Aclarando que no es una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo recordando el compromiso del presidente Luis Lacalle Pou expresado en su último discurso ante la Asamblea General, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respaldó en el Parlamento el proyecto de ley del oficialismo que pretende resolver la situación de los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda.

Los deudores en UR son un grupo aproximado de 20.000 personas que tomaron créditos estatales para la construcción de viviendas y entienden que fueron perjudicadas debido a la variable de ajuste de la UR: el índice medio de salarios. Por el aumento de los salarios en el largo plazo, además de ciertas cláusulas de refinanciación –como los denominados “colgamentos”–, sostienen que han pagado la casa más de una vez, pero siguen sin cancelar la deuda.

A casi un año de las elecciones, los senadores Carlos Camy, Sergio Botana y Germán Coutinho presentaron un proyecto unificado que, además de otorgar soluciones para los deudores en UR, establece la supresión del BHU y dispone el traslado de sus cometidos y sus funcionarios al BROU.

Ante la comisión que analiza el proyecto, el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco, sostuvo que a partir de la absorción del BHU por parte del BROU “se generarían sinergias que presentarían algunos beneficios al crédito hipotecario público”. Según la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria, el jerarca apuntó que el BHU ha perdido participación en el mercado hipotecario en el último tiempo: de los 1.800 préstamos que se otorgaron en 2010, “casi un 50%” correspondieron al BHU, mientras que actualmente “uno de cada cuatro de los nuevos [préstamos] los realiza el BHU y los otros tres son de privados”.

La fusión de ambas instituciones, comentó Blanco, “podría llevar a presentar menores tasas de interés” en el mercado hipotecario, dado que el BROU “tiene otros negocios que le generan ingresos” y “una red física mucho mayor que la del BHU”.

Al respecto, el senador del Frente Amplio (FA) Mario Bergara, exministro de Economía y Finanzas, dijo que “uno siempre tiene que estar abierto a la evaluación de la conveniencia de reorganizar las actividades que hace el Estado”; no obstante, afirmó que “una decisión de tal envergadura”, como la supresión del BHU, “es algo no menor y no puede fundamentarse meramente en la sugerencia de que pudiera haber sinergias”.

En tanto, Botana aportó a la discusión: “Acá hay que decidir si se cree en san Estado y se quiere defender estructuras públicas que no tienen razón de ser –porque mantener un banco para que otorgue tres créditos por día no parece lo más razonable, así como tampoco lo es mantener la banca pública hipotecaria para entregar a la banca privada todo el crédito hipotecario en el país– o mantener un banco que tiene de rehenes a sus deudores porque debe cobrarles tasas que los esquilma pues vive de eso y únicamente de eso”, en referencia al BHU.

Sin embargo, como la eventual fusión requiere una mayoría especial de dos tercios en el Parlamento, Botana puntualizó que “es formalmente posible” aprobar el capítulo de la reestructuración de deudas en UR sin el capítulo de la unión de los dos bancos estatales, pero manifestó que “el MEF y los senadores que presentamos este proyecto de ley también queremos resolver la cuestión del crédito público social hipotecario”.

La otra parte

Para los deudores en UR el proyecto establece la cancelación de la deuda siempre y cuando se reúnan determinados requisitos, como por ejemplo que el préstamo tenga 40 años de antigüedad. Para el resto de los casos se prevén beneficios, como la disminución de los intereses. Esto podría aprobarse con una mayoría simple. En total, el BHU resignaría unos 330 millones de dólares.

Blanco dijo que ese monto sería el costo “mínimo” y señaló que en la definición de los requisitos “se trató de considerar sobre todo el apoyo a las personas mayores”, quienes “en el correr de su vida tuvieron un cambio en sus ingresos como consecuencia de que pasaron de ser activos a jubilados”, lo cual “los llevó a realizar refinanciaciones para poder achicar su cuota”.

Para Bergara, la reestructuración no debería ser “solamente un tema de la edad de las deudas, sino también de cómo se comportó el deudor en todo ese período”, porque no es lo mismo un deudor “que venga pagando lo más puntualmente posible” a otro con “largos períodos de incumplimiento”.

El senador del FA planteó incluso si es necesario aprobar una ley para resolver el problema, ya que la quita de intereses “ya se viene haciendo en el caso de miles y miles de deudores que, con problemáticas similares, han avanzado en una solución”. Y deslizó: “Podríamos hacer una minuta de comunicación manifestando la preocupación de que estos casos se resuelvan con criterios” similares a los que establece el proyecto, y así evitar a “obligar a refinanciar por ley, [que] tiene otros impactos, eventualmente para el mercado futuro, así como reputacionales”.