El 10 de julio la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) le pagó cuatro millones de dólares a TeleCable, una empresa que brinda servicios de cable en La Paz y Las Piedras. La cifra, que fue abonada tras la pérdida de un juicio que le realizó la cableoperadora al Estado por los daños y perjuicios que le produjo la habilitación de otra empresa del rubro, Visión Canaria, triplicó la que había sido estipulada originalmente, por la demora en el cumplimiento de la sentencia.

Una de las dos propietarias de Telecable es Cable Video Uruguay Ltda, integrada por los hermanos Clarice y Tomás Romay, quien es el esposo de la exsubsecretaria Carolina Ache. Ambos nombres aparecen en un documento -presentado el pasado 20 de julio ante la Ursec y el Ministerio de Industria, Energía y Minería- al que accedió la diaria, como solicitantes de la suspensión del llamado a licitación que se prorrogó hasta el 2 de agosto, para prestar los servicios otorgados hasta el momento por la empresa dueña de Visión Canaria. Aunque estos no cuentan con la licencia para operar desde el año pasado, tienen la autorización para seguir operando hasta que la Ursec seleccione a una nueva empresa.

En el texto, los demandantes apelan a que “se suspenda o se deje sin efecto” la convocatoria “hasta que la revocación de la licencia de Val SRL se materialice en forma real (sin 'autorizaciones provisorias')”. De lo contrario, advierten que deberán cerrar la cableoperadora, “debido a la situación insostenible en que se encuentra, producto de las constantes acciones y omisiones de las autoridades, todas ellas conducentes a beneficiar a una empresa competidora ilegítimamente instalada en el mercado”.

Pese a que Val SRL obtuvo su licencia para prestar servicios en las ciudades de La Paz y Las Piedras en 2004, recién comenzó a operar en 2011. Esto es lo señalado como ilegítimo por los Romay, pues, según lo planteado en la solicitud, las bases del llamado por las cuales fue otorgada la licencia exigían que el licenciatario debía instalarse en un plazo de 12 meses. En el caso de no hacerlo, “el Reglamento de Licencias de Telecomunicaciones establecía y establece que la consecuencia de no cumplir con dicho plazo era una sola: la revocación debida de la licencia”.

La irregularidad había sido notificada antes de que Cable Video Uruguay Ltda lo hiciera por primera vez en 2011. De acuerdo a dos informes citados por los demandantes -uno de la Ursec, de febrero de 2008, y otro de Dirección Nacional de Telecomunicaciones, de mayo de 2011-, asesores de ambos organismos alertaron a las autoridades sobre la correspondencia de revocar la licencia.

Tras presentar “decenas de denuncias” sin obtener respuestas, realizaron el juicio por el que el Estado les pagó días atrás. La primera vez que la Justicia falló a su favor fue en 2013: la sentencia establecía que debía indemnizar los daños y perjuicios sufridos a partir del funcionamiento de Visión Canaria. En lugar de hacerlo, el gobierno dictó una resolución que confirmó la licencia cedida a Val SRL.

En consecuencia, Cable Video Uruguay Ltda realizó un nuevo juicio en 2019. Esta vez, solicitó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), además del revocamiento de la licencia, la anulación de la resolución del Poder Ejecutivo. Si bien tuvo éxito en ambos pedidos, la cableoperadora en cuestión siguió en pie y la indemnización del juicio civil no se concretó hasta este mes.

“El Estado ha tenido que pagar 155.210.499 pesos” -mientras al principio debía abonar 50.451.158 pesos- “por proteger a una empresa ‘amiga’, que sigue cosechando ganancias”, aseguran los denunciantes. A la vez, Visión Canaria “aún permanece tranquilamente prestando sus servicios en La Paz y Las Piedras, obteniendo ganancias por ello, mientras el Estado paga por los daños que su presencia implica”, agregan.

“Procedimiento ilegal”

Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom), quien se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter, dijo a la diaria que la licencia que el gobierno le otorgó en 2022 a Visión Canaria no tuvo “ningún tipo de fundamento legal”. Según el investigador, “no hay ninguna disposición en la Ley de Medios que habilite al gobierno a otorgar a dedo ninguna concesión de radio, televisión, ni tampoco de televisión cable”. Por lo tanto, “se trata de un procedimiento ilegal”, reiteró.

“En su momento me manifesté de manera contraria a este llamado, porque entendía que el decreto del Poder Ejecutivo cometía un error al otorgar a una empresa la posibilidad de seguir prestando servicio, cuando al mismo tiempo le revocaba la licencia”, dijo Pablo Siris, director de la Ursec por la oposición, en conversación con la diaria. Pese a que “era de extrema utilidad que se considerara lo que estábamos planteando porque no estaríamos en esta situación”, su postura nunca fue contemplada, contó.

“Lo que corresponde ahora es responder al recurso que la empresa ha presentado”, consideró Siris. Para eso se le ha solicitado un informe a la gerencia jurídica de la Ursec, que luego se elevará al Poder Ejecutivo. Respecto a la “serie de demoras” que denuncian los propietarios de Telecable, el director de la Ursec planteó que no son responsabilidad del organismo que integra, sino del Poder Ejecutivo.

Asimismo, fuentes del directorio de Ursec agregaron, en diálogo con la diaria, que el llamado es parte de una solución en la que el Poder Ejecutivo cumple con la sentencia del TCA en tanto “atiende la necesidad de los usuarios y los vecinos”. También explicaron que la resolución de la demanda de 2019 fue notificada a Ursec “recién en el 2020”, pero tras la aprobación de la Ley de Medios, la definición de autorización de una empresa ya no era su competencia.