La Suprema Corte de Justicia (SCJ) determinó la constitucionalidad de la solicitud que realizó la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) al senador nacionalista Juan Sartori para que presente la declaración jurada de bienes de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, según informó Búsqueda. Sartori había presentado un recurso de inconstitucionalidad en octubre del año pasado, por el que asegura que aunque la norma en la que se apoya el pedido de la Jutep es “legal”, también “contraviene preceptos fundamentales de la Constitución de la República”. Esto fue con base en un estudio que realizaron los constitucionalistas Martín Risso y Carlos Delpiazzo.
Según lo expuesto por la defensa de Sartori, la solicitud “viola el derecho a la privacidad, específicamente a la intimidad, y se contraviene el derecho a la seguridad jurídica”. Asimismo, plantea que “si bien los valores de transparencia, publicidad y combate a la corrupción son más que suficientes para limitar el derecho a la intimidad del funcionario, no lo son para alcanzar, vulnerar, el derecho a la intimidad del cónyuge o concubino”.
En su momento, fuentes allegadas al empresario aseguraron a la diaria que desde la Jutep no tenían “capacidad jurídica” para pedirle a la esposa de Sartori que firmara una declaración jurada, y de hecho, lo consideraban poco probable. Sin embargo, el fallo de la SCJ fue por mayoría: tres de sus cinco integrantes votaron a favor.
Hechos que “deterioran la calidad democrática”
“La integrante del directorio de la Jutep por el Frente Amplio (FA) hace dos sesiones presentó nuevas empresas que tiene Sartori y que no están en su declaración jurada”, contó a la diaria el senador suplente Eduardo Brenta, perteneciente a la Vertiente Artiguista, sector que realizó un pedido de informes sobre las declaraciones juradas del senador nacionalista y su esposa, que impulsó el análisis de la Jutep.
Ahora se confirma que “la declaración de Sartori es incompleta”, como ya se había alertado, y eso “no fue investigado por decisión de la mayoría de la Jutep”, recordó. “Además, afirmamos en aquel momento que la declaración de la cónyuge era obligatoria”, agregó. Ante la decisión de esperar por el fallo de la SCJ a pesar de estas advertencias, Brenta consideró que “hubo un intento de proteger a Sartori”.
“Acá se puede tener mucha plata, pero la ley es pareja para todos”, afirmó el frenteamplista, y lamentó: “Lo grave, más allá del hecho concreto, es que estamos en el cuarto año de gobierno y comenzamos a denunciar esta situación desde el principio de la gestión”. De acuerdo a Brenta, estos hechos “deterioran la calidad democrática”, porque tener “un senador de la República omiso en algo tan delicado como esto es un dato más de la falta de transparencia del gobierno”.