El 14 de mayo el precandidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi publicó en su cuenta de X las primeras fotos de su equipo de asesores en materia de seguridad. Cuatro imágenes en las que se veía, alrededor de una mesa, al exdirector de Convivencia del Ministerio del Interior Gustavo Leal, al exdirector de la Policía Nacional Mario Layera y al expresidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Juan Faroppa, entre otros exjerarcas asociados a los gobiernos frenteamplistas. Fue, además de la reunión que mantuvo con los cabezas de lista de los sectores que lo respaldan, la primera vez que el precandidato dio una señal de cómo están compuestos sus equipos.

La tesitura en el equipo de asesores es no adelantar propuestas concretas, porque “el horizonte es junio”, dijo una fuente a la diaria. Es decir, la publicidad de los contenidos en los que se trabaja en esta área está atada a cómo le vaya a Orsi en las elecciones internas del 30 de junio, porque el momento en que se conozcan el ganador y la fórmula será el indicado para tomar las bases programáticas del FA y bajarlas a un plan de gobierno.

Según pudo saber la diaria, el grupo trabaja en la elaboración de documentos en torno a tres ejes: lo institucional, lo preventivo y lo normativo, con base en las bases que aprobó el FA en su Congreso de diciembre. En las discusiones en torno a la parte normativa preocupa, por ejemplo, la cantidad de mujeres presas por microtráfico y se piensa en un abordaje para atender esta problemática, lo que implicaría modificar las disposiciones impuestas por la ley de urgente consideración. También, sostuvo una fuente del grupo de trabajo, se evalúan medidas de prevención y “control penal” para evitar que se den las condiciones para que se genere “más violencia y delito”.

También está sobre la mesa –y es algo que “se discute”– la posibilidad de un reordenamiento de las penas, una propuesta que ha hecho el senador Mario Bergara, pero que en el equipo de Orsi entienden que partiría de “un acuerdo político fuerte” para definir cómo se miden los delitos con “los estándares culturales de hoy”.

Gabriela Valverde, integrante del equipo de Orsi y exfuncionaria del Ministerio del Interior, señaló a la diaria que en materia institucional se piensa mucho en función de las bases programáticas y las 30 acciones prioritarias que marcó el FA de cara a la campaña, y, en este sentido, en “continuar con el fortalecimiento institucional de la institución policial”. Esto implica actuar “en lo salarial y en la formación”, además de en una preocupación concreta: atacar “la tasa de suicidios en la Policía”.

“Hay un área de formación que tiene que ver con la investigación, que hay que profundizar muchísimo”, agregó Valverde. Señaló que además es necesario “retomar lo que habíamos iniciado en cuanto a las condiciones objetivas de trabajo de la Policía: el tema de los horarios, la distancia entre la unidad donde reviste y su domicilio, y lo salarial”. No obstante, rehusó hablar de números en el entendido de que “es poco responsable decir que se va a aumentar el salario, porque tiene que ver con un margen fiscal”.

Gil Iribarne y la necesidad de “recomponer equipos” y “fijarse objetivos”

Otro tema que maneja el equipo involucra lo normativo pero también a las otras dos aristas del trabajo en seguridad y convivencia: el lavado de activos y la transparencia. Otro de los asesores de Orsi, el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne, participó este miércoles en una actividad organizada por el Espacio 609, en la que aclaró que este tema “no es el ombligo del mundo” pero sí “es importante”.

“En Uruguay se lava plata; no me importa cómo estamos en el ranking mundial porque no es un campeonato de fútbol”, sentenció al comienzo de la charla, y fundamentó su afirmación con estadísticas: “En 2005 Uruguay tenía hace siete años tipificado el delito, no había nadie preso por lavado; en 2009 teníamos 33 procesados; en 2019, en la siguiente evaluación, teníamos 50 personas condenadas por lavado”, señaló, y marcó que “en los últimos cuatro años, según la evaluación nacional de riesgo oficial de este gobierno”, hay “seis sentencias y todo es chiquitaje”.

“Lo que para nosotros es importante, que es visualizar el lavado como un delito de los poderosos, se ha venido abajo”, consideró Gil Iribarne, porque “no hay resultados en calidad ni en cantidad, y es consecuencia de esa visión de que acá en realidad no hay tanto problema”, valoró. El asesor, que también es expresidente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, aseguró –como segundo fundamento– que “el lavado es la expresión del crimen organizado”.

Lo primero que marcó el exjerarca de la Jutep como una “obligación” es “mostrar que esa plata que se mueve viene del delito y reproduce el delito”. Por otro lado, respecto de “lo que hay que hacer”, marcó: “Si queremos hacer todo, no hacemos nada”. En ese sentido, dijo que lo que hay que hacer es “recomponer equipos” y “fijarse objetivos”, porque “la coordinación sólo funciona cuando hay confianza”, y “por ahí viene hoy la salida”.