia dirigida a desprestigiar a determinados medios y periodistas que resultan especialmente irritantes para el gobierno”, lo que contradice el Marco Jurídico Interamericano de la Libertad de Expresión.
El caso más relevante, se consigna en el informe, es el de los periodistas de El Observador que decidieron publicar en sus cuentas de Twitter una nota censurada por las autoridades del medio, lo que “confirma la denuncia realizada en informes anteriores respecto a las presiones realizadas desde el gobierno ante coberturas periodísticas que le resultan irritantes”.
Finalmente, el informe exhorta a las autoridades nacionales “a pronunciarse públicamente contra los ataques, amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación”, además de recordar el creciente “hostigamiento por parte de funcionarios o dirigentes políticos” en redes sociales y “reforzar los procesos de transparencia en la difusión de la información pública”.