Durante el acto por el 1° de mayo, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, reivindicó “la necesidad de la reducción de la jornada del trabajo sin reducción del salario” y afirmó que “ya estamos quedando atrasados no solamente en el concierto europeo” sino en referencia a los “países vecinos de América Latina”. Este planteo abrió un debate político partidario con voces a favor y en contra.

Uno de los que habló el martes sobre el tema fue el presidente Luis Lacalle Pou, que en una entrevista con la emisora El Observador, de Argentina, dijo que “no tendría problema en discutirlo” pero que la carga horaria debe atarse a la productividad y el salario. “Pensar en una disminución de la carga horaria a rajatabla no me parece adecuado ni practicable”, señaló. “Son tres variables. Si trabajo menos, tengo menos productividad y gano lo mismo, no es lógico. Pero si trabajo menos, soy más productivo y gano lo mismo o más, es lógico”, agregó.

Más temprano, en el Senado, el dirigente del Partido Socialista José Nunes hizo una breve exposición en la que reivindicó el planteo sindical. Dijo que “en nuestro país se libró desde fines del siglo XIX la batalla por la jornada de ocho horas” y que “los gremios más organizados, fuertes y combativos lo lograron arrancar por medio de la lucha y la negociación colectiva, pero para que la misma se hiciera realidad para todas y todos fue necesaria la ley” de 1915, vigente hasta hoy, que fija en ocho horas por día la jornada laboral, aumentable aunque “en ningún caso excederá de 48 horas por cada seis días de labor”. Para los trabajadores rurales recién se alcanzó un régimen similar por ley en 2008.

Esta norma luego tuvo sus variables y, por ejemplo, para el rubro comercio se acordó bajar el límite de horas semanales a 44, y en otros sectores también se aplicaron medidas similares. Luego, y más recientemente, mediante la negociación colectiva se alcanzaron reducciones de jornadas laborales de algunas horas, como en la construcción, que también pasó a 44.

Pero Nunes planteó que “desde hace décadas y hoy con más fuerza” está sobre la mesa en el mundo “la necesidad de la reducción de la jornada laboral” por varias razones, entre ellas “el aumento notable de la productividad del trabajo y de la riqueza producida; la desigual distribución de la riqueza, asociada siempre a la propiedad de los medios de producción, que se profundiza cada día y que lleva a que contrasten niveles de lujo y consumo sin límites con la pobreza extrema, el hambre y miles de muertes por carencias de atención a la salud; y la creciente sustitución de mano de obra por máquinas e inteligencia artificial”. En este sentido, planteó que Ecuador, Venezuela y recientemente Chile han establecido una jornada laboral de 40 horas semanales y otros países se aproximaron, por lo que Uruguay debe plantearse ir “en esa dirección” y el Parlamento debe “recoger el guante lanzado” por la central obrera.

El planteo encuentra eco en otros sectores del FA, y el diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos dijo a la diaria que es “una discusión absolutamente pertinente en un mundo en el cual la humanidad produce lo suficiente como para tener bienestar de toda la población”. Encontró necesario debatir “cómo manejamos el ocio” de los trabajadores, para lo cual se requieren más horas, aunque reconoció que para un cambio en la materia es necesaria la “voluntad de muchísimas partes, no sólo la idea de los trabajadores sino disposición de parte del empresariado”.

Roselló plantea “una mesa de diálogo muy plural”

En el oficialismo hay variadas opiniones sobre el tema, además de la del presidente de la República. La diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló, quien ya había planteado antes de iniciar la legislatura que era necesario discutir la reducción de la jornada laboral, dijo a la diaria que está “a favor” de la idea de la central sindical aunque dada “la multiplicidad de sectores” que hay en el país no está claro “si podría hacerse con una ley porque cada sector tiene sus dificultades”.

