La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió días atrás que el pedido de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) al senador Juan Sartori para que presente la declaración jurada de bienes de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, es constitucional.

El legislador del Partido Nacional, que había presentado en octubre del año pasado una acción de inconstitucionalidad ante la exhortación de la Jutep, reiteró en su cuenta de X, ex Twitter, que no obligaría a su esposa, con quien tiene separación de bienes, “a que presente nada”.

Ante la resolución de la SCJ y la respuesta de Sartori, el directorio de la Jutep se reunirá el próximo jueves y resolverá los pasos a seguir. La presidenta del organismo, Gabriela di Longo, habló sobre las posturas que existen en torno a la constitucionalidad o no del tema y precisó que sobre esa discusión tendrá que resolver la Jutep. “Quienes abogan la constitucionalidad entienden que no hay sanción para Sartori por la no presentación de la [declaración de la] cónyuge porque entienden que el artículo 17 cuando habla de sanción refiere sólo al obligado”, sostuvo, en declaraciones a Telemundo.

Por otro lado, “los que abogan la inconstitucionalidad entienden que la declaración jurada, que determina el artículo 12, abarca no sólo la del obligado sino la del cónyuge como una unidad”, precisó, y aclaró que, a su entender, “el artículo es clarísimo de que la declaración jurada es una unidad que abarca la del obligado y la cónyuge”.

Di Longo también se refirió al camino que se deberá recorrer en el caso de que el senador se niegue a presentar la declaración jurada y las posibles sanciones que están previstas. En primer lugar, la Jutep exhortará a Sartori a que presente la información y este tendrá 15 días para hacerlo. En caso de que no lo haga, la Jutep debe informar al Parlamento que el funcionario “cometió una falta grave” e incluirlo “en la lista de omisos que publica la Jutep”, explicó.

Asimismo, sostuvo que la Ley 17.060, que obliga a los funcionarios públicos a presentar la declaración jurada, determina que, en caso de omisión, se les puede retener 50% del sueldo e inhabilitarlos para presentarse a cargos públicos electivos en el siguiente período.

La presidenta de la Jutep respondió a las críticas del senador y sostuvo que “Uruguay está obligado por la firma de muchísimos convenios internacionales a cumplir con toda esa normativa, que va justamente en la mayor transparencia posible”. Agregó que el objetivo de la normativa es “controlar el enriquecimiento ilícito así como también el conflicto de intereses”, y mencionó, a modo de ejemplo, que “la cónyuge puede tener una empresa [en un rubro en el] que el legislador presenta un proyecto de ley que favorece a ese tipo de empresas”.

La visión del oficialismo y la oposición

Tras la sentencia de la SCJ, desde el Frente Amplio opinaron que el legislador nacionalista está “omiso”. La senadora Amanda Della Ventura sostuvo este lunes en una rueda de prensa que “no ayudan demasiado las declaraciones de Sartori en el sentido de que más allá de la disposición no va a cumplir”. “Ya está omiso, tiene que presentarla. En nuestro país rigen determinadas reglas y quien está al amparo de las reglas tiene que cumplirlas”, valoró.

En otra línea, opinó el senador nacionalista Sergio Botana, quien defendió a Sartori y sostuvo que no cree que esté omiso. “En lo sustantivo, nadie puede obligar a otra persona a exponer sus bienes”, acotó, y manifestó que en el fallo de la SCJ algunos ministros plantean que el problema es que Sartori no logró demostrar “que no existen bienes gananciales porque hay separación de bienes”.