El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica cuatro artículos de la ley de violencia de género (19.580) recién ingresó oficialmente a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Cámara de Senadores y ya provocó reacciones varias. Por ejemplo, algunos legisladores oficialistas plantearon reparos a la iniciativa, tanto por el contenido como por el momento elegido para tratar el tema, y la vicepresidenta, Beatriz Argimón, también consideró que el proyecto debe ser ajustado. En este marco, la diaria consultó a la senadora del Frente Amplio Silvia Nane, que integra dicha comisión, para conocer su opinión sobre el proyecto.

Nane dijo que “en medio de un escándalo institucional, el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley que sabe que va a provocar una reacción social importante”, en referencia a la renuncia del presidente del directorio de Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, quien “renunció porque salió a la luz que presionó a la Fiscalía para favorecer la investigación contra un senador de su propio partido [Gustavo Penadés] por casos de explotación sexual infantil”.

En cuanto a las modificaciones planteadas, Nane sostuvo que están basadas en “un problema que identifica el gobierno, que son las denuncias falsas”, que “no tienen sustento en datos, ya que no hay una estimación de cuántos son los casos a los que refiere”. Agregó que, sin embargo, esta ley “en los hechos no se ha podido aplicar porque no han puesto presupuesto ni voluntad política para su completa implementación”. Por ejemplo, “no hay Juzgados multimateria, a nivel procesal, está la dificultad para citar a audiencia por la cantidad de denuncias” y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) “no ha cumplido con la mayoría de los cometidos que se le atribuyen en el artículo 11”.

“Siguiendo el razonamiento, en el entendido de que existen denuncias falsas –un supuesto, porque no tenemos estadísticas que respalden el dato–, ¿por qué no reforzar los recursos asignados a la Fiscalía para que se investigue el delito que ya está tipificado?”, preguntó Nane. La senadora subrayó que “hoy el problema real es que en 2023 se registraron 43.245 denuncias de violencia doméstica”, y tienen el dato de que “en el 60% de los femicidios no hubo denuncia previa”. Por lo tanto, “en el 40% de los femicidios sí hubo una denuncia previa”, entonces, la conclusión es que “el sistema falla”.

“En este contexto, ¿el gesto del gobierno no debería ser otro?¿No debería darse el gesto de redoblar los esfuerzos, incentivar a que las personas denuncien? Porque esta es la única vía por la cual el Estado toma conocimiento y puede intervenir. Si no se denuncia, no se puede intervenir”, subrayó.

En consecuencia, para Nane, “evidentemente, el problema no está en la ley”, sino “en el hecho de que no hemos podido elaborar políticas públicas que contengan la acuciante situación de desamparo en la que se encuentran las mujeres a la hora de enfrentar este flagelo”.

“La Ley 19.580 no ha sido aplicada por falta de recursos, como lo ha denunciado todo el sistema de justicia. Esto perjudica directamente a las víctimas y también a los denunciados en cada proceso, ya que no existen los recursos necesarios para que tengan una correcta atención, principalmente jurídica, porque la defensoría de oficio no da abasto”, finalizó.