A un mes de la comparecencia del intendente de Río Negro, Omar Lafluf, ante la Junta Departamental, continúan las repercusiones por el sistema de fotomultas que contrató la comuna. Lafluf dijo a la diaria que no se devolverá el dinero a quienes ya pagaron las multas y, en cambio, se perdonará a quienes no abonaron, para así evitar cualquier potencial conflicto con la empresa adjudicataria Teslights.

La Intendencia de Río Negro recibió 18 millones de pesos por las infracciones registradas por los radares de Teslights y no planea indemnizar a quienes ya abonaron, ya que entienden que las acusaciones realizadas sobre el funcionamiento de los dispositivos son infundadas. Así lo confirmó a la diaria Lafluf, quien explicó que una vez que se constataron denuncias vinculadas a una supuesta emisión de multas incorrectas solicitó la asistencia de técnicos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), que le manifestaron que el equipamiento operaba de acuerdo a lo esperado.

Las multas no cobradas se dividen entre 13.476 impagas, que no fueron ingresadas al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), y 10.739 que sí se registraron. La comuna no recaudará 66.521.486 pesos por estas infracciones, según consta en el sitio web de la intendencia.

Según explicó Lafluf, la intendencia no cobrará este dinero, ya que decidió finalizar la licitación acordada con Teslights porque se agotó el “objeto del contrato”, que preveía que la empresa pudiera recibir 12.536.000 pesos a través del cobro parcial de las multas. “Las multas estaban bien cobradas, pero se venció la licitación abreviada y, por lo tanto, doy de baja [las multas que no habían llegado a ser cobradas]”, sintetizó el intendente.

Lafluf también afirmó que la intendencia espera volver a colocar cámaras de control de velocidad en el departamento, aunque esta vez puedan ser menos, algo que había conversado con los representantes de Teslights en otras oportunidades. Tampoco descartó revisar las velocidades que la administración departamental utiliza para efectivizar las multas.

Según dijo, de 62.000 vehículos empadronados en el departamento, una gran parte de ellos tienen “cero multa”, seguidos por una menor proporción de vehículos que no superan las tres multas por año, por lo que, en su opinión, el problema radica en un número reducido de conductores que cuenta con un número excesivo de multas. “Yo estoy seguro que pongo otra vez cámaras y hay gente que va a seguir siendo infractora”, comentó.

Cuestionado sobre la eficacia de las fotomultas como forma de paliar las infracciones, el intendente explicó que hicieron “todo lo que que había que hacer”, a pesar de las dudas surgidas dentro del oficialismo y la oposición. De todas formas, no descartó que sea necesario trabajar en otras áreas complementarias, como la cantidad de inspectores de tránsito disponibles.

También dijo estar dispuesto a dialogar con la Junta Departamental antes de proceder con la instalación del nuevo sistema. “No quiero volver a vivir esto, tampoco. Creo que se salió relativamente bien [de la situación]”, valoró.

Edil frenteamplista mostró reparos ante la posible instalación de nuevo sistema de radares

El exsecretario general de la intendencia y edil por el Frente Amplio (FA) Álvaro Debali consideró en diálogo con la diaria que Lafluf hizo “lo que, en definitiva, tenía que hacer”, al “utilizar sólo el monto de la licitación abreviada” y dejar “caer” al “resto”, si bien cuestionó el hecho de que quienes no abonaron las multas emitidas por el sistema “zafaron”, cuando “los primeros que pagaron” se “embromaron”.

Para el edil, “el tema no murió” y “seguramente tenga algunas derivaciones”, ya que, según reveló, la bancada del FA en la Junta Departamental espera por una serie de pedidos de informes que les permitan precisar una serie de detalles detrás de los hechos, a los que estima podrá acceder en marzo. Sumado a ello, Debali consideró que “falta ver qué va a pasar” con las multas pagas de comprobarse que el equipamiento utilizado ingresó como contrabando, algo que Fiscalía se encuentra investigando luego de que un vecino presentara una denuncia formal.

Consultado sobre el no cobro de aquellas multas que ya fueron pagas, Debali prefirió no emitir una opinión hasta no poseer más información y dijo que “son cosas que hay que ver más adelante”. Sí se refirió, sin embargo, a la intención de Lafluf de llamar a una nueva licitación, y cuestionó la utilidad de las fotomultas, “más allá de que en el país sea un sistema utilizado”. El edil desconoce las razones detrás de la colocación de radares en Young y Fray Bentos, ya que, según acusó, la intendencia no presentó ningún estudio que explique “por qué pusieron la cantidad de cámaras que pusieron en los lugares [donde] las pusieron”.

Según explicó, está recopilando información pública sobre “todos los siniestros que ha habido en el departamento” durante los últimos cinco años, ya que estima que no hay “ninguna relación general” entre “los lugares donde hay siniestros y los lugares donde hay cámaras”. En su opinión, “lo que hay” en aquellos lugares donde la comuna colocó cámaras en el pasado “es tránsito” y, por lo tanto, “posibles infractores”, por lo que acusó al ejecutivo departamental de “generar ingresos” en sitios donde “no había siniestros”.