Después de que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) modificara por decreto la reglamentación del “mercado mayorista de energía eléctrica”, la empresa Coca-Cola decidió cerrar su contrato con UTE y firmar uno nuevo con un privado. A partir de ahora, la empresa se abastecerá de energía renovable que proveerá la granja de paneles fotovoltaicos Albisu de Salto, de la compañía Atlántica Sustainable Infrastructure, según informó El Observador.

La presidenta de la compañía estatal, Silvia Emaldi, habló al respecto en una rueda de prensa y aclaró que “no está previsto que aumenten las tarifas” como consecuencia de los posibles impactos de este movimiento. “Lo que sí es cierto es que, como a toda empresa, nunca nos gusta perder clientes”, agregó. No obstante, dijo que UTE está “ganando muchos otros [acreedores] porque el consumo en el país sigue creciendo”. “El crecimiento anual en el consumo en el país es del orden del 2% y estamos en guarismos de entre el 3% y el 5%. Este año proyectamos cerrar con el 5%”, agregó.

“Estamos en este marco de competencia, tratando de llevar, como lo hemos hecho desde siempre, más valor a todos los clientes, a los hogares, a las pequeñas y medianas empresas y también a las grandes empresas que en este caso podrán optar por tener la energía que les disponga un generador privado en un marco que está acotado a unas 60 empresas”, apuntó la jerarca.

Emaldi destacó que además de estar “ganando otros usos”, la compañía estatal está poniendo “un foco muy fuerte en la sustitución de combustibles fósiles”, por ejemplo, con el impulso tecnologías como el aire acondicionado en mayor volumen, las bombas de calor y la movilidad eléctrica. “Creemos que las ofertas de generación que tiene la empresa desde la hidráulica, la térmica, la solar, la eólica y la biomasa garantiza un servicio las 24 horas los 365 días del año”, manifestó.

Asimismo, subrayó que la transmisión y la distribución siguen siendo monopólicas. “Lo que está habilitado desde la ley del marco regulatorio es que la generación ya no es sólo competencia de UTE”, sino también “de otros actores”, aclaró.

La presidenta de UTE también fue consultada por las críticas que generó este decreto, principalmente de la Agrupación de Funcionarios de la UTE y de la directora de la empresa en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, quien, en diálogo con la diaria, dijo que se trata de “una privatización de la empresa pública mucho más solapada que en los 90”. La propuesta también fue cuestionada desde filas oficialistas: el director de UTE en representación de Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, definió el decreto como “privatizador”.

Al respecto, Emaldi dijo que “la privatización se dio en el período anterior, cuando UTE incorporó un 45% de su generación de fuentes privadas, de generadores privados, eólicos, solar y biomasa que se incorporaron entre 2012 y 2018”. En esa línea, consideró que este decreto “abre un nuevo camino para la competencia, en el que hay en el orden de unas 60 empresas que podrán optar si tienen las fuentes suficientes para dar la energía por tener otros generadores privados y no a UTE como proveedor”. “Nosotros seguimos apostando a generar mejores ofertas para todos nuestros clientes y que nos elijan”, concluyó.