El gobierno se apresta a presentar un proyecto de ley para “salvar” las finanzas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), entre este viernes y el lunes de la semana que viene. El tratamiento de este proyecto, como el de la Caja Bancaria, tendrán un trámite exprés para que no se solapen con la campaña electoral, dado que el artículo 229 de la Constitución indica que “el Poder Legislativo no podrá aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las partidas de jornales y contrataciones, en los 12 meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias”.
Tras una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, este martes, la Asociación de Afiliados de la CJPPU afirmó que el proyecto del gobierno tomaba como base el anteproyecto presentado por la CJPPU, aunque desde la institución aclararon que se esperan modificaciones. Fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indicaron a la diaria que hasta este jueves el proyecto no estaba cerrado, pero que está previsto que se envíe al Parlamento este viernes, junto con el de la Caja Bancaria, cuyas bases aprobó la asamblea general de la Asociación de Bancarios del Uruguay en agosto.
El director secretario de la CJPPU, Blauco Rodríguez, repasó en diálogo con la diaria que en las reuniones con Mieres se hicieron todos los “análisis estratégicos” para saber si había una mejor salida para “poder salvar la caja”, dado que, de “no hacer nada”, se prevé que para fines del 2024 no habrá capacidad presupuestal para cumplir con las obligaciones, que “es nada más y nada menos que el pago de jubilaciones y pensiones a los profesionales”.
Según Rodríguez, desde la CJPPU quedaron “muy conformes” con el anteproyecto presentado meses atrás. “Un resultado objetivo de eso es que va a salir el apoyo financiero del Estado”, sostuvo, y señaló que desde el punto de vista de la gestión la “única salida posible” para la situación crítica que hay en la caja, dado que se viene de “diez años de balance negativo y de un agujero de muchos millones de dólares”, implicaba que los profesionales aportaran “todos”.
En ese marco, recalcó que en el directorio hay dos representantes del Poder Ejecutivo, por lo que había una “coparticipación” de dos lustros de “balance y números negativos” y donde “no se tomaron decisiones a tiempo”. “Este anteproyecto [que fue tomado como base] es el mejor para la situación actual y la coyuntura en la que estaba la caja y las posibilidades de salida. Esto va a generar ganancias de tiempo”, agregó, en el sentido de que “esto solo no salva la caja pero sí le alarga la vida, le da más años y da tiempo para un cambio de paradigma de fondo de la caja, que es lo que hay que hacer”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Afiliados de la CJPPU, Cristina Muguerza, dijo a la diaria que las soluciones que se planteen en el proyecto “no deben ser perjudiciales ni para los afiliados ni para la caja”. El “problema”, dijo, es que “parece” que el proyecto definitivo de esta ley “parece ser muy secreto”: “El ministro nos dijo en una entrevista el martes pasado que se habían hecho muy pocos cambios y sobre todo apuntaban a la etapa de transición”.
Según Muguerza, Mieres les dio “alguna tranquilidad” al decir que iba a haber una asistencia financiera para la Caja. No obstante, expresó que lo que reclamaban era que esa asistencia financiera fuera la devolución del IASS que aportaron los profesionales”, pero el ministro adelantó que eso no se iba a dar.
Muguerza indicó que con algunos artículos del anteproyecto que presentó la CJPPU “están en desacuerdo”, pero también hay otras cuestiones que aceptan. Por ejemplo, creen que las reformas paramétricas “se tienen que dar”, como también el cambio de la edad de retiro, pero “ni que hablar que con el descuento a los pasivos estamos en total desacuerdo”. En caso de que exista ese artículo y se apruebe, adelantó que apelarán a “recursos legales” porque es “inconstitucional”.
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El Parlamento tendrá poco más de un mes para estudiar la ley. El diputado frenteamplista Gabriel Otero criticó, en diálogo con la diaria, que “no hay duda de que la única solución que el Poder Ejecutivo ha planteado es que la financiación de las reformas jubilatorias la paga el trabajador”, y sobre el caso de la CJPPU consideró que su crisis está “basada fundamentalmente en la administración, pero también en la falta de regulación que tuvo por parte del Estado”.
En ese sentido, sostuvo que hay que buscar el “salvataje” de la caja “intentando dialogar con los que le aportan, los profesionales y llegar a un acuerdo mínimo y que se pueda sostener en el tiempo”. “No vemos una solución concreta para la caja y creemos que largarlo así, un mes antes, cuando casi no se va a poder discutir, no consideramos que se esté en lo correcto”, expresó.
En tanto, la diputada colorada Maria Eugenia Roselló dijo a la diaria que van a analizar el proyecto con detenimiento para ver “si es la solución correcta”: “Ojalá se encuentre una solución rápida, porque la situación urge por una cuestión de estado crítico y también por una cuestión de las plazas constitucionales, que nos obligan a tomar una decisión un poco rápida para poder salvar la caja”.