Más de 1.200 entrevistas a funcionarios públicos sirvieron para diseñar en parte la reforma del Estado, que el viernes defendió ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la cámara baja el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos. “Se ha venido demorando, pero, finalmente, hemos podido tener un modelo consistente”, apuntó Ramos ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica.
Los más de 40 artículos se dividen en cinco áreas: por un lado, el sistema escalafonario, por otro, el sistema de carrera administrativa, la evaluación de desempeño, las funciones de administración superior y, por último, las normas de aplicación. Según estimó Ramos ante los legisladores, la reforma del Estado en general tendrá un costo de unos 520 millones de pesos, que equivale a 3,6% de la masa salarial actual, pero la decisión de implementarla estará en manos de la próxima administración.
Para Bettiana Díaz, diputada por el Frente Amplio, el monto que manejó el jerarca “es muy poco presupuesto, teniendo en cuenta el peso de las retribuciones en el sector público”. “Está claro que de los 296.000 vínculos con el Estado esto sólo va a aplicar para 11.000. Por tanto, quisiera saber si es de esos 11.000 vínculos que se generan las excepciones o si ya están restados”.
El “cambio de paradigma”
Ramos apuntó que en parte de la región “están yendo hacia un sistema de categorización y valoración de las ocupaciones”, pero “primero van a la ley y después van a ver cómo lo hacen, y ahí es que tienen unos problemas enormes”. “Nosotros aprovechamos este tiempo para hacer un trabajo de campo muy exhaustivo -podrá haber salido mejor o peor-, en el que se trabajó con los funcionarios y con COFE [Confederación de Organizaciones del Funcionarios del Estado]”, señaló el jerarca.
El director de la ONSC sostuvo que hay un “cambio de paradigma” en lo que determina la ocupación de un funcionario dentro de un escalafón. Con esta reforma, indicó, no se tomará en cuenta “exclusivamente lo que estudié, la cantidad de años o dónde, sino lo que hago y el valor público que eso puede tener”.
La carrera pasa a tener seis niveles de formación en vez de tener 16 grados. Ramos aseguró que con las reestructuras se está “tratando de corregir unos agujeros enormes, porque se tiende a sustituir cargos que están en grados de ascenso por cargos en grados de ingreso -porque se pueden hacer más de cinco ingresos sustituyendo los ascensos- y, entonces, se generan unas lagunas enormes en las pirámides de ascenso”.
Una vez que se apruebe la Rendición de Cuentas, Ramos dijo que sabrán en qué ocupación trabaja un funcionario, esa “ocupación a qué proceso pertenece -si es proceso de estado de bienestar, de políticas sociales, de procesos productivos, de apoyo a la gestión, de gestión humana o financiero contable-, y vamos a poder diseñar mucho mejor todo lo que tiene que ver con la capacitación, las políticas y la planificación”. “Ahora vamos a poder decir: en este proceso tenemos un sesgo de género muy fuerte o en este proceso tenemos dificultades etarias, porque tenemos involucrada gente muy mayor y tenemos que rejuvenecer. En definitiva, vamos a poder estudiar por procesos, como lo hacen otras administraciones”, expresó.
Según consta en la versión taquigráfica, con base en las entrevistas a funcionarios públicos, Ramos señaló que “muchas veces” el funcionario es “solvente” en su respuesta sobre qué hace en la administración pública, mientras que otras veces es “confuso”. “Uno hace mucha cosa y empieza a designar tanta cosa que parecería que tuviera diez ocupaciones al mismo tiempo”, sostuvo el jerarca, e indicó que a partir del trabajo realizado se identificaron 115 ocupaciones.
Por otra parte, hizo mención a la encuesta de motivación que se hizo a 40.000 funcionarios públicos en 2020, que arrojó que “una de las cosas que más les molesta a los funcionarios es que las evaluaciones no son conducentes para premiar al buen funcionario o castigar al mal funcionario y, por lo tanto, eso desmotiva mucho la tarea”.