Este jueves venció el plazo que otorga la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) a las radios comunitarias con personería jurídica para presentar su declaración jurada anual. Sin embargo, hasta el martes pasado por la tarde, sólo cinco de las 70 emisoras obligadas a hacerlo habían completado el trámite, declaró a Búsqueda el director de la Ursec en representación del Frente Amplio, Pablo Siris.

Esta obligación responde a una resolución de la Ursec del 8 de junio del año pasado, que determinó que las asociaciones civiles sin fines de lucro titulares de estaciones de radiodifusión deberán presentar anualmente la declaración jurada con información sobre sus ingresos y egresos, copia de la planilla de trabajadores y datos genéricos del titular, directivos titulares y suplentes. Asimismo, establece que el trámite deberá realizarse en línea dentro de los primeros 60 días “corridos posteriores al cierre del ejercicio civil”.

Por otra parte, señala que la no presentación de la declaración jurada en tiempo y forma “configura un incumplimiento a la normativa vigente y dará lugar a imposición de sanción que pueda corresponder”.

Frente a esta situación, la filial uruguaya de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc Uruguay) emitió un comunicado en el que denuncia que “el gobierno tiene un trato discriminatorio hacia las radios comunitarias” porque no aplica estas auditorías a “todos los titulares de servicio de comunicación audiovisual”, cuando debería hacerlo para cumplir con la normativa vigente: ley de radiodifusión comunitaria y ley de medios.

La asociación afirma que la Ursec aprobó el trámite y lo notificó “sólo dos meses antes del vencimiento” y “sin una capacitación para su realización”. En esa línea, considera que el organismo parece tener “una intencionalidad sancionatoria por incumplimiento, más que una intención real de controlar a los medios”.

“Cuando hay un trato tan discriminatorio hacia el sector más débil y, por otra parte, se permite mayor concentración de medios, se lesiona gravemente los derechos de libertad de expresión y comunicación de la sociedad y de las comunidades, los derechos a difundir y acceder a información”, agrega el texto. Y concluye: “Este accionar es más grave aún cuando se lleva adelante en un año electoral y de iniciativas populares, sabiendo lo que cada medio significa para la calidad del debate de ideas en la sociedad”.