Propuesta Artiguista le presentó sus ideas a Orsi, que incluyen la creación de un Ministerio de Justicia y una abogacía del Estado

Este miércoles la sede del Frente Amplio (FA) albergó la presentación del documento de trabajo programático de Propuesta Artiguista (PA), un espacio que tiene como columna vertebral a la Vertiente Artiguista pero también reúne a sectores más chicos y a otros frenteamplistas independientes que respaldan la precandidatura del intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Este espacio tiene como referentes a la exfiscal Darviña Viera, el penalista Federico Álvarez Petraglia, el dirigente sindical Fernando Gambera y el actor y director teatral Héctor Guido, entre otros.

En una rueda de prensa luego de la presentación, Orsi señaló que “no sólo hay que pensar” en las críticas al gobierno, sino que “hay que tener la cabeza puesta en el futuro”, más allá de que deba partir, según el precandidato, “de la realidad que tenemos hoy”, que tiene que ver con “quienes son hoy responsables del gobierno”. “También nosotros tomamos mucho de lo que aprendimos en nuestros 15 años, las cosas que salieron bien y otras que deberían salir mejor o que no salieron”, agregó el precandidato.

El documento tiene siete bloques temáticos y se define como “un aporte programático de cara a la campaña hacia octubre”. En diálogo con la diaria, el médico y exsubsecretario de Salud Pública Miguel Fernández Galeano, referente del espacio, sostuvo que estas propuestas se elaboraron “pensando en que una campaña electoral no puede quedar reducida al perfil del candidato”, sino que “hay un tema central, que es lo que, en definitiva, prometés cuando vas a una campaña electoral”.

En la elaboración de estas propuestas participó “gente de distintos perfiles políticos y profesionales” que se encargaron de “pensar una bajada a tierra de las bases programáticas” aprobadas por el FA en su último Congreso, indicó Fernández Galeano. “Lo que tratamos de hacer fue, a la luz de las bases programáticas, revisar los pendientes” que quedaron de los tres gobiernos frenteamplistas, y con base en esto “mirar para adelante” y “pasar de la formulación general a la formulación particular”, señaló.

En el primer eje se marca la importancia de “asumir la revolución tecnológica en el trabajo y las relaciones laborales”, y, para eso, entre varias iniciativas, Propuesta Artiguista reafirma “el compromiso de llegar al 1% del PIB para I+D [investigación y desarrollo] a mediano plazo” mediante la consolidación de “incrementos porcentuales anuales, por ejemplo, del 0,1%”.

Más adelante, el documento se enfoca en las empresas públicas, de las que señala que “no necesariamente deben ser concebidas como ‘unidades de negocio'” que se gestionan “en forma aislada a los intereses generales y al papel que se les asigne desde el gobierno”. A nivel general, se proponen “mejoras salariales de los trabajadores/as de las empresas públicas” y revisar el rol de las unidades reguladoras para “reestudiar su necesidad y analizar si algunas funciones asignadas las pueden cumplir otros organismos”.

Uno de los puntos fuertes del documento está en el apartado sobre seguridad y convivencia ciudadana, donde, entre varios puntos, se propone reforzar la Policía Comunitaria Orientada a Problemas y cambiar la gobernanza de la Policía Nacional para generar “una institución policial con mandos profesionales, elegidos por sus capacidades y experiencia, bajo el mando superior de autoridades civiles”. También se plantea crear un “gabinete de seguridad” para coordinar estas políticas junto a instituciones relacionadas, actores del sistema político, la academia y la sociedad civil.

Por otro lado, se propone crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y trasladar el Instituto Nacional de Rehabilitación a su órbita, con el fin de “fortalecer la libertad asistida” y generar “programas de trato y tratamiento para personas privadas de libertad”.

También plantean revisar la ley de urgente consideración, “que favorece las transacciones financieras de altos montos en efectivo sin controles”, fortalecer los organismos que combaten el lavado de activos y crear una “abogacía del Estado, que asumirá todas las funciones jurídicas en aquellos procesos donde el Estado es actor o demandado”.

Salud, vivienda y género

El otro eje fuerte del texto se titula “Reimpulsar el Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS] para todas y todos”. Allí se hace hincapié en “revisar el financiamiento de un subsector privado que amenaza la sostenibilidad del SNIS, previniendo nuevos cierres de instituciones y servicios”, para lo que promueven una “integración y complementación regulada y equitativa de los servicios de salud públicos y privados”, así como “actualizar modelos y programas de atención y cuidados” mediante el fortalecimiento “del liderazgo de ASSE”.

Otro de los puntos dentro de este eje implica “redefinir el rol del Hospital de Clínicas” como una referencia “no sólo en la generación de conocimiento y especialidades, sino también en la incorporación de tecnologías de alto costo en el SNIS, así como avanzar hacia su integración” al sistema.

En el apartado de educación, las propuestas se pueden resumir en “recuperar la autonomía de la ANEP”, así como “potenciar” tanto la formación docente como la Universidad de la República y “cuidar el clima institucional”.

En materia de vivienda, PA elige recorrer el camino de “mejorar el stock” y “superar” la “precariedad habitacional” por medio del “realojo, mejora de la vivienda, mejora urbanística del entorno y la regularización de la tenencia” de viviendas, así como impulsar el cooperativismo, las viviendas de Mevir en el ámbito rural y la “promoción e inversión privada, con la Vivienda Promovida como factor dinamizador”, todo “desde la mirada del Derecho a la Ciudad”.

Entre los varios puntos que componen el eje de género, se propone “declarar emergencia nacional por los femicidios, las violencias hacia las mujeres y disidencias, las infancias, adolescencias” y articular así “respuestas reales desde las políticas públicas, con un enfoque transversal”, así como “instalar y ampliar dispositivos de apoyo y acompañamiento a las personas en el acceso a la Justicia”. Por último, se propone “la obligatoriedad de integrar la perspectiva de género y diversidad en el sistema educativo”.