El precandidato presidencial colorado y expresidente de Antel, Gabriel Gurméndez, recordó que esta semana se cumple un año desde que “se cambió el fiscal de la denuncia penal del Antel Arena”. En ese marco, posteó en su cuenta de X que “se venía avanzando muy bien hasta que casualmente se cambia al fiscal y se designa al doctor Alejandro Machado, y no pasa nada en un año”.

“Otras denuncias muy posteriores en el tiempo tienen velocidad de vértigo y con todo tipo de filtraciones”, apuntó en una nota con canal 4, y lo comparó con la agilidad que se le dio a la investigación por la expedición del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo de Interpol y de la Justicia paraguaya.

“Nos hubiera gustado que a esta denuncia, que trata sobre 120 millones de dólares uruguayos, le hubiera dado la misma rapidez y tratamiento que el mismo fiscal les dio a otras de sus causas, como la de Marset. A esta denuncia la tienen dormida, a fuego lento, no pasó casi nada en un año. Ojalá avance”, espetó el colorado.

Este nuevo cuestionamiento al funcionamiento de la Fiscalía determinó una respuesta de la Asociación de Magistrados Fiscales (AMFU). En diálogo con la diaria, el presidente del sindicato, Willian Rosa, indicó que hay que dejar a la Fiscalía que trabaje “en paz”. En ese marco, consideró que hay una “judicialización de la política”, que está en un “entramado llamado lawfare” y que después termina resultando en la “politización de la justicia”.

“Son fenómenos que entran a jugar entre sí cuando a partir de la política hay acusaciones de determinadas cuestiones. Se recurre a la justicia penal, se procura que haya una resolución a favor o en contra dentro de la justicia penal. Y cuando las investigaciones están llevándose o tuviera un resultado equis aparecen actores políticos pidiendo definiciones ya sea a fiscales o jueces: o el fiscal es medio lento, viene medio dormido o actúa a favor de tal partido político”, expresó.

Para Rosa, esto es “moneda corriente” desde 2017, año en que empezó a regir el nuevo Código del Proceso Penal. “Esto es una perla dentro de ese collar en donde hay salidas de funcionarios de relevancia o actores políticos, ya sea precandidatos, políticos... Es larga la lista en donde se busca echar mano a la Fiscalía para decir que empiece a actuar, imputando o archivando o haciendo tal o cual cosa. Esas salidas, cuando se trata de actores de relevancia, no son sanas para el discurrir de la Fiscalía”, reflexionó.

Esto, según agregó, teniendo presente que los plazos de tratamiento de las causas “no dependen del antojo ni de quienes hacen las denuncias ni de quienes son imputados, sino que tiene que ver con el cúmulo de evidencia, desarrollo de las mismas y las proyecciones de las investigaciones” dado que es diferente en cada uno de los casos en que hay intervención.

“Que se deje trabajar a la Fiscalía en paz, no hay que echar mano al Ministerio Público para justificar determinadas cuestiones que es algo que se ha dado en la región. Los ejemplos sobran. También en nuestro país se lo tienen que grabar a fuego quienes tienen responsabilidades o pretensiones de cumplir un rol institucional, ya sea como presidente o legislador, de dejar trabajar a la Fiscalía en paz y no tener estas salidas de pretender que la Fiscalía vaya al ritmo que pretenden los denunciantes o los interesados y no que la Fiscalía vaya al ritmo que corresponde, que es al ritmo que marcan las evidencias”, apuntó.

El caso surgió a raíz de una auditoría externa que se dio bajo la gestión de Gurméndez, que consignó que la construcción del Antel Arena costó 120 millones de dólares. Este número era mayor al que había expresado en su momento la ahora intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse.