“Se define como negacionismo la negación de hechos respaldados por la evidencia científica con la finalidad de influir en la opinión pública”, reza el primer artículo de un proyecto de ley que ingresó este miércoles a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, de la mano del Frente Amplio (FA).

El proyecto busca sancionar “cualquier declaración o manifestación pública que niegue, justifique o minimice las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973” y en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, es decir, la última dictadura cívico-militar.

Para quienes incurran en este tipo de manifestación, el proyecto prevé que deberán “corregir el sentido de sus afirmaciones, retractándose en el mismo espacio público en que hayan sido vertidas”, y reivindicar “el valor de la información recabada científicamente y reparando el daño a la memoria histórica de las víctimas de dichos crímenes”. De no hacerlo, la persona “será castigada con siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario, abocado específicamente a tareas de señalización, reparación y mantenimiento en Sitios de Memoria Histórica”, marca el cuarto y último artículo del proyecto.

La diputada frenteamplista Micaela Melgar, autora del proyecto, dijo a la diaria que “el pacto democrático de todos los partidos” es “un asunto de todo el Estado” y empieza “por no aceptar que busquen cambiar la historia, que busquen instalar relatos que son, en muchos casos, el relato de la dictadura”. “Esto es algo comprobado históricamente, no pasa por interpretaciones, por visiones o por relatos”, continuó Melgar, y afirmó que hay una “verdad” que ha sido “comprobada por la historia, con toda la disciplina científica que eso implica”. Por lo tanto, “negar lo que pasó es un ataque a la democracia”, remarcó.

“Lo que vivió el país, lo que vivieron las uruguayas y uruguayos durante el período del terrorismo de Estado, que empezó antes del golpe de Estado de junio [de 1973], está comprobado históricamente” y, en este sentido, “relativizar la historia o buscar reescribirla es también negarla, y eso es seguir atacando a las víctimas como individuos”, enfatizó Melgar.

Al mismo tiempo, la legisladora subrayó que se vuelve “muy difícil sostener discursivamente la calidad democrática de Uruguay” cuando “hay integrantes de la coalición de gobierno” que “intentan colocar a los genocidas o los golpistas como víctimas” y desde “la reforma educativa” se quiere “reinterpretar la historia de cómo llegamos a un golpe de Estado, qué pasó y qué vivió el país durante la dictadura”, afirmó en referencia a los cambios que introdujeron las autoridades educativas al programa de Historia de bachillerato en torno al concepto de terrorismo de Estado.

También señaló que “directamente se ha justificado que acribillaran a tres muchachas, como lamentablemente escuchamos decir a un senador”, ejemplificó Melgar, en alusión a la negativa de Cabildo Abierto a homenajear a las “muchachas de abril” y a las declaraciones del senador Guillermo Domenech respecto del acto de reconocimiento que hizo el Estado.

A nivel internacional hay legislación similar. Por ejemplo, Alemania tiene leyes contra la negación del Holocausto o la apología del nazismo, que Melgar calificó como “mucho más duras” de lo que plantea su proyecto.

“Inconstitucional” y “una aberración”

El diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía, que integra la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, dijo a la diaria –con la aclaración de que no leyó el proyecto todavía– que si bien no pone “en duda” que haya existido el terrorismo de Estado, en cualquier caso, sería “un obstruccionismo por parte del Estado repartir responsabilidad penal por tener un juicio sobre acontecimientos históricos”.

“Sancionar la no creencia en acontecimientos históricos es una barbaridad, porque no dejás lugar a la mirada crítica”, sostuvo Zubía, bajo el argumento de que “todo lo que sea penalizar interpretaciones históricas” le parece “una aberración”.

En tanto, el diputado Eduardo Lust dijo en diálogo con la diaria que es un proyecto “inconstitucional” porque “viola el artículo 29 de la Constitución, que dice que es absolutamente libre la expresión del pensamiento, siempre y cuando por expresar el pensamiento no se cometa un delito”.

Lust comparó este intento de legislación con “proyectos de la Unión Soviética”, donde “los rusos le daban un contenido a la palabra que no era el contenido natural de diccionario”, y aquí “el negacionismo es el que niega la realidad”; en cambio, en el texto propuesto “dicen que se define como el que niega la evidencia científica”, y en este sentido de “las palabras” se quiere “afirmar que en 1968 había una dictadura”, cuando “para mí hasta junio de 1973 hubo una democracia”.

“Yo esto no lo acompaño ni obligado”, sentenció Lust, que, más allá de “un tema jurídico”, dijo que no lo hará “por un tema filosófico, porque yo amo la libertad, ellos no”, y porque a su entender “esto viola los derechos humanos, porque prohíbe a la gente pensar lo que quiera”.