Expresó que “a nivel de experiencia internacional hay un montón de ejemplos” de reducción de la jornada laboral sin afectación del salario y que no redundaron en una disminución de la productividad, y planteó que una posibilidad para Uruguay es armar “una mesa de diálogo muy plural integrada por todos los involucrados en el tema”, no sólo dirigentes políticos sino sindicalistas y empresarios, para “generar algún punto de encuentro donde entre todos podamos ver el punto de partida, por dónde comenzar” a aplicar la medida. En este sentido, afirmó que los trabajadores no buscan una reducción de su jornada por el simple hecho de que “quieran trabajar menos” sino “para compatibilizar con el ocio”, un derecho “que se ha dejado de lado” en muchos casos porque se trabaja “todo el día”.

Por último, apuntó que su partido “ha sido el abanderado del avance en materia de derechos laborales” con José Batlle y Ordóñez a la cabeza pero la ley de ocho horas se aprobó “hace 100 años”, por lo que es hora “de que en Uruguay se ponga este tema sobre la mesa”.

El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva discrepó con la lectura histórica que hacen los colorados y aseguró que el puntapié para la ley de ocho horas partió de un proyecto de 1905 de Luis Alberto de Herrera y Carlos Roxlo, ambos blancos. “Es un mito viejo que es una ley de Batlle”, dijo a la diaria. De todas formas, consideró que “adaptar” la ley de ocho horas “a una de seis, es inaplicable”. Por ejemplo, planteó que “es inaplicable en los comercios, que por definición tienen que estar abiertos para que el cliente vaya y compre”, así como “para el taximetrista, para el conductor de ómnibus o para el camionero es imposible”. Pero apuntó que, de hecho, en varias empresas, principalmente vinculadas a los servicios, “el tema de las ocho horas casi que no está, no hay exigencia de ocho horas, hay exigencia de productividad”.

Aseguró que está de acuerdo con “todo lo que tenga que ver con flexibilizar de común acuerdo las condiciones de trabajo” pero “las generalidades por ley llevan a un camino de desastre hacia actores privados que generan riqueza y que pueden verse damnificados”. En ese sentido, dijo que “la flexibilización a seis horas o menos y trabajar por productividad y objetivos se vio y se profundizó mucho más después de la pandemia”.

Para los empresarios, el debate “no parece oportuno”

Por su parte, Alejandra Picco, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, contó a la diaria que la idea es “tratar de impulsar esto tanto por la vía de los consejos de salarios, que es donde se reglamentan las condiciones de trabajo a nivel sectorial, y además la posibilidad de impulsarlo en una reglamentación más general”, algo más dificultoso por la diversidad de rubros y de regulaciones que se han dado. Sin embargo, dijo que se puede empezar por “bajar los techos de aquellos sectores que tienen semanas de 48 horas”. Planteó que, con esto, lo que se busca es que “los aumentos que se estén dando en la productividad se puedan distribuir” y que, incluso, al haber menos horas de trabajo pueda haber más oportunidades para quienes busquen empleo.

También apuntó que “la productividad de las personas tiende a ser decreciente a lo largo de la jornada”, por lo que la reducción quitaría aquellas horas con menor productividad.

Por su parte, Diego O’Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales –que nuclea a diversas organizaciones como la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara de Industrias y la de Turismo– dijo a la diaria que “no parece oportuno en el Uruguay de hoy” una reducción de la jornada laboral porque “los desafíos que tiene Uruguay por delante van por el lado del aumento de la productividad y esta sería una medida en dirección contraria”.

En todo caso, dijo que si lo que se busca es un aumento del empleo lo que “preocupa mucho” para eso es “la cantidad de gente que tiene pocas aptitudes para acceder al mundo del trabajo y sólo consigue trabajos de muy baja calificación”. Llamó a “encontrar los caminos para darle formación a toda esa gente y poder tener una población económicamente activa en condiciones de acceder a trabajos de calidad”. Además, dijo que se tiene “un desempleo inferior al de prepandemia”. “No nos parece que haya razones para pensar que la reducción de la jornada laboral sea necesaria para darle oportunidad a la gente que hoy no tiene trabajo”, sentenció.