“Cerrado por duelo hasta nuevo aviso”, dice la hoja que permanece hace días en la puerta de la joyería Díaz Píriz, ubicada en la calle 8 de Octubre, entre José Serrato y Larravide. Algunos centímetros debajo, sobre el suelo, alguien dejó un ramo de rosas para recordar a Giovana, la mujer baleada el viernes 21 de julio durante una rapiña al negocio de su familia. Alrededor, decenas de personas comienzan a amontonarse para manifestarse en su honor.
El hecho tuvo lugar a las 15.00, por eso, los comerciantes de La Unión decidieron suspender sus actividades y cerrar los establecimientos en los que trabajan, a la misma altura de la tarde de este viernes. Entre los presentes se encuentran tanto vecinas que se acercaron para acompañar y realizar “un acto de solidaridad”, y familiares y amigos de la víctima, como negociantes preocupados por la situación de la seguridad en el barrio.
Nelly Silva, integrante de la comisión directiva del centro comercial de La Unión, asegura en diálogo con la diaria que se trata de “un hecho aislado”. Sin embargo, una gran parte de los manifestantes consideran lo contrario y reclaman que exista una mayor presencia policial en la zona. Al grito de “¡Justicia, justicia!”, acompañado por aplausos, hombres y mujeres deciden cortar la calle, aunque no cuentan con la autorización, para dirigirse a la Seccional 15ª, que se encuentra a un par de cuadras, a solicitar explicaciones.
“Sabemos que hay hambre pero no maten”, enuncia un cartel que sobresale entre la gente. A pocos metros, Paula Cabrera, una trabajadora, afirma ante la prensa que necesitan “amparo” por parte del Estado, porque se sienten “vulnerables”. “Todos los días estamos viendo que un laburante distinto arriesga su vida por el pan, por la comida, por la olla”, cuenta, y agrega que toda la comunidad le ha pasado de ser amenazada por ladrones. “¿Dónde quedaron los cinco mejores años?, ¿dónde están las estadísticas que dicen que estamos mejor?”, cuestiona con referencia al actual gobierno.
Al llegar a la sede policial, las personas solicitan que salga el comisario Luis Burgos para intercambiar sobre lo sucedido y trasladarle dudas, pero les responden que sólo recibirán a dos representantes en el interior del lugar. Tras varias consideraciones, finalmente ingresan dos familiares de la víctima, Silva, y otra integrante de la comisión directiva del centro comercial de La Unión.
“Ya se está trabajando con datos muy certeros” para alcanzar a los que cometieron el delito, explica Silva, después del breve encuentro, ante quienes la esperaron. “Con respecto al tema de la seguridad, tenemos pedida una reunión con el jefe de Policía de zona para pedir más patrulleros”, anuncia. Además, establecieron que se sumen una patrulla, una moto y un móvil en los alrededores de la calle Larravide. De acuerdo a Silva, lo fundamental es “darles tranquilidad a todos los comerciantes y a todos los vecinos” y “que paguen los culpables”.
Cuando la mayoría de las personas retornaron a sus actividades, minutos antes de las 16.00, llegaron al lugar el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Matías Terra, y el asesor del ministro del Interior Luis Alberto Heber, Andrés Capretti. Tras dialogar con algunos comerciantes dentro de la comisaría, ambos escucharon las quejas de los vecinos.
Una de las demandas más difundidas es el aumento del patrullaje. Si bien el comisario responde que ya se ha atendido ese pedido, asegura: “Vamos a volver a plantear a ver si se pueden aumentar aún más”. Asimismo, “está muy avanzada la investigación, todos los días se están generando nuevas pruebas” que se están “elevando a Fiscalía”, cuenta al ser consultado sobre el asesinato de Giovana.