Las elecciones en Venezuela que culminaron con la reelección de Nicolás Maduro fueron cuestionadas por países como Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá y República Dominicana por cómo se llevaron a cabo los comicios y la veracidad de los resultados.

En respuesta, el gobierno venezolano expresó “su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional”, y decidió retirar “a todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay”, a la vez que exigió a los gobiernos de esos países “el retiro inmediato de sus representantes en territorio venezolano”.

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación”, manifestó en el comunicado.

La misiva concluye que “el Gobierno Bolivariano enfrenta todas las acciones que atenten contra el clima de paz y la convivencia que tantos esfuerzos han demandado del pueblo venezolano”, y que, en ese sentido, es contrario “a todos los pronunciamientos injerencistas y de asedio con los que, en forma reiterada, se intenta desconocer la voluntad del Pueblo Venezolano”.

La embajadora de Uruguay en Venezuela es Silvana Montes de Oca, una funcionaria de carrera en la cancillería que fue designada luego de la renuncia de Eber da Rosa.