Rafael Lezama fue secuestrado en la calle, en Argentina, el 1° de octubre de 1976. Se presume que fue llevado al centro clandestino de detención y torturas Automotores Orletti, pero continúa desaparecido. Tenía 23 años.
Este viernes, 47 años después, su madre Alba González fue la encargada de leer el comunicado de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en la conferencia de prensa previa a la 28° Marcha del Silencio, que se llevará a cabo este sábado a las 19.00.
“Una vez más 18 de Julio se llenará de personas reclamando por verdad, memoria y justicia”, leyó González, para convocar a una movilización “que ha sido apropiada por la gran mayoría del pueblo uruguayo abrazando una causa que ha entendido como justa y necesaria”.
“Son infinitas las muestras de afecto y esperanza que se han volcado en este tiempo en forma de margaritas y fotos, intervenciones y recuerdos diversos en manos jóvenes y viejas que rompen el miedo mientras sostienen la memoria”, agregó.
La oportunidad es para volver a “reclamar por la verdad que las Fuerzas Armadas mantienen al día de hoy secuestrada”, prosiguió González, y recordó que “en repetidas ocasiones” desde Madres y Familiares han “reclamado por una respuesta del sistema político todo” y la necesidad de que “se entregue la información que sabemos que mantienen retenida”, exigencia que hoy se hace “con más fuerza que nunca”, en el entendido de que no puede continuar “siendo una búsqueda a ciegas”.
Para ello, “es necesario que quienes tienen la información la otorguen, es urgente quebrar el silencio y romper con la cultura de la impunidad”, con avances “lentos e insuficientes”, mientras que “el tiempo corre y seguimos sin saber qué hicieron con nuestros familiares, seguimos con una justicia incompleta que desoye el reclamo por verdad”.
El Estado, prosiguió, debe asumir “su responsabilidad” tal y como lo dicta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del asesinato de las Muchachas de Abril, y las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González. “Esta sentencia debe ser cumplida en todos sus puntos”, insistió González, en lo que sería “un gran avance y demostración” de que Uruguay está “dispuesto a trabajar para que verdaderamente nunca más haya terrorismo de Estado”.
La sentencia de la Corte IDH estipula que el Estado uruguayo debe realizar un acto público en el que se reconozcan los crímenes; si bien estaba previsto hacerlo en mayo, las negociaciones entre el gobierno y los familiares quedaron truncas por la ausencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien no tenía intenciones de participar.
En el comunicado leído por González, además, se alertó sobre los “discursos repetidos que intentan tergiversar la historia bajo falsos relatos que impulsan la teoría de los dos demonios”, además de “oscuras acciones que intentan beneficiar a criminales de lesa humanidad con la excarcelación”, en referencia al proyecto de ley de prisión domiciliaria impulsado por Cabildo Abierto.
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“Estos hechos hacen que nos encontremos en un campo de disputa constante por la verdad, mientras se dibujan proyectos que homologan los delitos cometidos por particulares con aquellos cometidos por el propio Estado”, señaló, también en referencia a un proyecto de ley, en este caso, el de reparación a víctimas de grupos armados.
Estos proyectos “en su conjunto” colocan “en la cuerda floja los compromisos internacionales asumidos en materia de derecho internacional”, continuó González, y se preguntó: “¿Cuántos pasos para atrás tenemos que dar en este país en las pocas conquistas alcanzadas?”.
Desde el hoy, en 2023, se continúa “reivindicando la verdad”, puesto que “la desaparición forzada es un delito permanente, porque nuestros familiares continúan al día de hoy secuestrados, han pasado muchos años, demasiados, y nos siguen faltando nuestros hijos e hijas, hermanos, padres, abuelos, vecinos, compañeras, amigas”. “Se los llevaron hace más de 50 años y aún hoy seguimos esperando respuestas”, sentenció.
Esta lucha, reiteró, la “cobija todo el pueblo”, que “ha tomado en sus manos la tarea de sostener la memoria, un pueblo que no calla y que reclama, que sostiene en su recuerdo, en cada rincón impensado: en un barrio o una tribuna de una cancha de fútbol, en un muro escondido de un departamento”. En todos esos lugares, “nuestros desaparecidos y desaparecidas están y estarán”, porque “este pueblo se niega a olvidar, aunque intenten callarlo, aunque se difundan mentiras o tapen sus consignas”.
Posteriormente, anunciaron que habrá 70 movilizaciones más que el año pasado en muchos puntos del país.