En las últimas horas, el Frente Amplio (FA) resolvió llamar al Parlamento al titular del Ministerio del Interior (MI), Nicolás Martinelli, a raíz de lo informado por el periodista Eduardo Preve en la radio M24, este martes, con referencia a que la Dirección de Investigaciones de la Policía “investiga” sus fuentes por publicaciones sobre El Guardián y otros casos de Inteligencia, y que “Martinelli está en conocimiento” de la investigación desde noviembre de 2023.
El diputado del FA Mariano Tucci subrayó en rueda de prensa que quieren conocer “la veracidad” de lo denunciado por Preve. “No queremos que se naturalice lo que ha sucedido en el pasado, donde se persigue y se hacen fichas con fines extorsivos a legisladores nacionales; mucho menos queremos que a esa situación se sume la posibilidad de que se persigan periodistas”, sostuvo.
Así las cosas, el FA convocará a Martinelli a la comisión bicameral de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado “para que ofrezca información al respecto de lo que ha trascendido”. “Puede ser razonable que el MI investigue a funcionarios que filtran información reservada, no así que investigue a ciudadanos, mucho menos a ciudadanos que ejercen el periodismo”, profundizó Tucci.
Tucci destacó que, de constatarse la veracidad de la información, “es muy grave que en Uruguay se estén utilizando los instrumentos del Estado para perseguir y conocer los datos profesionales y personales de un periodista”. Subrayó que lo denunciado por Preve es que en la investigación se manejan “datos personales vinculados a su documento de identidad y número de teléfono”. Por último, el diputado dijo que esto podría violar la ley de inteligencia (19.696) y que “seguramente también se esté violentando algún artículo del Código Penal”.
Por su parte, el diputado blanco Sebastián Andújar, que integra la Comisión de Inteligencia de la cámara baja, dijo a la diaria que si el Poder Legislativo “quiere actuar o informarse de primera fuente, tiene todo el derecho, y la utilización de la herramienta está para eso”, por lo tanto, no se negaría a que se cite a cualquier autoridad para poder informar sobre el tema. “No puedo hacer una evaluación sobre si es de recibo o no porque todavía no conozco el caso”, acotó.
El diputado subrayó que primero hay que escuchar a las autoridades en cuanto a “si esto es por protección o simplemente por un hecho de investigación”. “Pero todo preocupa, porque todos somos ciudadanos y todos tenemos nuestros derechos y privacidad, y tenemos la ley para que nos ampare. Lo que esté dentro de ella hay que respetarlo y lo que esté fuera de ella hay que hacerlo notar y que se corrija”, finalizó.
Consultado sobre el tema por el periodista Leonardo Sarro, el exministro del Interior y actual senador nacionalista Luis Alberto Heber sostuvo que “si hay una filtración en El Guardián lo lógico es que el MI investigue de qué se trata; cómo puede ser que un arma tan poderosa como intervenir conversaciones privadas pueda salir públicamente”. “Eso no es contra Preve, sino contra El Guardián, porque no puede haber filtraciones. Todo es para dar garantías en el proceso, para que no haya conversaciones de investigaciones en forma pública. Esto se ha tomado contra Preve; yo conozco al ministro del Interior y estoy seguro de que no está investigando a periodistas”, finalizó.
APU condena “las acciones de vigilancia y espionaje” y exigirá explicaciones a Martinelli
A todo esto, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado en el que expresó “su más enfática condena a las acciones de vigilancia y espionaje realizadas por funcionarios del MI en perjuicio del periodista Preve, sin conocimiento del Ministerio Público y el Poder Judicial”. El gremio agregó que exigirá “las explicaciones del caso” a Martinelli.
Para el Consejo Directivo Central de APU, “es prioritario y fundamental despejar todas las interrogantes que se plantean a partir de esta gravísima denuncia realizada por el colega, por sus inocultables y preocupantes consecuencias sobre la calidad democrática del país”.
“El seguimiento, la pesquisa, el espionaje o cualquier otra forma de presión o intento de amedrentamiento de un trabajador de los medios de comunicación es no sólo una afrenta grave a la libertad de expresión, sino un peligrosísimo síntoma de debilitamiento de valores democráticos fundamentales”, se agregó en el comunicado.
Por último, APU “exige a los poderes públicos, a las autoridades y a todos los integrantes del estamento político trabajar para esclarecer estos hechos, y, lo que es aún más importante, disponer las acciones y controles pertinentes para que no se repitan”.