El sistema penitenciario está en una “situación límite y explosiva”. Esa es una de las conclusiones a las que arribó la mesa interinstitucional liderada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, luego de un trabajo de varios meses en consulta con diferentes actores vinculados a la problemática carcelaria.

El grupo se creó tras el incendio intencional, en diciembre del año pasado, en el módulo 4 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar), que tuvo como resultado la muerte de seis personas privadas de libertad.

El documento divulgado este jueves señala que a ese escenario se llegó luego de un proceso de varias décadas en los que, “salvo en momentos específicos”, no hubo acuerdos institucionales ni políticos para atacar la problemática. Se menciona el Plan de Reforma Penitenciaria, de 2010, y el Plan de Dignidad, de 2020, como destaques de programas con “perspectiva de derechos humanos”.

En las conclusiones del documento se puntualiza una serie de “pautas para avanzar”. En el primer punto se señala la conformación de un “plan de modernización” que contenga “recursos suficientes” con el objetivo de generar una reestructura “modernizadora” del sistema penitenciario, haciendo foco en el hacinamiento, en generar políticas de rehabilitación y en mejorar el sistema en su conjunto.

En ese sentido, se delinea la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), dotándolo de autonomía y generando un “nuevo formato de gestión y dirección política”, para que obtenga una “voz fuerte” dentro de la administración. En el documento también se señala la importancia de generar mecanismos para asistir a los presos en sus vínculos familiares, con el objetivo de mejorar la reinserción. Con ese mismo fin, plantean fortalecer las “relaciones prosociales”.

Solicitan fortalecer el sistema de defensa pública, impulsar un programa nacional de atención al consumo de sustancias dentro de las cárceles y un programa de salud mental, universalizar el sistema educativo e implementar un programa de alfabetización.

Se plantea también asumir que el proceso de rehabilitación debe tomarse “desde el inicio mismo de la sanción penal”, construyendo un trabajo para conectar a los presos al Ministerio de Desarrollo Social, así como a empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Otro de los puntos busca atender la situación de los niños con padres, madres o referentes en prisión, impulsando políticas específicas de atención.