Agotadas todas las instancias electorales del año y empezado el proceso de transición entre el gobierno electo y el actual, las miradas comienzan a posarse en las elecciones departamentales que tendrán lugar el 11 de mayo de 2025.

Por un lado, están las posibles candidaturas a las intendencias que comenzarán a definirse en los próximos meses. En el caso del Frente Amplio, el sector Fuerza Renovadora ya definió a Mario Bergara como candidato por Montevideo, mientras que el Partido Nacional confirmará este viernes a Martín Lema.

Pero además de definir la integración de los gobiernos departamentales y municipales, la instancia del año que viene será también una oportunidad para que Cabildo Abierto someta a consulta popular el plebiscito “Contra la usura y por una deuda justa”, promovido por el partido, siempre y cuando las firmas que entregaron en setiembre sean validadas por la Corte Electoral y alcancen el 10% de los habilitados a votar.

Según el reporte diario que hace la Corte Electoral sobre la validación de firmas, hasta ahora, del total de 59.020 firmas analizadas, 47.632 fueron aceptadas (80,7%) y 10.502 rechazadas (17,7%). En total, las firmas validadas alcanzaron el 1,7%, aún lejos del 10% necesario.

Dentro de las rúbricas rechazadas, 8.431 son por firmas no coincidentes con la credencial cívica (80,2%), 1.176 por aparecer la firma más de una vez (11,1%), 444 por estar excluidas (4,2%), 182 canceladas (1,7%), 116 por tener datos incompletos (1,1%), 75 por estar inhabilitados (0,7%) y 14 por ser menores de edad (0,1%).

En Cabildo Abierto (CA) aún no se ha hablado sobre las acciones a tomar en caso de que el número de firmas rechazadas sea alto, según comentó a la diaria el presidente del partido, Ignacio Curbelo. El dirigente recordó que el recuento de firmas “recién ha comenzado hace unos días”. A su vez, faltan cinco meses para las elecciones departamentales.

Sin embargo, Curbelo señaló que en caso de contemplar que las firmas rechazadas “puedan poner en riesgo alcanzar las firmas que se necesitan”, sí intentarían “por todos los medios” la forma de contactar a las personas para que ratifiquen su firma.

No obstante, insistió con que “aún es muy temprano” y esperan que antes de fin de año puedan tomar una decisión, aunque “depende de cómo avanza la validación de firmas”.

Asimismo, Curbelo indicó que de la cantidad de firmas cuentan con “un colchón” de 15%, por lo que seguirán con atención la tendencia en los próximos días. En setiembre, CA entregó 320.000 firmas para habilitar la consulta popular, cuyo número supera por 47.712 adhesiones al 10% necesario para llevarla adelante.

En junio, el PIT-CNT había resuelto contactar a las 30.000 personas que firmaron para habilitar el plebiscito de la seguridad social y que fueron rechazadas por la Corte Electoral por rúbricas no coincidentes con las credenciales cívicas. En su momento, Nathalie Barbé, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, había dicho a la diaria que es “lógico” que existan firmas que no coinciden con la de la credencial por cambios en la firma a lo largo de una vida.

Según dijeron a la diaria fuentes de la Corte Electoral sobre el plebiscito impulsado por Cabildo Abierto, para realizar la ratificación de las firmas no coincidentes, los promotores deben presentar un recurso y la Corte analiza el planteo. A su vez, este planteo se puede hacer cuando de manera oficial se declara que no se alcanzaron las firmas validadas.

Curbelo consideró que para ellos el tema es “fundamental” y fue “eje” de su campaña. “Es una situación que no se puede sostener más. Son unas tasas de usura impresionantes que ahogan al trabajador”, apuntó, y afirmó que esto se trata de una “lucha” y “bandera” del partido. “Vamos a seguir por este camino, y a agotar todos nuestros esfuerzos para poder llegar al número”, finalizó.

La papeleta propone modificar el artículo 52 de la Constitución de la República, que prohíbe la usura, al establecer que la ley defina “el interés máximo por todo concepto, incluido tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier gasto adicional”.