Hace casi dos meses, Nery de Moura, un funcionario de carrera de más de 30 años de la Junta Departamental de Cerro Largo, fue destituido como secretario general del legislativo departamental en una votación apretada, luego de dos años de investigación administrativa. Al funcionario se lo acusaba de ignorar denuncias presentadas por otra trabajadora por acoso laboral. En estos días, el órgano se disponía a votar el llamado para cubrir esa vacante, pero la difusión de las bases despertó la polémica entre las bancadas, por lo cual la votación fue postergada. 

Desde el Frente Amplio (FA), se acusó a los nacionalistas de generar bases “a dedo” para adjudicar la vacante a una persona específica, luego de que el medio local Cerro Largo Portal divulgara la información. Los ediles frenteamplistas consultados por la diaria señalan que estas bases están “flechadas” y “hechas a medida” para funcionarios específicos de la Junta y que se busca convertir un “puesto de carrera” en uno “político”. Desde el Partido Nacional, en tanto, se señala que lo divulgado “no era oficial”.

Las bases, a las que accedió la diaria, fueron elaboradas por la Comisión de Asuntos Internos de la Junta y establecían un llamado exclusivo para los funcionarios presupuestados de ese órgano. Entre los requisitos excluyentes, se apuntaba que, además de ser funcionario, se debía contar con secundaria completa. Entre los obligatorios, se detallaba: “Tener tres años de experiencia acreditada en Gestión de Recursos Humanos y/o Desarrollo Organizacional” y un mínimo de tres años de experiencia supervisando o liderando equipos de trabajo en “tareas clave para el cargo en el sector público”. También se exigía formación en gestión de recursos humanos. 

Según comentaron desde el FA, hay tres funcionarios que cumplirían con los requisitos, pero, extraoficialmente, se había manejado que no participarían del llamado. Esto fue visto por los frenteamplistas como una “jugada” política, en el entendido de que, si el llamado resulta vacante, se podrá llenar el puesto con un cargo de confianza. “Parecería que van a dejar desierto el llamado para darle el cargo a alguien de confianza”, especificó el edil frenteamplista Pablo Guarino.

Desde el Partido Nacional, explicaron a la diaria que las bases del llamado no fueron aprobadas oficialmente y que con la divulgación de esta información se buscó generar un “hecho político”. “Se está trabajando en la elaboración de las bases, podrían quedar prontas para mañana o para dentro de un mes”, dijo a la diaria Maximiliano Abraham, presidente de la Junta Departamental.  Abraham señaló también que algunos legisladores del FA plantearon “ampliar los requisitos” para “que participaran algunas personas”. “No se puede elaborar un concurso a dedo para una persona en particular”, cuestionó. El legislador especificó que el tema no fue tratado oficialmente y confirmó que los tres funcionarios “manifestaron que no les interesaría el cargo”. De todos modos, remarcó que “toda la noticia que surgió es pura informalidad”. “Se quiere armar un hecho político”, dijo. 

Otros legisladores nacionalistas del departamento consultados por la diaria no tenían conocimiento de que las bases ya habían sido elaboradas, por lo que la votación de los lineamientos –previstos para este jueves 4– estuvo en suspenso hasta el miércoles por la noche. Este jueves, la diaria supo que la bancada nacionalista decidió no ingresar el asunto a sala y no plantearon una fecha concreta para su tratamiento. En las bases se establecía que el concurso debía tener lugar el próximo 5 de agosto. 

Según se informó en su momento, el exsecretario de la Junta fue destituido por una “falta gravísima”. Si bien el sumario y la sesión en la que se lo expulsó fue secreta, se pudo conocer que el funcionario no habría tomado ninguna acción ante denuncias de acoso y agresión verbal de parte de un funcionario a otra trabajadora. De Moura era funcionario de la Junta desde el retorno de la democracia y cobraba un salario cercano a los 250.000 pesos. Las fuentes consultadas señalaron que esa remuneración es “casi igual” al salario del intendente. 

La votación en la que se lo destituyó terminó 16 a 14 y fue “larga”, según se supo. El funcionario estuvo seis meses en sumario administrativo mientras duró la investigación, que se postergó y terminó llevando casi dos años, dijeron a la diaria.