Este miércoles, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, compareció ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de Rendición de Cuentas. Además de dar a conocer los resultados de un relevamiento que detectó un crecimiento de 48% de personas a la intemperie en comparación con 2021, presentó los objetivos para el próximo año y reiteró la necesidad de trabajar en materia de salud mental y adicciones.
Tras mencionar la creación de la Unidad de Salud Mental y Adicciones, el ministro resaltó la propuesta de un “sistema de atención integral” para las personas en situación de calle y las recién salidas de centros de privación de libertad. “Este es un proceso que ya comenzamos”, contó Lema. El jerarca explicó que en la actualidad el Mides cuenta con 385 cupos en centros de 24 horas, dedicados a la atención en salud mental y adicciones. Para 2024, el objetivo es elevar la cifra a 600, a través de casas de medio camino y una nueva herramienta: los “vales de tratamiento a adicciones”.
Para acceder a ellos, se debe presentar “un alto riesgo” en el consumo problemático de drogas. “No son tratamientos para personas que presentan usos leves o moderados”, aclaró Alfonso Arocena, asesor técnico del Mides en Salud Mental y uso Problemático de Drogas. Los beneficiarios pueden ser derivados por cualquier equipo técnico de la Red Nacional de Drogas. “También puede ir una persona al Mides, preguntar por el área de salud mental y solicitar este ingreso; lo que tiene que presentar la persona son los criterios de ingreso”, agregó el asesor.
Asimismo, buscarán agregar 40 nuevos centros diurnos y dos lugares “especializados en atajar situaciones que estén relacionadas a problemas de salud mental y adicciones, que den respuesta inmediata”. Sobre ellos, Lema dijo que “van a permitir más de 1.000 intervenciones por mes” y explicó que la idea es que sus usuarios puedan ser derivados “rápidamente” a un tratamiento. “Van a ayudar mucho, no solamente a descongestionar el sistema de salud, sino a darle a la persona una respuesta en el momento”, argumentó. De acuerdo al ministro, la atención inmediata es fundamental porque, si no, se “entra en una situación crónica”.
“Tenemos que romper una tendencia de años de aumento permanente de personas en situación de calle”, afirmó Lema tras presentar las diferentes metas para revertir la problemática. Luego de plantear que todas las mediciones desde 2006 en adelante evidencian “un gran problema”, el ministro se refirió a los resultados del último censo realizado. “Cuando estábamos pasando en limpio [los datos], decíamos: 'Pero los problemas son los focalizados que conocemos'. Por eso es tan importante esa proyección de salud mental”, subrayó.
Por su parte, Arocena señaló que la información recabada arroja que “el 24 % de las personas que están en calle declaran tener problemas de salud mental y el 20 % estuvo internado” por esa razón. Mientras tanto, en materia de adicciones, “el 90 % de las personas que están en calle declaran tener uso de drogas” pero no consideran que sea un uso problemático. “Podemos deducir que si el 30 % o 40 % estuvo internado a causa del uso de drogas, evidentemente, más del 30 % o 40 % presenta un uso problemático de drogas bien claro”, interpretó.
“Se promovió la cultura de que vivir en la calle es un derecho”
Uno de los cuestionamientos reiterados por representantes del Frente Amplio (FA) estuvo vinculado a las definiciones de situación de calle e indigencia utilizadas por el Mides. En principio, Lema respondió que “calle es refugio e intemperie”. Después, la economista Annick Peter, coordinadora de gabinete, contestó que lo que caracteriza a la indigencia es un “criterio monetario”. Este es el parámetro que se analiza para permitir el acceso al Plan de Alimentación Territorial, enmarcado en el Sistema Nacional de Comedores. Lo que se busca es “ver si la persona está privada de acceder a los alimentos de primera necesidad, es decir, a la canasta básica de alimentos”, amplió.
Tras recibir otros cuestionamientos de la oposición, el ministro aseguró que “hay una contradicción entre los hechos y lo que se dice”, pues cuando se quieren realizar acciones para que las personas en situación de calle puedan ir a lugares donde sean atendidos, “no levantan la mano”.
Cuando alguien que está a la intemperie se niega a recibir ayuda hay dos opciones: “Mirar para el costado o atenderla aún contra su voluntad”, afirmó Lema. En ese sentido, recordó que promovió la internación involuntaria para aquellos que tienen “problemas de consumo de sustancias psicoactivas y pueden generar un riesgo para sí o para terceros”, pero “el FA votó en contra”.
“Durante años se promovió la cultura de que vivir en la calle es un derecho, pero para nosotros es la ausencia de una cantidad de derechos”, añadió. Si hay “gente que se niega a pesar de que siempre hay cupos disponibles, porque hay 100% de respuestas”, lo que corresponde es “actuar, independientemente de que la persona quiera o no”. A la vez, el ministro se refirió al trabajo de la Intendencia de Montevideo y dijo que también debería responder a los casos de “uso indebido de espacios públicos”.