El diputado colorado Ope Pasquet se refirió a la firma de un memorándum de entendimiento entre el gobierno y la empresa HIF Gobal para la construcción de una planta de hidrógeno verde y energías renovables en Paysandú, que implicaría una inversión de 6.000 millones de dólares. “Bienvenida la oportunidad, pero cuidado: que no sea otro contrato negociado en secreto, como lo fueron otros”, escribió Pasquet en su cuenta de X.

En otra publicación mencionó, a modo de ejemplo, los acuerdos del Ejecutivo con la empresa forestal-industrial Montes del Plata, la segunda planta de la empresa finlandesa de producción de celulosa UPM, “Ancap/PetroEcuador/Trafigura” y con la empresa belga portuaria Katoen Natie. “Antes de obligar al país por un lapso que seguramente excederá al del actual período de gobierno, se deberá informar al Parlamento; por lo menos de lo sustancial del acuerdo”, agregó.

Pasquet no es el único que ha cuestionado los contratos del Estado que trascienden un período de gobierno. De hecho, Cabildo Abierto (CA) presentó en octubre de 2022 un proyecto de ley para regular este tipo de acuerdos. En aquella oportunidad, el senador de CA Guido Manini Ríos se refirió a las concesiones que se le dieron a UPM, al acuerdo con Katoen Natie, así como al caso de las zonas francas y aeropuertos. El proyecto no tuvo tratamiento parlamentario.