Además de resaltar las políticas implementadas en materia de vivienda durante su discurso ante la Asamblea General, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que se llevó a cabo una licitación de 500 viviendas para construir “en distintos lugares del país y solucionar el tema de los asentamientos”. La adjudicación fue objeto de cuestionamientos por parte del director por la oposición de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Alfredo Asti, quien advirtió que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) adquirió las construcciones sin saber cuál será su destino final.

Las viviendas fueron licitadas por el MVOT por intermedio de la CND, en el marco del Plan Avanzar, y las adjudicatarias fueron Impacto Construcciones y un consorcio integrado por Ciemsa, Saceem, Teyma y Schmidt. Según el pliego de condiciones, del total de viviendas, 60% deberán ser de dos dormitorios y las restantes de tres. Además, se apunta que la empresa deberá realizar el proyecto ejecutivo y las tareas complementarias para la adecuación del predio donde se hará el “montaje” de las viviendas. Asimismo, el documento aclara que el o los predios serán definidos e informados oportunamente por la contratante.

La licitación se aprobó en la CND, pero contó con el voto discorde de Asti, quien dijo a la diaria que desde un “primer momento” fue una propuesta “confusa” porque se trataba de una licitación por 500 viviendas para instalar en distintos inmuebles que “ni siquiera han sido comprados”. “Se construyen viviendas con determinado sistema constructivo que debe ser aprobado por el MVOT, y se cotizan por metro cuadrado, que adicionalmente también puede ser por metro lineal o cúbico y kilómetros, todas las instalaciones que va a haber que hacer para instalar esas viviendas en terrenos que no se conoce cuáles son”, indicó.

El representante por el Frente Amplio en la CND votó en contra porque considera que es “ineficiente y más caro” construir viviendas prefabricadas “sin conocer los terrenos en los que se van a instalar”. “Sobre la fecha de la licitación también aparecen problemas de capacidad de ejecución de algunas empresas, lo que complejizó aún más la licitación”, agregó.

En el ámbito privado, Asti se desempeñó en el asesoramiento, gerenciamiento en administración y finanzas y director en varias empresas y consorcios de origen nacional e internacional fundamentalmente en el área de infraestructura. Con base en su experiencia, señaló que cuando hay “incertidumbre” sobre “algunas cosas”, las empresas “no tienen más remedio que cubrirse”.

“Si voy a tener que hacer excavaciones para hacer un tendido de agua, luz o saneamiento y no sé qué terreno va a ser, voy a cotizar el terreno más difícil posible, con rocas, con agua, lógicamente. Si voy a cotizar flete para llevar la vivienda, voy a ponerte en las peores condiciones, y así puedo seguir con cantidad de ítems en los cuales, al no conocer el terreno, las empresas se tienen que cubrir y tienen que poner los precios”, ejemplificó, y señaló que, por estas razones, “no es la mejor solución”.

Hackenbruch: un mecanismo “novedoso”

Por su parte, el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, señaló a la diaria que lo “principal” es que el sistema sea “rápido” porque “indudablemente en este gobierno lo que hemos intentado, sin perder calidad constructiva ni las prestaciones que debe tener toda vivienda digna, es abaratar y bajar los tiempos de construcción”.

En ese sentido, recordó que “habitualmente” cualquier proceso de integración de asentamientos dura, en general, entre cinco y 12 años. “Dentro de ese proceso de baja de costos y mejor manejo de los recursos está esta experiencia de licitación de la CND de 500 viviendas, que lo novedoso [que tiene] es que la implantación puede ser en cualquier parte del país”, resaltó.

A pesar de los cuestionamientos, el jerarca defendió la compra y dijo que es la “primera vez” que se utiliza este tipo de herramienta. “Es comprar viviendas al ‘por mayor’, sin lugar físico”, explicó, y agregó que “por eso tienen que ser sistemas constructivos que permitan cierta adaptabilidad dependiendo de la caída del terreno de la zona”.

Según dijo, se trata de “una experiencia nueva que se suma a lo que ya estaba previsto para poder, de alguna forma, achicar los tiempos y manejar los recursos de la forma más eficiente”. En ese sentido, sostuvo que las entregas son “por etapas” y dijo que espera que sea una experiencia “positiva” para “dejar una herramienta nueva” que pueda ser también utilizada por el próximo gobierno.

A modo de balance, Hackenbruch dijo que si “todo camina bien”, al culminar este período se intervendrán cerca de 120 asentamientos, con una inversión cercana a los 500 millones de dólares. “Lo que preocupa, además de llegar a tiempo para lo planificado, son los 500 [asentamientos] que todavía no se han podido intervenir”, dijo, y agregó que, por ese motivo, es necesario ir creando “herramientas novedosas que puedan permitir lograr que los tiempos del Estado sean más cercanos a los tiempos de la gente”.